Los centros de Sacyl registraron 375 incidentes en 2014, un 4% más, con 435 trabajadores agredidos

Los centros adscritos a la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León registraron en 2014 un total de 375 incidentes entre profesionales y pacientes o familiares, cifra un cuatro por ciento más alta que la acumulada en 2013, que alcanzó los 360, mientras que el número de trabajadores agredidos fue, sin embargo, prácticamente el mismo, al pasar de 432 en 2013 a 435 el año pasado.   

Así lo han dado a conocer este miércoles los consejeros de Sanidad y Familia e Igualdad de Oportunidades, Antonio María Sáez Aguado y Milagros Marcos respectivamente, tras la primera reunión de la Sección de Agresiones al personal de centros sanitarios, que forma parte del Observatorio de la Comunidad de Castilla y León creado el año pasado.   

Según ha explicado Sáez Aguado, el aumento de los incidentes en los centros sanitarios se debe principalmente al incremento registrado en Atención Primaria, donde se ha pasado de 142 a 166. Sin embargo, se reducen los incidentes en los hospitales, concretamente de 217 a 203. El resto fueron dos en las gerencias de área y cuatro en el servicio de emergencias.   

A pesar de este incremento general, el número de profesionales agredidos prácticamente no varía, ya que en 2013 se presentaron 432 y en 2014 un total de 435. En su conjunto, 165 fueron facultativos, 146 personal de enfermería, 73 técnicos auxiliares de enfermería, 14 celadores y 31 personas clasificadas como otro personal (odontólogos, fisioterapeutas o psicólogos).   

Otro dato del registro revela que 360 de los agredidos fueron mujeres y sólo 75 hombres. Del análisis de la plantilla total de Sacyl se deduce además que el año pasado fueron agredidos el 0,83 por ciento de los hombres y el 1,32 de las mujeres, cifras "muy similares" a las de 2013.

Agresiones   

La mayoría de las agresiones --el 63 por ciento del total-- fueron verbales y el 21, psicológicas. El 16 por ciento restante fueron físicas --un total de 97, una menos que el año pasado--, mientras que un 51 de ellas tuvieron como consecuencia algún tipo de lesión, aunque sólo un seis por ciento supuso incapacidad temporal.   

Otro dato indica que 83 de esas agresiones físicas tuvieron lugar en los hospitales, 13 en los centros de Primaria y una en Emergencias. Un total de 44 de ellas se registró en los servicios de Psiquiatría, 13 en Urgencias, una en Medicina Interna, siete en consulta y el resto en otros lugares, incluida la calle o el domicilio del paciente.   

Sobre las posibles causas que desencadenan la acción violenta, un 35 por ciento se refiere a discrepancias con el criterio asistencial del profesional --bajas laborales, petición de pruebas o prescripción de medicamentos--, seguido de un 22 por ciento por disconformidad en el trato y trastorno psíquico.   

En cuanto al perfil del autor de las agresiones, se mantienen estables los datos de otros años, que reflejan a un solo agresor, hombre en las dos terceras partes de los casos y usuario en tres quintas. En concreto, el registro indica que un 65 por ciento son hombres y un 35, mujeres; un 62 por ciento son usuarios y un 36, familiares, en tanto que el 90 por ciento de los incidentes están protagonizados por una sola persona. También destaca un descenso de la reincidencia, que ha pasado del 20 al 14 por ciento.   

Por lo que se refiere a los procedimientos judiciales en defensa de los trabajadores agredidos, la Gerencia Regional de Salud ha registrado ya 153 sentencias condenatorias, de las cuales 37 lo han sido por delito --32 de ellas califican los hechos como atentado a funcionario público--, dentro del plan integral que la Consejería de Sanidad puso en marcha en 2008 con la colaboración de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

Sanciones administrativas   

El consejero ha hecho especial mención a las sanciones administrativas impuestas por la propia Consejería de Sanidad, una figura que supone un complemento a la actuación judicial y que ya cuenta con 16 resoluciones definitivas contra el agresor.   

Por su parte, el teléfono de asesoramiento 902 197 781 ha recibido desde su puesta en funcionamiento 1.417 llamadas. La Junta de Castilla y León ha puesto además a disposición de los profesionales de Sacyl el servicio telefónico 012 para la recepción de las denuncias.   

En el aspecto de la formación, desde el año 2008 se han impartido 531 cursos a un total de 8.792 profesionales, en materias como técnicas de detección de conductas violentas, manejo de pacientes agitados o seguridad en la atención a personas con trastornos mentales graves.   

Dentro de las medidas para prevenir agresiones, destaca que la Gerencia Regional de Salud ha elaborado una carta de rechazo genérica que se remite a los agresores, en la que se les recuerdan las acciones y sanciones previstas por la ley --que pueden rondar los 300 euros--, se les advierte que pueden ser cambiados de profesionales y se les comunica que tienen derecho a presentar cuantas reclamaciones estimen oportunas si no están de acuerdo con la asistencia recibida.   

El pasado 30 de enero de 2014 la Junta de Castilla y León estableció una serie de medidas entre las que se recogía la creación de un único Observatorio de Castilla y León que desarrolle las funciones de estudio, análisis y seguimiento en materia de violencia de género, convivencia escolar y agresiones al personal sanitario, que sustituía a los 16 observatorios anteriores, entre los que se encontraba el Observatorio de Agresiones al personal de Sacyl, creado en 2009.

Medidas de futuro   

En cuanto a las medidas de futuro previstas por Sanidad en esta materia, se incluye la revisión de los centros de salud en seguimiento --actualmente hay 43--, de manera que se evaluarán de nuevo las agresiones producidas en todos ellos o en determinados servicios hospitalarios --principalmente Urgencias y Psiquiatría-- para determinar en cuáles es preciso la adopción de nuevas medidas de prevención de agresiones.   

También está en estudio una propuesta efectuada por el sindicato Satse en el sentido de que la tarjeta identificativa de los trabajadores de los centros sanitarios indique únicamente el número de plantilla o de nómina y la categoría profesional de los trabajadores, y no sus nombres.   

Por último, se trabaja con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para mejorar la coordinación a la hora de garantizar la seguridad en los centros, principalmente en zonas rurales, y se buscará promover la ampliación de las respuestas administrativas sobre las penales de cara a la próxima reforma del Código Penal. Actualmente 153 centros de salud cuentan con medidas de seguridad adicionales como cámaras o botones antipánico que se estudia extender a otras instalaciones.   

Por áreas de salud, el mayor número de incidentes en 2014 se registró en Burgos (61), León (47), seguida de Salamanca (42), Valladolid Este (39), Valladolid Oeste (37), Zamora y Ávila (33), Palencia (28), Segovia (21), El bierzo (16), Soria (14), Emergencias Sanitarias (cuatro). En cuanto a los trabajadores agredidos, Burgos tuvo 70 casos; León, 57; Salamanca, 56; Valladolid Este, 45; Valladolid Oeste, 43; Ávila, 42; Zamora, 34; Palencia, 29; Segovia, 24; El Bierzo, 17; Soria, 14, y Emergencias Sanitarias, cuatro.   

En cuanto a las sentencias por delito, las provincias con mayor número han sido León y Palencia (ocho), Valladolid (cinco), Salamanca y Burgos (cuatro), Zamora (tres), Segovia y Soria (dos) y Ávila (uno).