Consenso para que los ciudadanos con subsidios inferiores a 426 euros puedan complementar sus ingresos con la Renta Garantizada

Los tres grupos con representación en las Cortes de Castilla y León --PP, PSOE y Grupo Mixto-- han aprobado este viernes una Proposición de Ley para modificar el Decreto que regula el acceso a la Renta Garantizada de Ciudadanía con el fin de que los ciudadanos con subsidios "bajos", inferiores al mínimo de 426 euros que establece la Renta, puedan ver complementados sus ingresos y acceder así a esta prestación.   

PP, PSOE y Grupo Mixto presentaron de forma conjunta esta Proposición de Ley que ya se perfiló en una acuerdo alcanzado en el marco del Diálogo Social y que ha sido posible mediante el ahorro de 93 millones de euros que prevé la Junta tras haber acudido al Fondo de Facilidad Financiera que ha dispuesto el Gobierno central para aquellas autonomías "cumplidoras".   

En concreto, con esta modificación cuando un ciudadano perciba un subsidio de desempleo bajo como consecuencia de la pérdida de un trabajo a tiempo parcial cuya cuantía sea inferior al mínimo marcado por la Renta Garantizada de Ciudadanía -426 euros-- podrá ver reconocida esta prestación con carácter complementario hasta alcanzar esa cuantía siempre que cumpla con los requisitos establecidos.   

La procuradora 'popular' María Luisa Álvarez Quiñones ha destacado en el Pleno de las Cortes donde se ha aprobado esta modificación que es "grande" que los tres grupos parlamentarios hayan podido "presentar juntos" una iniciativa como esta. "Esta Proposición de Ley va a permitir mejorar la situación de muchos desempleados que contaban sólo con pequeñas prestaciones por desempleo", ha aseverado.   

Así, Álvarez Quiñones ha insistido en que con acciones como esta se demuestra como el 'Plan Montoro' ha posibilitado la puesta en marcha de políticas que "mejoran" la calidad de vida de las personas, que "son el núcleo del proyecto político que lidera Herrera".   
En este sentido, la procuradora 'popular' ha reseñado que este acuerdo se aprueba amparado bajo el "consenso" del Diálogo Social y, además, se "eleva" a rango de Ley, "la forma más alta que tiene el Estado para garantizar los derechos de sus ciudadanos".   

Por su parte, el procurador socialista Jorge Félix Alonso ha recordado que ya el año pasado su grupo defendió una Proposición No de Ley para arrancar este compromiso a la Junta y "han pasado 10 meses" hasta que finalmente esta propuesta ha podido ver la luz. "Lo que pretendemos es evitar que se llegue a la exclusión social", ha reseñado.   

Alonso ha  recordado que según la Red Europea contra la Pobreza en Castilla y León hay 367.000 ciudadanos en riesgo y sólo 11.000 son beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía. Así, ha detallado que del total de solicitudes para acceder a esta prestación el 52 por ciento son rechazadas, por lo que ha confiado en que con esta modificación este porcentaje descienda significativamente.   

"Con esta modificación vamos a ayudar a un número importante de personas pero son más las que tienen que beneficiarse si queremos evitar la exclusión social", ha concluido.   

Para cerrar el debate, el portavoz del Grupo Mixto, José María González,  ha recordado que su grupo ya presentó una enmienda al Presupuesto General de la Comunidad de 2015 en este sentido que fue rechazada y que ahora es aprobada por la "presión" de los sindicatos conjugada con la "voluntad política".   

No obstante ha lamentado que "la alegría dura poco en la casa del pobre", tras lo que se ha preguntado cómo es posible que si existen miles de ciudadanos de Castilla y León en riesgo de pobreza el porcentaje de perceptores de la Renta Garantizada sea "tan pequeño".   

Por último ha considerado que hay que trabajar en un futuro para buscar un "hueco" a aquellos trabajadores con "salarios en precarios" y quienes cobran pensiones no contributivas "por debajo de la renta".   

El debate se ha cerrado con la aprobación unánime de esta Proposición de Ley por parte de los procuradores de la Cámara y un aplauso cerrado al que también se unieron los secretarios regionales de UGT y CC.OO, Agustín Prieto y Ángel Hernández, que siguieron el debate desde la tribuna de invitados del Hemiciclo.

Ley del Estatuto del Consumidor

PP, PSOE y UPL, con la abstención de IU, han aprobado la Ley del Estatuto del Consumidor que da "mayor seguridad, protección y eficacia" a consumidores y usuarios y que ahonda en una atención especial para colectivos "más vulnerables".   

La procuradora socialista Esther Pérez ha intervenido ante la Cámara para defender las tres enmiendas que PSOE que llegaron vivas para su debate en el Pleno de las Cortes y que, junto con las transaccionadas y aprobadas en Comisión, se han presentado para incidir en la "seguridad y protección" de los usuarios.   

