CC.OO propone una comisión para abordar el traspaso de competencias que exigen la reforma local y la ordenación territorial

El secretario de CC.OO en Castilla y León, Ángel Hernández, ha propuesto hoy crear una comisión integrada por la Junta, los sindicatos y la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) con el fin de analizar el proceso de transferencias que llevará aparejado la aplicación en la Comunidad de Ley de Régimen Local, también llamada Ley Montoro, y la Ley de Ordenación del Territorio (LOT) regional para velar por que dicho proceso no se traduzca en la destrucción de empleo público.   

La propuesta la ha realizado el líder regional de CC.OO minutos antes de participar en Valladolid en la sede del CES, junto al portavoz de Jueces por la Democracia en Castilla y León, Miguel Ángel Martín, en la jornada titulada 'Despidos y reorganizaciones en la función pública', que reúne a profesionales de Justicia, abogados de los servicios jurídicos del sindicato organizador y sindicalistas que trabajan en las administraciones públicas con el fin de analizar el empleo público y las repercusiones que tienen los ajustes de plantillas en los ámbitos judiciales.   

Así, Hernández considera que se plantean nuevos "escenarios de preocupación" en el proceso de adaptar la Ley de Régimen Local y la LOT y el traspaso de competencias que el mismo supondrá de facto, bien desde las entidades locales a la Junta o bien desde las primeras a las diputaciones, "pues habrá que determinar quién va a prestar esos servicios a la ciudadanía, no sea que en esta borrasca se engorden las listas del Ecyl con empleados públicos".   

Ante ello, y tomando como referencia la experiencia vivida ya hace años en la fase de asunción de las trasferencias del Inem, educación, servicios sociales y sanidad, que motivaron la creación de una mesa negociadora entre la Junta, la patronal y los sindicatos, Hernández ha instado al Ejecutivo autonómico a seguir el mismo ejemplo para constituir una comisión, dando cabida también a la FRMP, al objeto de ver cómo se armoniza ese proceso, "pues en el medio hay empleados públicos, laborales, empresas de mancomunidades y trabajadores de empresas privadas al servicio de las administraciones".

Mala experiencia en regiones con justicia transferida   

Por su parte, el máximo representante de Jueces por la Democracia en Castilla y León, Miguel Ángel Martín, ha aprovechado para denunciar públicamente que la función pública atraviesa por un "panorama lamentable" ya que se están dando casos de despidos encubiertos o de sustitución de personal de carrera por trabajadores interinos o de libre designación, situación todavía peor en el ámbito judicial, "donde se producen retrasos en la tramitación, las bajas no se cubren hasta los dos meses y tan sólo se repone una de cada diez jubilaciones".   

En este contexto, Martín ha hecho referencia a que el proceso de transferencias en materia de Justicia a Castilla y León ha "desaparecido" del escenario debido, como así ha apuntado, a que el principal problema es el económico.   

"Realmente no ha habido interés. No sé si quedan cinco o seis autonomías que siguen dependiendo del Ministerio de Justicia, y todo eso implica dinero y una inversión previa antes de asumir la competencia", ha declarado Martín, titular del Juzgado de lo Penal 3 de Valladolid.   

Éste, aun cuando entiende que el Ejecutivo regional debería reclamar el traspaso de competencias, ya que así aparece recogido en el Estatuto de Autonomía, considera no obstante que la asunción de la Justicia por parte de la Junta no tiene por qué mejorar necesariamente su funcionamiento. "El ejemplo es que en aquellos territorios que han recibido esta competencia la situación de los juzgados es peor aún en cuanto a medios personales y materiales se refiere", ha sentenciado el juez.   

La jornada celebrada esta mañana bajo el título 'Despidos y reorganizaciones en la función público' ha servido igualmente para que CC.OO y Jueces por la Democracia consensúen un manifiesto en favor del derecho a la tutela judicial efectiva de los empleados públicos, ya que los firmantes del mismo entienden que el Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita aprobado por el Gobierno del PP supone, en palabras de Ángel Hérnández, poner un "bozal" a los empleados públicos, a quienes se obliga a pagar tasas cuando litigan por sus derechos laborales en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.