Legal y demagógico, pero ineficiente

El Tribunal Constitucional ha decretado la constitucionalidad de la medida adoptada por el Gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha de quitar el sueldo a los diputados regionales -salvo unos pocos, la mayoría del PP, designados por la Mesa de las Cortes- que sólo podrán cobrar dietas. El recurso presentado por el PSOE planteaba si la retribución suficiente es una garantía del libre acceso y el libre ejercicio de los cargos representativos y si esas normas se podían cambiar a mitad de legislatura, en mitad del partido.

El TC ha dicho que "el sueldo no forma parte del núcleo esencial" del derecho al cargo y que no hay derechos consolidados. El tribunal entiende que no cobrar un sueldo no menoscaba la acción de control del Gobierno ni impide presentar enmiendas o solicitar información o pedir comparecencias. Y tiene razón. No lo impide pero lo hace mucho más difícil, casi imposible, porque esos diputados tendrán que estar trabajando a pleno rendimiento en sus empresas, en sus despachos, en el hospital o en la escuela. Y tendrán que pedir autorización para poder asistir a los plenos -con la consiguiente merma de su trabajo privado o público- y sólo podrán realizar su labor de diputados -estudiar proyectos de ley, entrevistarse con los ciudadanos o con sus representantes sociales, preparar enmiendas, analizar los actos de gobierno, etc.- cuando terminen su jornada laboral. Es decir, serán políticos de beneficencia que perderán dinero si se dedican a la política. Algo parecido se ha hecho en el Consejo General del Poder Judicial y es tan perverso que hemos pasado de un reparto del poder entre veinte consejeros -con algunos abusos, posiblemente, a un gobierno de media docena de personas con un poder infinitamente superior y casi sin posibilidad de ser controlados. La mayor parte de los consejeros ni están en su despacho ni se les espera. Trabajan "de oídas".

Soy partidario de políticos que conozcan la vida de la empresa, preferentemente privada, buenos profesionales, que cobren un sueldo digno que aparte de sus cabezas la tentación de coger lo que no es suyo. Que pasen por la política, no que se instalen en ella desde la adolescencia hasta la jubilación. Pero lo que se ha instaurado en Castilla-La Mancha -posiblemente con el aplauso con las orejas de muchos ciudadanos- es todo lo contrario. Solo los que sean ricos por su casa o los que tengan el apoyo económico del partido que les elige de entre la casta más fiel, podrán dedicarse a la política. Olvídense de que profesionales liberales de prestigio, como pasó en la transición, abandonen su trabajo durante unos años, para dedicarse al servicio público. Y estén atentos a los jinetes de la corrupción que van a  cabalgar libremente. Hay negocio. Si queremos políticos dignos, debemos exigir que trabajen y que tengan sueldos dignos. Con estas normas, a la política no irán nunca los mejores. Bajaremos aún más el nivel. Es legal, es demagógico y desprecia a los que deberían poder controlar al poder.