CC.OO propone el IVA superreducido para todos los alimentos y gravar menos el consumo energético en el hogar

El sindicato Comisiones Obreras ha propuesto una reordenación de los diferentes tipos del IVA para gravar al mínimo (4 por ciento) todos los bienes y servicios relacionados con la alimentación y no sólo los más básicos, como ocurre en estos momentos, con un 10 por ciento y no un 21 para el consumo energético relacionado con el hogar.   
Según ha asegurado el secretario estatal de Protección Social y Políticas Públicas de CC.OO., Carlos Bravo, esta reordenación impositiva inyectaría en el bolsillo de los ciudadanos un total de 3.888 millones de euros anuales que irían directamente al consumo, una de las reactivaciones que necesita el país, según sus palabras.   

Esta es una de las principales propuestas impositivas realizadas desde Comisiones Obreras en una apuesta por un sistema fiscal "suficiente, transparente, justo y equitativo" que busca reducir el fraude y la elusión fiscal y reconsiderar los beneficios y las reducciones fiscales,  que, en cualquier caso, "deben ser pocos y justificados", para transformarse en ayudas directas a aquellos que verdaderamente lo necesitan.   

"España necesita una gran reforma fiscal, que es la madre de todas las reformas", ha defendido el secretario regional de CC.OO., Ángel Hernández, quien se ha encargado de trasladar la propuesta de Comisiones Obreras a la consejera de Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, en el primer encuentro del sindicato con un representante autonómico para tratar de buscar la suficiencia de ingresos y la responsabilidad de cada administración ante la próxima reforma del sistema financiero.  

En el mismo sentido se ha pronunciado Carlos Bravo, que ha aclarado que la propuesta fiscal de CC.OO no busca más tipos impositivos, sino recaudar lo que se necesita para poder rebajar el actual déficit y la deuda y dar más capacidad a las administraciones para intervenir en la economía con políticas de estímulo y de creación de empleo.   

Bravo ha advertido de que el fraude y los mecanismos legales de elusión impositiva son los principales problemas de España en términos de recaudación, de modo que países como Portugal, Polonia o Grecia con mayor economía sumergida recaudan más que España vía impuestos. Así, ha cargado especialmente contra la actual tributación del Impuesto de Sociedades que, a pesar de ser de los más altos, tiene una de las recaudaciones más bajas ya que cuanto más pequeñas son las empresas más pagan, y viceversa.   

"Que los tipos se cumplan y que desaparezcan las deducciones y bonificaciones que no benefician a todos por igual", ha reclamado el sindicalista, para quien es necesaria una tributación en función de la renta o la riqueza, a lo que ha sumado la necesidad de hacer uso del "amplio margen" impositivo en todo lo relacionado con los impuestos especiales (hidrocarburos, tabaco o alcohol) y medioambientales.   

"Bastaría con un aumento del 0,4 por ciento", ha calculado el sindicalista quien, tras asegurar que hay "gran margen de recorrido" también desde la imposición directa, ha cifrado en 30.000 millones de euros la recaudación adicional que supone su propuesta.   

Carlos Bravo ha abogado por último por un sistema de renta mínima garantizada para los 1,5 millones de ciudadanos (700.000 hogares) que están fuera del sistema de protección social y que debería estar ligado en cualquier caso a unos itinerarios de inserción que sirvan también como estímulo a la actividad económica y al consumo.

Subida del tramo autonómico del IRPF   

Los responsables de Comisiones Obreras en Castilla y León han vuelto a reivindicar su alternativa a la política presupuestaria y económica de la Comunidad basada en una subida progresiva del tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas focalizada en las rentas más altas y en la introducción de un límite máximo en todas las deducciones autonómicas en el IRPF existentes en la Región, junto a una disminución de la reducción general existente en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones de 175.000 euros a 60.000 euros.   

Del mismo modo, ha abogado por una reforma del impuesto sobre Patrimonio para dotarlo de una mayor capacidad recaudatoria y ha pedido desarrollar una fiscalidad medioambiental específica que alcance al 0,25 por ciento del PIB mediante la introducción de nuevos impuestos medioambientales que graven efectos externos negativos y un impuesto para las grandes superficies comerciales y la apertura de establecimientos comerciales en días festivos y otro para las pernoctaciones turísticas en la Comunidad.