Unanimidad para tramitar como proyecto de ley y por urgencia la clarificación de la Reforma Local

Los tres grupos parlamentarios representados en las Cortes han dado el visto bueno a la tramitación como proyecto de ley y por el trámite de urgencia, lo que deja invalidada la presentación de enmiendas a la totalidad, el decreto-ley de medidas urgentes para garantizar y dar continuidad a la prestación de los servicios públicos que pretende clarificar las competencias de las entidades locales tras la entrada en vigor de la "compleja" Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, la Reforma Local del Gobierno.   

Así lo han acordado los tres grupos en el debate para la convalidación del Decreto-Ley de la Junta  sobre la materia que entró en vigor el pasado 1 de abril y que hoy ha recibido a su vez el apoyo de los dos grupos mayoritarios con la abstención del Grupo Mixto, que ha advertido al Gobierno autonómico de que no aproveche esta norma como "medida propagandística" con el único objetivo de "tapar el gran boquete" que ha supuesto la denominada "Ley Montoro".   

Por su parte, el representante de los socialistas en este debate, Francisco Ramos, ha condicionado el voto favorable de su grupo a la tramitación del Decreto como proyecto de ley para poder mejorar así su contenido e impedir que ni un sólo ciudadano de Castilla y León se quede excluido de la prestación de servicios públicos por parte de las entidades locales, ante el riesgo en el que están en estos momentos 3 millones de ciudadanos en todo el país, según un estudio.   
Ramos ha definido el Decreto-Ley de la Junta como "de cuidados paliativos" por lo que ha insistido en la necesidad de mejorar su contenido en el Parlamento para convertir esa norma en una "ley de salud" en defensa de los ayuntamientos y, especialmente, de los servicios sociales municipales.   

Desde las filas 'populares', el viceportavoz, Juan José Sanz Vitorio, ha defendido la conveniencia del Decreto-Ley de la Junta para clarificar la "compleja" y "complicada" ley estatal que, según ha admitido en coincidencia con el propio consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, "necesita ser interpretada" para dar certidumbre a los ayuntamientos y entidades locales menores respecto a sus competencias.

Trabajar en lo importante   

Dicho esto, Sanz Vitorio ha hecho un llamamiento a los grupos, especialmente al socialista, para que dejen a un lado la "política pequeñita y de juguete" y se pongan a trabajar a partir de mañana en "lo importante", en referencia al necesario desarrollo de la Ley de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma. "Trabajemos en lo importante y desde el sentido de la responsabilidad para que así sea", ha reclamado.   

Por su parte, el consejero de la Presidencia ha defendido la conveniencia del Decreto-Ley aprobado por la Junta para evitar "resultados indeseables" o disfunciones en la prestación de servicios públicos, con la correspondiente repercusión en los ciudadanos, evitar vacíos competenciales, especialmente en materias como la sanidad, la educación o los servicios sociales, y asegurar que no se incrementa el coste para las administraciones.   

Del mismo modo, se ha mostrado convencido de que este Decreto va a ser seguido por la mayoría de gobiernos de las comunidades autónomas que quieran apoyar de verdad los servicios de proximidad, independientemente de que hayan apoyado otras iniciativas respecto a la Reforma Local del Gobierno.  

"Ofrecemos herramientas que van a permitir solventar las múltiples problemas", ha asegurado también el consejero, quien ha reiterado que la norma aprobada por la Junta se ha basado en una lectura "constitucional, estatutaria y municipalista" de la Reforma Local del Gobierno, a diferencia de lo que han mantenido "otros" en un planteamiento "equivocado".   

De Santiago-Juárez ha reconocido por último la "singular" importancia de la Reforma Local del Gobierno para Castilla y León y ha aprovechado la ocasión para aclarar que los ayuntamientos no son el problema sino que "forman parte de la solución" al prestar servicios públicos de calidad y de cercanía en un territorio tan amplio.   

El Decreto-ley convalidado este miércoles está estructurado en cinco artículos en los que se regulan las competencias de los municipios de Castilla y León y que contemplan, no sólo esos "mínimos" que regula la Reforma Local del Gobierno, sino las competencias atribuidas por otras leyes sectoriales del Estado, como es el caso de la Dependencia, y las conocidas como "competencias impropias" reguladas por las leyes autonómicas.   

El consejero ha explicado que la nueva legislación de la Junta recoge el requisito del Gobierno para los casos en los que las entidades locales pretendan desarrollar competencias complementarias, las que no son propias ni delegadas, en los que será necesario un informe que acredite la inexistencia de duplicidades y que será emitido por la Consejería de la Presidencia, y un segundo informe sobre el riesgo para la sostenibilidad financiera del conjunto de la hacienda local que será emitido en este caso por el departamento de Hacienda.

Garantía de pago de la Junta   

La nueva norma establece también cómo debe realizarse la adaptación antes del próximo 31 de diciembre de los convenios entre la Junta y los ayuntamientos, los acuerdos y los demás instrumentos de cooperación para esas competencias complementarias que incluirán como novedad una "garantía de pago" por parte del Gobierno autonómico con compromiso de fecha que, de no satisfacerse en tiempo, se quitará de las entregas a cuenta a la Comunidad.   

Cuando una consejería quiera adaptar los convenios de delegación de competencias también habrá que contar con el visto bueno del Departamento de Hacienda.   

La norma dedica un artículo a las competencias en materia de educación, salud y servicios sociales que, en el caso de las previas a la entrada en vigor de la Reforma Local, se mantendrán en los actuales términos hasta que sean asumidas por parte de la Comunidad, para lo que habrá que modificar antes los modelos de financiación autonómica y local.   

El resto de competencias en educación, salud y servicios sociales atribuidas a las entidades locales, como el mantenimiento y limpieza de consultorios, seguirán siendo ejercidas por estas, "sin perjuicio de las competencias atribuidas a las diputaciones provinciales en orden a la coordinación del servicio de mantenimiento y limpieza de los mismos en los municipios de menos de 5.000 habitantes y de las competencias que corresponden a la Comunidad en orden a la planificación general, prestación y dotación de medios sanitarios en todos ellos".