El PSCyL denuncia un recorte "brutal" de las ayudas a los dependientes por una "decisión política" de la Junta

El portavoz del PSCyL en las Cortes, Jorge Félix Alonso, ha denunciado hoy públicamente que los dependientes de la Comunidad acogidos a la prestación económica de cuidados en el entorno familiar han visto reducidas "brutalmente" sus ayudas a causa de una "decisión política" de la Junta, al aplicar ésta desde 2012 una orden autonómica mucho más restrictiva que la contemplada por el departamento de la ministra Ana Mato.   

Por ello, el procurador socialista, quien ha acusado a la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, y por extensión al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, de cometer una auténtica "injusticia" que afectaría en Castilla y León a 22.701 dependientes, ha anunciado la presentación de una proposición no de ley para instar al Ejecutivo autonómico a aplicar a este colectivo los criterios de la resolución aprobada el 13 de julio de 2012 por la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, en lugar de la criticada orden de ámbito regional de fecha 30 de julio.   

Precisamente, esa resolución ministerial recoge el acuerdo del Consejo Territorial de la Dependencia, órgano, recuerda el socialista, presidido por la propia ministra y del que forma parte Milagros Marcos, al igual que los consejeros del resto de CC.AA, que en su mayoría, pese a no ser vinculante por contar cada una con competencias en la materia, lo están aplicando a sus dependientes con prestaciones reconocidas en el entorno familiar.

Pérdidas de hasta 184 euros mes   

Y es que, tal y como ha expuesto Alonso, la no aplicación por parte de la Consejería de Familia de los criterios y fórmulas establecidos por el Consejo Territorial de la Dependencia ha supuesto un "recorte brutal" en las prestaciones económicas de cuidados en el entorno familiar y de apoyo a cuidadores no profesionales, con pérdidas que oscilarían mensualmente entre los 14,44 euros, en casos de dependientes de grado 1, y los 184,19 euros en afectados de grado 3.   

El socialista ha insistido en que la razón de ello no es más que una "decisión política" de la Junta debido a que el PP de Castilla y León tenía ya tomada una postura con anterioridad a la adoptada por el Consejo Territorial de la Dependencia, al tiempo que ha justificado sus críticas en las también efectuadas por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales y del propio Procurador del Común, Javier Amoedo, que ha llegado a calificar de "ridículas", en muchos casos, las ayudas percibidas por los afectados.   

"La consejera de Familia ha justificado los tremendos recortes diciendo que es una prestación que la ley considera excepcional, pero lo que no dice es que hay esa resolución del Gobierno de España que establece unos criterios determinados para recibir las ayudas que si se aplicaran en Castilla y León habría casos de personas que percibirían un 90 por ciento más", ha incidido el portavoz socialista de Familia en las Cortes, que también considera que ha quedado "desmontada" la justificación de Marcos cuando ésta enmarca la reducción de las cuantías para cuidados en el entorno familiar en el objetivo de favorecer los prestados por profesionales.   

De hecho, Alonso asegura que tal afirmación no responde a la realidad por cuanto desde 2012 no sólo se ha reducido en 3.625 el número de beneficiarios dependientes con derecho a prestación sino también los usuarios de residencias (-1.114) y centros de día (-892).