Elena Diego confiesa en el Supremo haber sido acosada por el interventor y niega responsabilidad en las contrataciones irregulares

La exsenadora del PSOE Elena Diego ha negado este miércoles  responsabilidad alguna en las contrataciones irregulares de dos monitoras en 2008, cuando era alcaldesa de la localidad salmantina de Villamayor, y ha acusado al interventor municipal en esos momentos de acosarla para que tuviera con él una relación sentimental y, al negarse a ello, amenazarla con acabar con su carrera política, aunque nunca le denunció.   

La Fiscalía pide para la exsenadora una pena de inhabilitación de 8 años por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y de nombramiento para cargo público sin concurrir los requisitos legalmente establecidos para ello. Las acusaciones particular y popular piden además responda con 30.000 euros en concepto de responsabilidad civil.   

Durante el juicio que comenzó este miércoles en el alto tribunal, al que ha correspondido la causa dada la condición de aforada de Diego cuando la causa se dirigió contra ella, la exsenadora ha insistido en que su participación en ambos procedimientos era el de dictar las resoluciones finales, y que no es su obligación comprobar que los contratos están bien hechos puesto que las resoluciones de contratación y los propios contratos son revisados previamente por los servicios técnicos municipales y la Intervención.

Acosada   

Casi al término de su declaración, al responder a su abogado Manuel Ollé la exsenadora ha confesado ante la Sala la difícil relación que mantenía con el interventor en el momento de los hechos, quien se le declaró en su despacho y le pidió tener relaciones. Ante su negativa, comenzó a acosarla, se mudó al lado de su casa, la llamaba por las noches, controlaba sus comunicaciones y entraba a deshora a su despacho para dejarle mensajes.   

Visiblemente afectada por su relato Diego manifestó ante el tribunal que la juzga en el Supremo que nunca denunció a esta persona, que abandonó del Ayuntamiento de Villamayor cuando ella le planteó que se o se marchaba o le denunciaba. En ese momento, el interventor la amenazó  diciendo que iba a acabar con su carrera política y personal porque "no tenía corazón n  amaba a nadie" y que iba a hacer todo lo posible para destrozarla.   

También ha manifestado de Diego que el presidente de la asociación de vecinos que presentó la denuncia contra ella tenía una oficina frente al Ayuntamiento y presentaba diariamente papeles en el registro. En una ocasión escribió a la nueva interventora diciendo que "iba a acabar en el paredón".   

Respecto a los contratos cuestionados Diego ha manifestado que realizó en todo momento lo que los técnicos le dijeron. "En ningún momento he hecho nada en contra de lo que los técnicos han planteado y esa es la realidad de los hechos, un contrato mal hecho del que me avisó el interventor diciendo que podría subsanarse", ha añadido, negando que ella tuviera ninguna responsabilidad debido a sus conocimientos de Derecho, puesto que una decisión contraria a los técnicos no le correspondía.   

También se le imputa un delito continuado de nombramiento para cargo público sin concurrir los requisitos legalmente establecidos para ello. En este punto, la excalcaldesa y exsenadora ha reconocido que en una de las contrataciones la mujer que se hizo con el puesto no había concurrido a los concursos convocados para ello, si bien negó haber tenido conocimiento hasta después de haberse producido las contrataciones.   

Igualmente es juzgada en esta causa la concejala de este municipio Cándida Egido González por cooperación necesaria en la misma conducta. Durante su declaración ha negado conocer quienes eran los candidatos a los puestos si bien ha reconocido que alertó a una de las beneficiadas de que estuviera atenta porque iban a salir plazas cuando se la encontró por la calle.   

Esta concejala ha reconocido que el interventor acosador le manifestó "bastantes veces" que estaba enamorado de la entonces alcaldesa y la dejaba 'post it' en la mesa diciendo que la quería y que siempre se proponía lo que quería.

En el TS pese a renunciar al escaño

Diego dimitió como senadora el pasado 24 de septiembre ero su renuncia al acta no impide que sea el TS el encargado de juzgarla, en aplicación del acuerdo del Pleno del alto tribunal que estableció que si la dimisión se produce después de que se abra juicio oral a un aforado, aunque éste renuncie a su cargo, el caso seguirá siendo competencia del tribunal que fuera competente antes de su dimisión.    El pasado mes de febrero, la senadora declaró voluntariamente ante el Supremo y negó haber participado en el proceso de selección. Según dijo, poco después de la contratación el interventor municipal le comunicó después que se había producido una irregularidad administrativa y entonces firmó el informe de reparación por el cual se modificó el contrato de una de las trabajadoras.    
La segunda monitora, según su versión, obtuvo el empleo tras renunciar dos aspirantes al puesto. Diego aseguró además que ninguna de las dos monitoras tenía vínculo personal o político con el Ayuntamiento.   

El asunto había sido elevado al Supremo por el Juzgado de Instrucción número 3 de Salamanca, que encontró indicios de delito contra Diego y la edil en relación con la contratación de monitores culturales y deportivos realizada por el Ayuntamiento de Villamayor para el curso 2008-2009.   

En la documentación obrante en el caso consta que tras la convocatoria de la oferta pública de empleo el tribunal calificador instó a contratar a nueve personas conforme a la baremación de sus méritos. Pese a ello, la concejal Cándida Egido elevó una propuesta que incluía a dos mujeres que no se encontraban en la lista, una de las cuales ni siquiera se había presentado al concurso.