Castilla y León ocupa el segundo lugar tras el País Vasco en el índice de desarrollo de los servicios sociales

Castilla y León ocupa el segundo lugar tras el País Vasco en el índice de desarrollo de los servicios sociales, con una calificación de "nivel medio" sólo superada por el "medio alto" de Euskadi, según el 'Índice DEC 2014', de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que analiza de manera cuantitativa los derechos y decisiones políticas, la relevancia económica y la cobertura (DEC).   

Este nivel no sólo analiza la nota media de desarrollo sino las perspectivas de futuro del mantenimiento de los servicios sociales, por eso la Comunidad se sitúa la segunda a la cabeza tras el País Vasco. En cuanto a la nota media la Comunidad alcanza 6,65 puntos, por encima de la media nacional --4,71-- y por debajo de País Vasco --7,5-- y Navarra --6,85-- que, aún con más nota que Castilla y León se sitúa en un nivel "medio bajo" dentro del índice.   

La Comunidad de Valencia continúa a la cola, con una puntuación de 0,6 puntos sobre 10 y una calificación de "irrelevante" para sus servicios sociales, al igual que Andalucía con cuatro puntos sobre diez, Madrid con 3,7 puntos; Galicia 2,85 puntos; Canarias 2,6 puntos y Murcia 2,1 puntos.   

Castilla y León logra la nota final de 6,65 puntos tras sumar los 0,85 puntos del reconocimiento de derechos, los 2,9 puntos de dotaciones económicas y los 3,6 puntos de la cobertura de los servicios sociales.   

En cuanto a la distribución del gasto en servicios sociales y promoción social en Castilla y León el 66,6 por ciento del gasto se realiza desde la comunidad autónomas, el 21,9 por ciento lo realizan las entidades locales y el 11,5 por ciento la administración general del Estado.   
Este informe desvela además que sólo el 1,7 por ciento de personas a quienes se ha reconocido el derecho a recibir atenciones del Sistema de Atención a la Dependencia están a la espera de recibirla, así, en la Comunidad hay 7,23 plazas residenciales por cada 100 personas mayores de 65 años.   

Según se detalla en el análisis el desarrollo de los servicios sociales es el resultado de formas de organización y gestión eficientes y no sólo de un mayor gasto y concluye que la descentralización y el protagonismo local son determinantes para la eficacia y eficiencia del sistema.   

Así, Castilla y León y Aragón destacan como comunidades con "gran protagonismo" de sus entidades locales en la gestión de servicios sociales, en el caso de la Comunidad dedica un 1,68 por ciento de su PIB a estos servicios.

Ámbito nacional   

Este informe desvela que las comunidades autónomas y entidades locales han gastado en servicios sociales 2.212 millones de euros menos en términos absolutos, entre 2011 y 2013, según el 'Índice DEC 2014', de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que analiza de manera cuantitativa los derechos y decisiones políticas, la relevancia económica y la cobertura (DEC).   

Desde 2011, el documento advierte de que el gasto anual por habitante en el conjunto del Estado ha pasado de los 354 euros a los 306,9 euros, es decir, 47,11 menos por habitante y año, lo que representa una reducción del 13,3 por ciento.   

Por encima de la media estatal, las comunidades que más han reducido su gasto en servicios sociales en términos absolutos (euros por habitante y año) y relativos son Castilla-La Mancha (-144,8 euros, es decir, un 28,1% menos), seguida de Navarra (-124 euros, un 23,% menos), Murcia (-47,1 euros, un 17,6% menos y Extremadura (-68,4 euros, un 15,3% menos).   

"La reducción no es consecuencia de un empobrecimiento de la sociedad española, sino fruto de una menor capacidad o interés de las administraciones públicas para recaudar y distribuir la riqueza a través de políticas sociales dirigidas a las personas y familias más necesitadas", alertan los autores del 'Índice DEC'.   

Asimismo, el informe pone de manifiesto que el porcentaje de PIB que se dedica a los servicios sociales ha pasado del 1,6% en 2013 al 1,4% es decir, 0,2% menos. Además, advierte de que el porcentaje de gasto que las administraciones dedican a este ámbito sobre el total del gasto público también se ha reducido en 0,4 puntos, pasando del 8,1% en 2011 al 7,7% en 2013).

Los ayuntamientos recortan el doble que las CC.AA   

Sin embargo, existen diferencias entre este recorte del gasto en servicios sociales de las comunidades autónomas entre 2011 y 2013 y las corporaciones locales, siendo el de las segundas (20,8%) casi el doble que el de las primeras (10,5%) y que, según el documento, "pone de manifiesto que el deterioro es mayor en los servicios básicos de proximidad", cuyo futuro está "amenazado" por la Ley de Racionalización y sostenibilidad de la Administración local.   

La reducción del gasto en 2.212 millones de euros entre 2011 y 2013 afecta, según los autores, a la oferta de servicios y prestaciones del Sistema de Atención a las Personas con Dependencia, que no sólo se nutre de las aportaciones de las comunidades autónomas y ayuntamientos sino también de la Administración central, donde la "reducción del gasto es más importante aún".   

