Del Olmo insta a Montoro a abordar en el nuevo modelo de financiación la discriminación de las normas forales vascas

La consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha instado hoy al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, a que analice en el proceso de negociación del nuevo modelo de financiación autonómica la "discriminación" que suponen las normas forales vascas porque, a su juicio, éstas conducen a las tres Haciendas Forales de Euskadi a una situación de "sobrefinanciación" que merma los recursos que llegan al resto de comunidades autónomas de régimen común.   

Del Olmo se ha pronunciado en tales términos durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda de las Cortes, donde, a solicitud del Grupo Socialista, ha comparecido con el encargo de aportar datos concretos sobre el impacto económico en Castilla y León de las denominadas ' vacaciones fiscales vascas', es decir, las repercusiones de las ventajas de que en materia de Impuesto de Sociedades gozan aquellas empresas que se instalan en Euskadi.   

La titular de Hacienda castellanoleonesa, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha reconocido la imposibilidad de contar con datos reales y concretos de dicho impacto, en primer lugar por el hecho de que Castilla y León no cuenta con competencias sobre el Impuesto de Sociedades y, por tanto, no está autorizada para solicitar información a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y las Haciendas Forales vascas, "pues lo contrario sería legal", así como por la "callada por respuesta" recibida en los últimos años del Gobierno central.   

En cualquiera de los casos, la consejera ha defendido los efectos claramente negativos que las ventajas fiscales vascas suponen para los territorios limítrofes y por ello ha porfiado en su solicitud dirigida a Montoro para que el nuevo modelo de financiación autonómica realice un profundo análisis de una cuestión "tan sensible" derivada de la "sobrefinanciación" de que gozan las Haciendas Forales vascas, especialmente en lo relativo a los trasvases del IVA e impuestos especiales, lo que repercute en los fondos que llegan al resto de territorios de régimen común, entre los que se encuentra Castilla y León.   

"Que se analice la foralidad vasca", ha reiterado Del Olmo, quien ha recordado que Castilla y León ha recurrido todo lo recurrible hasta ahora, en referencia a los ocho recursos de casación ante el Tribunal Supremo contra las ventajas fiscales vascas y el actual recurso de inconstitucionalidad que tiene interpuesto, a falta de resolver, contra el 'blindaje' del concierto vasco que supuso la Ley Orgánica 1/2010 de 19 de febrero y que impide a las CC.AA recurrir ante el Constitucional la normativa foral tributaria.   

Del Olmo ha explicado que las sociedades en aquel territorio soportan una presión fiscal inferior en un 50 por ciento a las del resto del país. En concreto, y según datos de un estudio al que ha hecho alusión, la tributación media soportada por las empresas sujetas al régimen general se situó en el 31,72 por ciento, mientras que las ubicadas en el País Vasco se situó en el 20,13 por ciento, diez puntos por debajo, y en el caso de las mercantiles de reducida dimensión la tributación media soportada en comunidades de régimen común fue del 28,40, cuando en Euskadi se rebajó al 20,20, ocho puntos por debajo.   

"Y sin duda alguna, señorías, la presión fiscal empresarial es un elemento de peso en la adopción de decisión de localización empresarial y de competitividad entre empresas de distintos territorios", ha advertido la titular de Hacienda, quien reconoce que el "federalismo asimétrico" en materia financiera es plenamente constitucional, "lo que ya no es conforme a la Constitución es que la diferencia entre el régimen foral común suponga una discriminación de las comunidades autónomas de régimen común", y eso es lo que se produce, en su opinión, cuando la financiación con que cuentan las administraciones forales es muy superior a la media de la que disponen las CC.AA.

Un gobierno "veleta y oportunista"   

La intervención de la consejera ha sido duramente criticada por el portavoz del PSCL, José Francisco Martín, y su homólogo del Grupo Mixto, José María González, quienes han expresado su sorpresa ante el hecho de que la primera se presentase ante la comisión sin dato alguno de la repercusión en Castilla y León de las ventajas fiscales en el País Vasco, lo que contrasta, según el socialista, cuando la Junta sí aporta datos sobre crecimiento del PIB o de las exportaciones.   

"Sabe usted qué es la estadística", ha preguntado Martín, quien acto seguido ha recriminado al Ejecutivo del PP por practicar una política "veleta" y "oportunista" al haberse opuesto desde 1993 a las peticiones del PSCL para que la Junta recurriese la normativa foral tributaria, en especial en 1996, "cuando ustedes hablaban en esta cámara en vasco en público y Aznar en privado en Catalán", o en 2000, fecha en la que el propio Martín pidió una evaluación de la 'paz fiscal' recién firmada en Euskadi por el entonces gobierno popular.

"Coladero" para financiar colegios privados y "segregacionistas"

El Grupo Socialista en las Cortes también  ha acusado a la Junta de utilizar la vía de las deducciones del IRPF destinadas a fundaciones como "coladero" para financiar a colegios privados, concertados e incluso "segregacionistas", de ahí su petición de que el Ejecutivo autonómico las retire o regule para evitar estas situaciones, tal y como ha defendido José Francisco Martín.   

El socialista ha aprovechado para minimizar el impacto de dichas deducciones sobre la cuota íntegra y, sobre todo, para denunciar públicamente que las abiertas a fundaciones sirven para sufragar por la puerta de atrás a la educación privada y concertada.   

"Es el truco del almendruco para disfrazar esas aportaciones, pues hasta ahora no conocemos a nadie que se beneficie de esas deducciones fiscales para la Red Natura o para la conservación del patrimonio y sí cada vez más los casos de aquellos a los que dicen las monjas que paguen porque ello deduce", ha insistido el socialista, mientras que el portavoz del Grupo Mixto ha sostenido también que la política deduccionista del Ejecutivo regional "sólo sirve para "beneficiar a los que más tienen, en lugar de implantar una tarifa progresiva en dicho impuesto".   

La consejera aludida ha advertido a ambos que las deducciones implantadas por la Junta desde los años 90, tras recibir la competencia normativa en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, "son buenas" , sobre todo para las familias --nacimientos, adopciones y cuidado de los niños-- y para el empleo, con la limitación aplicada en función de la renta para "beneficiar a los que tienen menos", y como prueba de su impacto ha puesto como ejemplo los 92.955 beneficiarios contabilizados en 2010, con un importe de 14,7 millones; los 122.672 en 2011, con 46,4 millones, y los 141.428 registrados en 2012, con un volumen de ayudas movilizado de 51,6 millones de euros.   

Además, ha recordado junto a las deducciones por familia y para el apoyo a la vivienda, su departamento ha puesto en marcha a partir de este año la deducción del 15 por ciento de las cantidades donadas a las universidades públicas de la región y otras instituciones cuya actividad principal sea la investigación, el desarrollo y la innovación, siempre que las cantidades se destinen a proyectos de I+D+i en la Comunidad, o las contempladas para fomentar el emprendimiento empresarial. "Sólo les pido que respeten las deducciones vigentes porque han sido muy útiles para miles de personas en Castilla y León", ha sentenciado.