De Santiago-Juárez cifra en 280 millones el ahorro que supondrá la reforma de la Administración

El consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, ha asegurado que con las 65 medidas aprobadas en enero y la futura Ley de Reforma de la Administración se llegará a un ahorro de 280 millones de euros, por lo que ha confiado en que finalmente se pueda cerrar un acuerdo en torno a esta normativa.   

De Santiago-Juárez ha defendido estas cifras en su intervención ante la Cámara para debatir la enmienda a la totalidad presentada por el PSOE a este Proyecto de Ley, una petición de devolución que finalmente ha sido rechazada con el voto en contra del PP.   

El portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, José Francisco Martín, ha defendido la enmienda socialista y ha puesto en duda las cifras planteadas por el consejero de la Presidencia, al tiempo que ha tachado la norma de "ley saco" porque modifica otras 44 leyes y ha considerado que "genera más problemas de los que resuelve".   

"Se trata de un Proyecto de Ley en contra de los intereses públicos, en contra d ellos empleados públicos, en contra de la transparencia y en contra del fortalecimiento de los servicios públicos", ha lamentado el procurador socialista.   

En su argumentación, Martín ha asegurado que la Junta ha reducido sus plantillas en 3.000 empleados públicos, una situación a la que hay que sumar las "irregularidades y corruptelas" que "empañan" la gestión de las empresas públicas y fundaciones de la Junta y la externalización de funciones que "encarecen y duplican" el coste de servicios.   

De este modo ha lamentado que esta norma no aborde "ninguno de estos problemas" y, sin embargo "somete a la administración a un proceso de delimitación de servicios para evitar ataques".   

Asimismo, ha insistido en que la austeridad que, como ha defendido el consejero de la Presidencia, se ha practicado por parte de la Junta "no está probada" y se "desconoce" su repercusión económica, tras lo que ha considerado que la norma "abre la puerta" a la privatización de servicios.   

Finalmente, Martín ha asegurado desconocer por qué la norma se tramita con "urgencia", ya que, a su juicio, "no es oportuno un cambio de modelo".   

Tras esta intervención, el procurador del PP Salvador Cruz ha defendido la norma por ser "importante para el conjunto de los ciudadanos", tras lo que ha insistido en que la administración de la Comunidad es "austera". "Esta norma pone de manifiesto el afán reformista del Gobierno", ha señalado.   

"No hemos sido conformistas y hemos continuado un proceso reformista", ha manifestado Cruz, quien ha insistido en que el voto del PP en contra de la enmienda socialista se basa en que la norma logrará una administración "más eficiente" y "optimizará recursos".   

Por último, el procurador del Grupo Mixto José María González ha apoyado la enmienda socialista porque el proyecto de ley "disminuye la seguridad jurídica" y limita la participación de los empleados públicos en la negociación. "Es una degeneración democrática".

La Ley   

El Proyecto de Ley de Medidas para la Reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León modifica un total de 44 normas para la ejecución y desarrolla las 65 medidas fijadas por el Ejecutivo el pasado mes de enero para reordenar la Administración.   

Según ha detallado el portavoz y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, este proyecto de ley se estructura en tres bloques que afectan a los recursos humanos y a la simplificación y organización de una administración "más eficaz, más ágil, más modernizada y mejor adaptada a las necesidades del siglo XXI".   

Las medidas referentes a recursos humanos buscan regular y mejorar las posibilidades de hacer frente a las necesidades temporales de personal, simplificar las funciones del Consejo de Función Pública y simplificar la tramitación y aprobación de las relaciones de puestos de trabajo -RPT- y plantillas que se realizará por acuerdo de la Junta y no por decreto, como hasta la fecha.   

El Proyecto de Ley consta de 42 artículos, estructurados en cuatro títulos: uno preliminar y tres dedicados respectivamente a las medidas sobre recursos humanos, simplificación y organización; este último se desglosa en cuatro capítulos: organización de la Administración de la Comunidad, órganos de Cooperación Local, coordinación interdepartamental y órganos de asesoramiento y participación. Por último, se añaden tres disposiciones transitorias, una derogatoria y dos finales.