Empresa Familiar pide a las administraciones un marco normativo y fiscal para ganar tamaño y crear empleo

Los empresarios familiares de Castilla y León han reclamado hoy a las administraciones un marco normativo y fiscal que les permita desarrollar su actividad en las mejores condiciones posibles para poder ganar tamaño y crear empleo con agilidad, algo que, como así han denunciado, pone en peligro una política de ayudas de la Junta que actualmente se rige por criterios Pyme y que por tanto beneficia tan sólo a aquellas con plantillas no superiores a los 250 trabajadores y una facturación de 30 millones de euros.   

Ante ello, el presidente de Empresa Familiar de Castilla y León y su director general, Alfonso Jiménez y Eduardo Estévez, respectivamente, han trasladado su "preocupación" al entender que el actual marco no ayuda a aquellas empresas con perspectivas de incrementar su facturación mediante un aumento de su tamaño y número de trabajadores, algo que ansía más del 80 por ciento de EFCL pero que duda en acometer si no va a contar con la ayuda de las distintas administraciones.   

"Lo que demandamos es que exista un plan dinamizador para que empresas con potencial en Castilla y León puedan ser líderes en tres o cinco años a nivel nacional e internacional", ha resumido Estévez, aunque para ello, ha insistido el presidente de EFCL, es preciso contar con ayudas públicas--sin limitación de tamaño y facturación--para poder embarcarse en dos factores clave, la innovación (I+D+i) y la internacionalización.   
Así, EFCL ha elaborado el documento 'Competitividad y empleo: propuestas para el dinamismo empresarial de Castilla y León', con un total de 38 medidas en materia fiscal, administrativa, laboral, educativa y sanitaria que ya ha trasladado a la Junta y cuyo objetivo es regenerar y dinamizar el tejido empresarial de la Comunidad, en especial de los empresarios familiares, que representan el 80 por ciento del empleo privado (80.000 puestos de trabajo) y el 75 por ciento del PIB regional.   

"Estamos de acuerdo en crear empresas nuevas, pero lo que nos preocupa es que las que ya estamos, con una trayectoria de muchos años, podamos seguir adelante y se nos siga ayudando a crecer en tamaño, facturación y plantilla", ha apuntado Jiménez.   

El estudio elaborado por EFCL constata que las empresas de mayor tamaño tienden a presentar mejores indicadores de productividad y generan un gran número de puestos de trabajo. Sin embargo, en Castilla y León crecen poco y lo hacen lentamente, lo que se traduce en un tejido empresarial caracterizado por un tamaño más reducido que el de otras economías de la UE y de tras comunidades autónomas. De hecho, sólo el 0,07 de las empresas de la Comunidad cuenta con más de 250 trabajadores, frente a la media nacional del 0,12 por ciento.   

El estudio de EFCL, que espera sea atendido y puesto en práctica con rapidez por la Junta, en aquellos ámbitos de su competencia y en otros presionando en los foros necesarios, en materia fiscal denuncia la disparidad existente entre las distintas CC.AA. que genera "discriminaciones" y solicita una rebaja de impuestos y más bonificaciones para incentivar la inversión empresarial.   

En este sentido, además de defender la reactivación del crédito, EFCL aboga por establecer políticas regionales que animen a canaliza el ahorro privado hacia la economía real a través de la potenciación de instrumentos alternativos para la financiación de las empresas, que sirva de complemento a la financiación bancaria ordinaria.   

También defiende, entre otras cosas, el establecimiento de un sistema objetivo que permita el aplazamiento de las obligaciones tributarias y la unificación de criterios entre la Inspección, la Dirección General de Tributos y los tribunales, para que las empresas tengan la máxima seguridad jurídica en materia fiscal.   

Se propone igualmente la supresión del 'céntimo sanitario' y el mantenimiento de la bonificación en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para la empresa familiar, dado que su modificación impositiva al alza pondría en riesgo la continuidad de la actividad de muchas compañías, con la consecuencia directa de la pérdida de empleo en la región.

Reducir 42 contratos a tres modalidades   

En el referido estudio se advierte de que la complejidad y diversidad de modos de contratación, en la actualidad con un total de 42 modalidades, dificulta el emprendimiento y la creación de empleo, por lo que aboga por un esquema de tres únicas modalidades: un contrato único de carácter indefinido (flexible, con indemnización creciente), uno temporal por necesidades empresariales y uno formativo para jóvenes y personas con dificultades de empleabilidad.   

También demanda un aumento de la flexibilidad interna en las empresas, una reforma de las políticas activas de empleo y del régimen salarial, a la baja, para que la fijación de los sueldos responda a criterios de eficiencia, y una ampliación de las bonificaciones a las cotizaciones sociales que se aplican ahora a emprendedores y empresas de nueva creación.

Productividad en la administración pública   

Al igual que la crisis ha obligado a las empresas a ser más competitivas, reduciendo costes y apostando por la innovación y la internacionalización, EFLC plantea que la administración ha de seguir este ejemplo, acomodándose a la nueva situación, y por ello se muestra partidaria de que a nivel salarial los funcionarios sean retribuidos con criterios de productividad, "a fin de incentivarles a que trabajen mejor", ha explicado Estévez.   

Los empresarios familiares solicitan asimismo una simplificación y clarificación normativa, con máxima coordinación entre administraciones, así como una gestión presupuestaria profesional debidamente evaluada y controlada y una disminución del gasto improductivo en la Junta de Castilla y León.   

En referencia a los últimos presupuestos de la Administración regional, EFCL recuerda que un incremento de la inversión pública, sobre todo en el sector de la construcción, redundaría en un aumento del empleo y del consumo y permitiría volver a la senda del crecimiento.