El Consejo de Cuentas ve "salvedades" en la aplicación de la norma de contratación por la Junta que dañan la transparencia

El Consejo de Cuentas ha advertido de "salvedades" en la aplicación de la normativa de contratación por parte de la Junta que "afectan" al principio de transparencia de los procedimientos, aunque, en términos generales según el informe de 2011, cumple "razonablemente" con la legalidad aplicable.   

Así se extrae del informe sobre contratación en el ámbito de la Administración General e Institucional de la Comunidad durante 2011, donde organismo estatutario ha apreciado una "mejoría" en determinados aspectos de la contratación en relación con informes precedentes. "Con carácter general los expedientes están más completos y documentados", se señala en el informe.   

No obstante, el Consejo entiende que hay "deficiencias" en los criterios de valoración de ofertas en los pliegos de cláusulas administrativas, así como "inadecuada" motivación en la tramitación de suspensión de la ejecución de contratos, de modificados y prórrogas. En opinión del Consejo, en la Gerencia Regional de Salud se observa fraccionamiento de contratos tramitados como menores.   

El Consejo de Cuentas de Castilla y León ha hecho entrega este martes en las Cortes regionales del informe sobre 'La contratación administrativa celebrada en el ámbito de la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma' correspondiente al ejercicio 2011, aprobado en su última sesión plenaria e incluido en el Plan Anual de Fiscalizaciones de 2012, según han informado fuentes del organismo.   

Según la información del Registro Público de Contratos de la Administración de Castilla y León y de los órganos de contratación, la Administración de la Comunidad Autónoma adjudicó en 2011 un total de 6.122 contratos por importe conjunto de 474,6 millones de euros. La fiscalización ha seleccionado una muestra de 70 contratos por un importe de 124,9 millones de euros, lo que representa un 26,3 por ciento del total adjudicado.   

Como resultado del trabajo efectuado, el Consejo ha considerado que  la Administración General e Institucional de la Comunidad cumple "razonablemente" con la legalidad aplicable, excepto por determinadas salvedades que afectan al principio de transparencia de los procedimientos establecido en la Ley de Contratos del Sector

Público (LCSP), puestas de manifiesto en el informe de fiscalización  
Las alegaciones formuladas por los distintos órganos de contratación han sido objeto de un análisis "pormenorizado" y se ha apreciado una "mejoría" en determinados aspectos de la contratación en relación con informes precedentes, aunque no en todos los casos esta mejora ha sido suficiente para no considerar una incidencia.   

Según el informe con carácter general los expedientes están más completos y documentados, en cuestiones como la publicidad en el perfil del contratante; el contenido de los pliegos de cláusulas administrativas, especialmente en la definición de los criterios no aplicables de forma automática mediante fórmulas matemáticas o la cuantificación de los gastos de publicidad; y la incorporación de los recursos procedentes en las notificaciones que se comunican a los licitadores.   

El informe refleja que la contratación no comunicada por la Administración de la Comunidad al Registro Público de Contratos de Castilla y León ascendió a 186 expedientes por cuantía de 27,2 millones de euros, un 5,7 por ciento del importe de la contratación total.   

Desde el punto de vista de la organización de los diferentes órganos de contratación se han detectado incidencias relacionadas  principalmente con la estructura competencial y con la aplicación de la normativa presupuestaria. No se han encontrado incidencias destacables en la aplicación de los mecanismos de control interno.

Procedimiento de contratación   

Se pone de manifiesto el cumplimiento razonable del inicio en la tramitación de los procedimientos abiertos, se justifica así la necesidad y la existencia de crédito adecuado y suficiente para atender el gasto. No obstante, el Consejo de Cuentas ha entendido que en cuatro expedientes no parece justificada la necesidad del contrato a la vista de su objeto, lo que constituye una externalización de funciones administrativas competencia de las entidades contratantes   

"En los cuatro contratos de la muestra con tramitación de urgencia, ésta no se justificó suficientemente. Los cinco contratos de la muestra adjudicados por procedimiento negociado sin publicidad por razones de exclusividad, adolecen de una justificación suficiente para esta especial modalidad", ha señalado el Consejo de Cuentas en el informe.