Según el informe, la "expresión más nítida" de esta situación es la "contención" del número de beneficiarios dependientes desde julio de 2012 y la caída por primera vez de los mismos en 2014, que vincula al descenso de prestaciones en el ámbito familiar, los servicios de atenciones domiciliares y la teleasistencia. Los servicios residenciales y en centros de día aumentan, pero en cantidades menos importantes.   

Para la Asociación Estatal de Directores y Gerentes, un dato "desalentador" es que en los dos últimos años (2013 y 2014) no se ha aprobado ninguna Ley de servicios sociales, ni catálogo ni plan estratégico, excepto en Andalucía --anteproyecto de ley de nueva generación-- y País Vasco y Castilla y León --están elaborando sendos planes estratégicos--.

De la pobreza a la exclusión social   

El informe señala que, tras aplicar el 'índice DEC', sólo País Vasco presenta un nivel de desarrollo 'medio-alto' de sus servicios sociales, mientras que siete alcanzan un nivel 'medio-bajo: Navarra, La Rioja, Asturias, Cataluña, Cantabria y Castilla-La Mancha. Tres comunidades tienen una calificación de 'débil', como Aragón Extremadura y Baleares.   

En las seis autonomías restantes --Andalucía, Madrid, Galicia, Murcia, Canarias y Valencia-- el desarrollo de los servicios sociales se califica de 'irrelevante'. "Resulta preocupante que en algunos territorios el índice de pobreza humana (Iph) se incrementa sensiblemente entre 2007 y 2012 y su sistema de servicios sociales presenta un bajo desarrollo", advierte el informe, que señala en este caso a Extremadura, Canarias, Andalucía o Valencia.   

En el otro extremo se sitúa País Vasco, Cantabria La Rioja y Castilla y León que con buenos resultados en el 'índice DEC' han rebajado sus índices de pobreza durante la crisis económica. Hay comunidades con los servicios sociales con bajo desarrollo pero como tienen bajas tasas de desempleo han mejorado el índice de pobreza, como es el caso de la Comunidad de Madrid o de Galicia.

Un trabajador social por cada 7.916 habitantes   

El 'índice DEC' pone en evidencia las cifras tan dispares que se dan entre comunidades autónomas en cuanto al desarrollo de sus servicios sociales. Como ejemplo, un trabajador de plantilla en los servicios básicos municipales en Navarra por cada 720 habitantes frente a un trabajador por cada 7.916 habitantes en la Comunidad de Madrid.   

Otras diferencias se reflejan en que el 2,5% de la población en La Rioja recibe prestaciones o servicios del Sistema de Dependencia frente al 0,5% de Canarias; o que en el País Vasco se beneficien de las rentas mínimas de inserción uno de cada 16,9 personas y en Castilla-La Mancha uno de cada 355,8 personas.

Un referente

Por su parte, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, se ha felicitado de que Castilla y León se haya convertido en "referente" de los servicios sociales en España, tras publicarse los datos del 'Índice DEC 2014', de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que la coloca en esta materia en segunda posición tras Euzkadi.   

En el análisis de la situación en Castilla y León, Marcos ha resumido que los datos demuestran que en la Comunidad "no hay personas esperando a percibir las prestaciones por dependencia que les corresponden por derecho", en referencia a mayores, discapacitados y víctimas de violencia de género.   

Y ello, tal y como ha enfatizado la consejera, es fruto del trabajo y del buen hacer de los profesionales adscritos a los servicios sociales "que trabajan día a día por los que más lo necesitan" y también gracias al modelo de trabajo diseñado por el Ejecutivo autonómico en la materia y a la innovación, incorporando nuevos programas como el de atención urgente de alimentos, de prevención de desahucios, así como la modificación de la Renta Garantizada de Ciudadanía con el fin de extenderla a personas que puedan necesitarla a causa de la crisis.   

Pero además, la titular de Familia e Igualdad de Oportunidades ha resaltado que los datos sitúan a Castilla y León y Baleares como únicas comunidades a las que se sitúa en situación de "perspectiva positiva" en cuanto a que siguen la línea correcta en materia de servicios sociales y que, por tanto, tienen garantizada la cobertura de los mismos.   

Aunque el Índice DEC ha puesto como únicos reparos los descensos en cuanto a la renta mínima de inserción y en el número de plazas para personas sin hogar, la representante de la Junta ha explicado que el primer índice obedece a que se toma como referencia de comparación el ejercicio de 2012 y aún no se había puesto en marcha la Renta de Ciudadanía, "que con la modificación de la misma en 2013 puso remedio a esta situación", mientras que en el segundo "no ha habido que aumentar las plazas de albergues ya que con el programa de desahucios se han resuelto el 90 por ciento de los casos y se ha conseguido que los afectados puedan seguir en sus casas".   

Por todo ello, la consejera ha insistido al mostrar su satisfacción por el hecho de que el informe avala que Castilla y León se ha convertido en "referente" en España en servicios sociales, y ello "gracias a la coordinación con el Tercer Sector, las ONG y las corporaciones locales a través de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), lo que ha permitido ser más eficientes y evitar duplicidades".