Pérez ha detallado que la normativa autonómica es de ámbito "muy limitado" como consecuencia de la legislación básica, tras lo que ha defendido la intención de su grupo de introducir en la norma "más concreción" en la definición y concepto de consumidor y usuario, además de avanzar en "reforzar" el papel de las organización de consumidores y usuarios para lograr el "máximo apoyo a las mismas.   
El PSOE también ha logrado introducir en el texto final el carácter "público" de la defensa de los consumidores y usuarios. "No es lógico que tenga coste", ha aseverado.     

Por su parte, el procurador 'popular' Raúl de la Hoz ha insistido en la importancia de esta normativa porque "afecta al día a día de los ciudadanos". Así, tras ensalzar el acuerdo alcanzado en torno a esta ley, ha reseñado que su aprobación era necesaria para adaptar el texto a los cambios legislativos existentes con el objetivo de "reforzar la seguridad jurídica de los consumidores, homogeneizar la legislación, elevar la protección de consumidores y mejorar el régimen sancionador".   

De la Hoz ha destacado la "especial" atención que se da en la normativa a la protección ante contratos de vivienda, adquisición de productos financieros y venta a distancia.    

Asimismo, el portavoz del Grupo Mixto, José María González,  ha defendido las 24 enmiendas parciales que llegaron vivas al Pleno y que, entre otras cuestiones, ahondan en la necesidad de educar en los derechos de consumidores y usuarios, así como en el carácter público de las asociaciones, ya que su "carácter privado", a su juicio, "no tiene sentido".   

El procurador 'popular' José Manuel Fernández Santiago ha destacado la relevancia de esta Ley y ha señalado que de las 24 enmiendas presentadas por IU 21 han tenido que ser rechazadas porque no se ajustaban a la legislación básica. "Hemos mejorado una norma que va a conseguir elevar el nivel de protección de consumidores y usuarios", ha aseverado.   

No obstante, a pesar de reconocer las mejoras que se introducen en la norma, José María González ha decidido abstenerse en las votaciones.   

Ante la Cámara, el procurador de UPL, Alejandro Valderas, que sí ha votado a favor de la Ley, ha defendido las dos enmiendas que su partido mantuvo vivas ante el Pleno y que se basaban en lograr que se regule por ley etiquetar los productos en "leonés y gallego", al tiempo que ha defendido otra cuestión como la de "blindar" las OMIC para que se mantengan en los ayuntamientos y, en su defecto, que lo haga la Junta.   

Fernández Santiago ha rechazado ambas enmiendas al explicar que el etiquetado en leonés y gallego, desde el "respeto" a la lengua,  llevaría a "confusión" e iría contra "la libertad de mercado", por lo que "no mejora la norma" si no que "la complica". En cuanto a las OMIC ha defendido que se mantendrán por los ayuntamientos o a través de los servicios ya creados por la Junta.

La ley  
 El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ha sido el encargado de explicar la nueva Ley ante la Cámara. En concreto,  a través de esta normativa se refuerza la seguridad jurídica de consumidores y empresarios, mejora la competencia y adapta la legislación autonómica a la Directiva Europea que incrementa el nivel de protección de derechos básicos del consumidor a través de nuevas cláusulas como la prohibición de cortar un suministro sin previo aviso. Además, supone una reducción de cargas administrativas y no implica incremento en el gasto público.   

El texto adapta el concepto de consumidor y usuario a la legislación básica del Estado, define los derechos de los consumidores, establece los mecanismos de protección de éstos y establece la potestad sancionadora de la Junta.   

De la misma forma, el Estatuto amplía los sujetos de protección a la infancia y los colectivos desfavorecidos, y establece "mejoras" en la regulación de la protección de las administraciones públicas en campos como la vivienda y productos financieros, en la regulación de la contratación electrónica y prestación de suministros básicos, la venta a distancia, las operaciones de crédito y servicios de atención al cliente, se introduce el incumplimiento por omisión de la publicidad, y se incorpora la protección del consumidor frente a los medios telemáticos de información.   

Por otra parte, la ley fomenta también el etiquetado Braille en el marco de las actividades de formación, establece una nueva regulación del Consejo de Consumidores y Usuarios en la que pasa a formar parte la administración, se desarrolla la mediación para resolver los conflictos de forma amistosa impulsando todavía más el Sistema Arbitral de Consumo.   

Por último se mejora la agilidad y los mecanismos de la inspección, ya que incluye la posibilidad de instar a la subsanación sin imposición de sanción cuando se detecten errores o irregularidades.

Procedimiento sancionador   

En cuanto a la capacidad sancionadora de las administraciones públicas, se incorpora una mejora en la clasificación de las infracciones como método para lograr una mayor seguridad jurídica, así como una mayor concreción de los criterios para establecer la gravedad o atenuación de las sanciones. Además se incorpora el concepto de infracción continuada e infracción permanente y se modifican los plazos de prescripción de infracciones y sanciones en función de su gravedad.   

Por último el nuevo Estatuto potencia la capacidad inspectora, control y vigilancia de la Administración permitiendo la adopción de medidas cautelares en situaciones extraordinarias y de urgencia.