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Martín Granizo reclama asesoramiento técnico para ayudar a los fiscales en la lucha contra los delitos económicos

Martín Granizo reclama asesoramiento técnico para ayudar a los fiscales en la lucha contra los delitos económicos

El Fiscal Superior de Castilla y León reconoce que la Justicia es "lenta", debido a una "caduca" Ley de Enjuiciamiento Criminal", aunque, al final, "el que la hace la paga"

Por Redacción/Agencias
martes 04 de noviembre de 2014, 14:21h
El Fiscal Superior de Castilla y León, Manuel Martín Granizo, ha demandado hoy más medios para resolver los delitos de índole económica, fundamentalmente técnicos que puedan asesorar a los fiscales, ha reconocido que la Justicia es lenta en la lucha contra la corrupción debido a una "caduca" Ley de Enjuiciamiento Criminal pero, al tiempo, ha advertido de que al final "quien la hace la paga".   

El clima de corrupción generalizado en la vida pública, administraciones, partidos políticos y sindicatos, ha sobrevolado a lo largo de la intervención de Martín Granizo en las Cortes, donde ha expuesto la Memoria Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León correspondiente a 2013, cifras que, por otro lado, vuelven a llegar a la Cámara a punto de iniciarse 2015.   

En su alocución, y a preguntas de los portavoces socialista y del Grupo Mixto, Ana Redondo y José María González, respectivamente, el Fiscal Superior ha declinado hacer juicios de valor sobre la actual situación y mucho menos realizar críticas a partidos políticos y administraciones, dada las limitaciones que le impone su cargo, y se ha limitado a indicar que como acusador público no le queda otra tarea que "perseguir aquellas acciones con contenido penal".   

En este sentido, sí ha subrayado que el actual Código Penal cuenta con los resortes necesarios para perseguir a los corruptos, pues "medidas hay y es un tema de investigación y acopio de material probatorio", aunque ha reconocido las trabas que impone una Ley de Enjuiciamiento Criminal "vieja, caduca, actualizada en cuanto a las garantías pero sin la agilidad necesaria para llevar a término una investigación de forma rápida como demandan los ciudadanos".   

En cualquiera de los casos, el acusador público ha reiterado que al final "el que la hace la paga", si bien ha aprovechado para demandar más auxilio de los fiscales en complejos delitos económicos. De hecho, aunque cada fiscalía cuenta con una sección específica, Martín Granizo ha puesto sobre la mesa la formación jurídica de los fiscales pero sus insuficientes conocimientos en materia económica, contable, fiscal y financiera, de ahí su petición de poder contar, al igual de lo que ocurre con la Fiscalía Anticorrupción, con la colaboración de inspectores de hacienda y otros profesionales.   

En el caso concreto de Castilla y León, Martín Granizo ha explicado que son muy pocos los asuntos de corrupción que llegan hasta el TSJCyL, dado que sólo atiende casos de aforados, y ha recordado que dicho órgano de Justicia tramita en estos momentos tan sólo uno, en alusión al relativo al procurador del PP Crescencio Martín Pascual, imputado por presunta prevaricación en la adjudicación de unas obras en Medina del Campo en la época en la que éste ocupaba la Alcaldía.

Agresiones de menores a sus padres   

En cuanto a la memoria fiscal del ejercicio de 2013, que refleja una "criminalidad a la baja", como así ha apuntado el Fiscal Superior de la Comunidad, una de las "sorpresas" se deriva del incremento de las agresiones de menores a sus progenitores, circunstancia que el representante del Ministerio Fiscal ha atribuido a la actual situación de crisis, en concreto por problemas económicos, falta de formación y educación y tensiones.   

Así, y aún cuando la fiscalía no ejerce labores preventivas, Martín Granizo ha anunciado la realización de un análisis para procurar atajar esta situación.   

En su intervención, el acusador público también ha constatado, entre otras muchas cuestiones, que la imposición de las tasas judiciales por el exministro José Alberto Ruiz-Gallardón ha influido en el descenso de pleitos en la jurisdicción civil y contencioso-administrativa, no así en la vía penal, "pues aquí no las hay y la denuncia sigue su curso", así como en el déficit de establecimientos psiquiátricos que padece Castilla y León. 
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