Amilivia aboga por dar a conocer el Tribunal de Recursos Contractuales, que ha dictado 43 resoluciones en 2014

El presidente del Consejo Consultivo y del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, Mario Amilivia, ha apostado este lunes por dar a conocer esta última institución que, en lo que va de año, ha dictado 43 resoluciones frente a las 75 sobre una cuantía de 400 millones con que cerró 2013.   

Amilivia, quien acompañado por los consejeros Fernando Rey y Ángel Velasco y por la letrada-jefe, María García Fonseca, ha entregado la Memoria de 2013 del Consejo a la presidenta de las Cortes, María Josefa García Cirac, ha asegurado posteriormente, en declaraciones a los medios, que hasta el mes de junio el Tribunal ha dictado 43 resoluciones vinculadas a "contratos muy importantes".   

El trabajo de este órgano, que busca garantizar la libre concurrencia a los concursos para contratación, aún no es suficientemente conocido por los ciudadanos aunque sí por los agentes jurídicos y las administraciones, según su máximo responsable, quien ha explicado que las resoluciones vinculadas a la Junta tienen que ver, especialmente, con el campo sanitario mientras que las de los ayuntamientos, con concesiones y gestión de servicios públicos.   

"Se debería aprobar una memoria específica del Tribunal", ha apuntado su presidente antes de reconocer la necesidad de realizar un "esfuerzo de pedagogía" para darlo a conocer ya que, ha incidido, su carácter pre-contencioso evita mucha litigiosidad, lo que a su vez redunda en un ahorro de dinero público.   

La creciente actividad del Tribunal compensa el descenso de dictámenes "que carecían de sentido" --"los que hay tienen cada vez más relevancia jurídica"--, lo que ya se han plasmado en una reducción próxima a las 200 entre los años 2013 (883) y 2014, que previsiblemente cerrará con cerca de 600.   

Mario Amilivia se ha referido también a la entrada en vigor de la ley que modificó la organización y el funcionamiento de las instituciones de la Comunidad en 2013, que por ello fue un ejercicio "distinto" en el que se afrontaron los cambios derivados de esta nueva normativa, lo que a su juicio no ha dificultado el funcionamiento "idóneo" del Consultivo.   

Como ya lo hiciera en el acto de presentación de la Memoria, el presidente del Consejo Consultivo se ha referido a la "demora reiterada e injustificada" por parte de las administraciones en la tramitación de las reclamaciones de los ciudadanos, lo que a su entender colisiona con el derecho de todos a una buena administración.   

Esta advertencia nace de las cifras correspondientes al año 2013, que muestran cómo en el 54 por ciento de los dictámenes aprobados el año pasado se hacía notar el excesivo tiempo transcurrido desde que se iniciaba el procedimiento hasta que se formulaba la propuesta de resolución.

Los datos   

La Memoria 2013 del Consejo Consultivo de Castilla y León, difundida ya el pasado 25 de marzo y que será presentada en el marco de la correspondiente comisión parlamentaria, lo que va a posibilitar "más transparencia" y el debate de los grupos, recoge la emisión de 883 dictámenes (todos derivados de consultas preceptivas menos una de carácter facultativo) y la asunción, por parte de las administraciones, de un 97 por ciento de sus recomendaciones .   

Ya en aquel pleno, celebrado en la sede del Consultivo en Zamora, Amilivia explicó que del global de expedientes, los más numerosos son los derivados de consultas de responsabilidad patrimonial (742); por detrás se emitieron 45 sobre revisión de oficio de los actos administrativos; otros 45 de carácter jurídico-normativo; 31 sobre proyectos de decreto; 13 sobre anteproyectos de ley y uno sobre legislación delegada.   

En cuanto al sentido de los dictámenes, 521 de ellos fueron desestimatorios, 125 estimatorios y 91 estimatorios parciales, correspondiendo el resto a otro tipo de asuntos.   

En un total de 685 ocasiones, es decir en un 77,6 por ciento del total de las consultas, existió plena coincidencia entre la propuesta de resolución administrativa y el sentido final de los dictámenes, todo ello sin perjuicio de la decisión adoptada finalmente por la Administración, en la que también existe una alta coincidencia, y se eleva este porcentaje a más del 97 por ciento.   

En comparación con 2012 se registró un ligero descenso en los dictámenes sobre responsabilidad patrimonial, pasando de 833 a 742, mientras que el número de dictámenes sobre responsabilidad patrimonial sanitaria subieron un 22 por ciento, pasando de 200 en 2012 a 245.

Por provincias e instituciones   

León volvió a encabezar la estadística de dictámenes por provincias con 171, el 19,4 por ciento del total, seguida de Burgos con 136 (el 15,4 por ciento), Valladolid con 129 (14,6 por ciento) y Salamanca con 123 (14 por ciento).   

En el balance de actividad de 2013, un total de 527 consultas dictaminadas (el 60 por ciento del total) fue remitido por la Administración autonómica; 354 (el 40 por ciento) por la Administración Local (Diputaciones, Ayuntamientos y Juntas Vecinales) y el resto, dos, por las Universidades de León y Burgos, respectivamente.   

Por consejerías, las que más dictámenes registraron fueron la de Sanidad con 258, y Fomento y Medio Ambiente con 170; seguidas de las de Educación con 36, Hacienda 16, Economía y Empleo 15, Familia 14, Presidencia 9, Agricultura y Ganadería 6 y Cultura y Turismo 3.   
Por capitales de provincia, Burgos con 60 dictámenes fue el Ayuntamiento que más consultas remitió al Consejo Consultivo, especialmente sobre las referidas a los daños por el mobiliario urbano; seguido por el Ayuntamiento de Salamanca con 31; Palencia 24; Segovia 23; León seis; Ávila cuatro; Valladolid tres; Soria dos y Zamora uno.