De Santiago-Juárez cree bueno armonizar el sistema fiscal para que todas las autonomías conozcan y tengan las mismas reglas de juego

El portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, ha considerado conveniente armonizar el sistema fiscal en España de modo que todas las comunidades autónomas tengan y conozcan las mismas reglas de juego.   

De este modo se ha pronunciado el portavoz a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno sobre la propuesta de reforma fiscal elaborada por el Comité de Expertos que llevará mañana al Consejo de Ministros el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro.   

Dicho esto, ha ironizado sobre las filtraciones de este tipo de documentos y se ha mostrado convencido de que "hoy no toca" hablar de este asunto y sólo de la reivindicación de un modelo de financiación "suficiente" para prestar las 112 competencias que tiene atribuidas Castilla y León y que el actual sistema no cubre, como ha demostrado la Junta en un documento entregado ya al Ministerio de Hacienda.   

En el mismo sentido se ha pronunciado la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, quien ha reconocido que era un poco pronto para pronunciarse sobre esa propuesta de reforma fiscal ya que, en cualquier caso, lo que se va a conocer es una propuesta de un comité de expertos de la que tiene que derivar después una decisión por parte del Gobierno de España.   

"Eso obligará a revisar el modelo fiscal de Castilla y León como en todas las comunidades autónomas", ha admitido Del Olmo, quien ha reconocido que una parte importante de la actual financiación viene precisamente de la recaudación cedida por impuestos como el IRPF (el 50 por ciento) o los impuestos especiales (58 por ciento), "lo que afectará también a la financiación".   
Los nueve expertos designados por el Gobierno y encabezados por el catedrático Manuel Lagares han intensificado sus reuniones en las últimas semanas y están terminando de retocar algunos aspectos de la citada reforma antes de entregársela al Gobierno y hacerla pública este viernes.   

La entrega de la propuesta se retrasó una semana por la participación del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Congreso del Partido Popular Europeo en Dublín (Irlanda).   

Una vez presentada, el Ejecutivo empleará los meses de marzo y abril para elaborar su propia reforma, con la idea de enviarla al Parlamento en el mes de junio, tras recibir los informes consultivos de los distintos órganos públicos, y tramitarla durante el segundo semestre del año para su entrada en vigor el 1 de enero de 2015.   
Aunque los expertos aún están ultimando algunos flecos de su propuesta, lo que parece claro es que propondrán una simplificación de los impuestos directos, IRPF y Sociedades, y una rebaja de los mismos, con un ensanchamiento de bases imponibles para asegurar que no hay una gran pérdida de recaudación. A su vez, es previsible que apuesten por un incremento del IVA y de los impuestos especiales, especialmente los que gravan alcohol, tabaco y gasolinas.   

El Gobierno ya ha adelantado que su intención con esta reforma global, que afectará a todas las figuras impositivas, es apuntalar el crecimiento económico y la creación de empleo, favorecer el ahorro y la internacionalización empresarial, e introducir ventajas fiscales para familias y dependientes.

Primeros 12.000 euros exentos   

Durante el Debate sobre el estado de la Nación, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció que el mínimo exento en el IRPF se elevará a 12.000 euros anuales, lo que beneficiará a 1,5 millones de contribuyentes, principalmente a 'mileuristas', y la rebaja del impuesto desde el 1 de enero de 2015 afectará a un total de 12 millones de contribuyentes, por lo que aproximadamente 7 millones tendrán que esperar a años sucesivos para reducir su carga fiscal.   

También en materia del IRPF, fuentes del Ministerio de Hacienda admitieron que el Gobierno es "sensible" a ciertas demandas, que muy probablemente los expertos incluirán en su propuesta, como limitar el régimen de módulos a aquellos autónomos que sólo facturen a los consumidores para evitar las facturas falsas, o establecer nuevas deducciones por servicios domésticos de las familias, como los gastos educativos, sanitarios, reparaciones del hogar o contratación de empleadas domésticas.   

El Ejecutivo también apuesta, y así quedará reflejado en la propuesta de los expertos, por simplificar tanto el IRPF como el Impuesto de Sociedades. Su modelo pasa por eliminar gran parte de las deducciones actuales en ambos tributos y por rebajar los tipos impositivos y el número de tramos en el IRPF.   

Lo que no parece dispuesto a hacer, a pesar de que es previsible que el comité de expertos así lo recomiende, es a eliminar con carácter retroactivo la deducción en el impuesto de la renta por adquisición de vivienda, suprimida para las adquisiciones desde el 1 de enero de 2013.

Favorecer fiscalmente la autofinanciación empresarial   

En el Impuesto de Sociedades, fuentes fiscales aseguran que el Ejecutivo quiere dejar de favorecer fiscalmente el endeudamiento financiero de las empresas, reduciendo los gastos deducibles por este concepto, y por el contrario incentivar a aquellas compañías que destinen parte de su capital a autofinanciarse en lugar de, por ejemplo, dedicar dicho capital al pago de dividendos.   

Respecto a otros tributos, el Gobierno baraja también subir el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto de Circulación, ambos en manos de los ayuntamientos, incrementos que se compensarían con rebajas en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP/AJD) y en el Impuesto de Matriculación, con la idea de favorecer tanto la compra de viviendas como la de vehículos, bienes que están acusando mucho la crisis económica.   

En cuanto al Impuesto sobre los Depósitos Bancarios, la idea del Ministerio de Hacienda es que el Estado fije el hecho imponible, para que sea igual en todas las comunidades autónomas, y el intervalo de tipos que puedan aplicarse, con la finalidad de que posteriormente cada una de ellas establezca el porcentaje que desee.   

En materia de tributación del ahorro, el Gobierno quiere fomentar que los ciudadanos guarden parte de su renta o la inviertan en planes o fondos de pensiones, por lo que se introducirán nuevos incentivos al ahorro. Tampoco se descarta que se vayan a aprobar otros impuestos medioambientales, en línea con el impuesto que grava los gases fluorados que ya aprobó el Ejecutivo.   

Por último, la propuesta de reforma fiscal de los expertos incluirá medidas para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, porque así se lo ha pedido el Gobierno, como la publicación de la lista de defraudadores y morosos, una medida ya anunciada por Hacienda hace varios meses.