El expresidente de la Diputación de León sale de prisión tras pagar la fianza de 30.000 euros

El expresidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón, imputado en la operación Púnica, ha salido hoy de la cárcel madrileña de Navalcarnero tras pagar la fianza de 30.000 euros que le ha impuesto el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

El juez ha tomado la decisión a instancias de la Fiscalía, que ha considerado que procede modificar la situación procesal de prisión incondicional sin fianza al político leonés, que permanecía encarcelado desde el pasado 30 de octubre por su vinculación con la trama.

A su salida de la prisión, que se ha producido a las 19:10 horas, Marcos Martínez ha defendido su inocencia y ha dicho que ahora solo quiere descansar de "esta horrible pesadilla".

Acompañado de su mujer y su abogado, el expresidente leonés y exalcalde del municipio de Cuadros ha agradecido a los medios de comunicación cómo han tratado su detención y el apoyo que, según le han contado, ha recibido.

Tras estas declaraciones a los periodistas, Marcos Martínez se ha subido en un vehículo para dirigirse a su domicilio de León junto a su mujer y su letrado, Ricardo Gavilanes, quien ha dicho que el expresidente leonés descansará estos días y que el lunes atenderá a los medios de comunicación.

Marcos Martínez, que fue expulsado del PP y luego dimitió de sus cargos tras su encarcelamiento, utilizó la trama para perpetuarse en su cargo gracias a la red de influencias en el PP de Alejandro de Pedro, uno de los cabecillas del entramado.

Según el auto por el que el juez le envió a la cárcel, el expresidente de la Diputación de León y exalcalde del municipio leonés de Cuadros habría intercedido para beneficiar con contratos públicos a la trama Púnica, encabezada por el exconsejero madrileño Francisco Granados.

Martínez puso en marcha varios procedimientos negociados de contratación vinculados a la estación de esquí de San Isidro en los que únicamente fueron invitadas empresas vinculadas a De Pedro, según el magistrado.

A cambio, De Pedro hizo uso de su red de influencias entre altos cargos del PP para mantener a Marcos Martínez como presidente de la Diputación.

Además, Marcos Martínez habría tenido participación en alguna de las empresas que resultarían adjudicatarias de los concursos.

El expresidente de la Diputación de León y exalcalde de Cuadros podrá regresar a ambas instituciones como diputado y concejal no adscrito, respectivamente, ya que solo dimitió de sus cargos.

Marcos Martínez ha negado en todo momento su implicación en esta trama e incluso llegó a insinuar que detrás de su encarcelamiento había oscuras maniobras del PP para cercenar su carrera política en esta formación, lo que su antiguo partido tildó de "disparate".

Tras su detención y posterior encarcelamiento, el PP procedió a su expulsión y le exigió que renunciara a sus cargos en las instituciones y devolviera sus actas al partido.

En principio se negó pero tras varios días en prisión renunció a los cargos de presidente de la Diputación de León, en la que fue sustituido por Emilio Orejas, y alcalde de Cuadros, pero mantuvo sus actas.

La operación Púnica cuenta hasta el momento con medio centenar de imputados, de los que 32 fueron detenidos y de ellos 7 fueron a prisión sin posibilidad de fianza, entre los que destacan los presuntos cerebros de la trama el exdirigente del PP Francisco Granados y su socio David Marjaliza.

Para otros 13 detenidos se decretó prisión eludible bajo fianza, mientras que 4 quedaron en libertad bajo fianza y en libertad con cargos otros 8.

Dejar sus actas

Por su parte, el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y Leon, José Antonio de Santiago-Juárez, ha exigido al expresidente de la Diputación de León  que deje su acta de concejal y de diputado.   

De Santiago-Juárez se ha referido a este asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha asegurado desconocer si Martínez ya ha depositado la fianza impuesta por el instructor de la operación 'Púnica', el juez Eloy Velasco.   

"Lo primero que debe hacer es dejar su acta de concejal y su acta de diputado provincial y luego defenderse ante los tribunales de las acusaciones, tiene derecho como cualquier ciudadano", ha aseverado el portavoz, tras lo que ha recordado que sendas actas las ganó con el PP y "ya no pertenece" al partido.