El PSCL cifra en 3.357 los "expulsados" del sistema de la Dependencia en Castilla y León con seis usuarios menos al día

La secretaria de Políticas Sociales del PSOE en Castilla y León, Marta Olmedo, ha cifrado en un total de 3.357 los "expulsados" del sistema de la Dependencia en la Comunidad Autónoma, lo que supone seis usuarios menos cada día.   

Olmedo ha cargado contra los "ataques crueles" del Gobierno central al sistema de la Dependencia, con especial atención a las medidas puestas en marcha en el último año y medio con la aprobación del Decreto 20/2012 al que se ha sumado la propia normativa autonómica, con un recorte en el presupuesto de Familia de 63 millones de euros en esta materia con lo que esto supone en merma de servicios y en pérdida de cantidad y calidad de las prestaciones, según sus palabras.   

La socialista ha cifrado en 3.148 los dependientes de Grado III que se han perdido entre agosto de 2012 y diciembre de 2013 a lo su que ha sumado otros 1.092 beneficiarios de Grado I mientras que han aumentado los considerados como Grado II (901 más) ya que, además de dificultar la entrada de grandes dependientes, la Junta está dando más intensidad a los grados I y II para ofrecer menos servicios y "abaratar la factura de la Dependencia".   

Marta Olmedo ha lamentado el deterioro que está sufriendo el sistema de la Dependencia y ha cuestionado, en concreto, el escaso interés de la Junta por fomentar la prestación para cuidado familiar en el entorno con el pretexto de reforzar los servicios profesionales que, según ha asegurado la socialista, tampoco se ha cumplido ya que desde 2012 se ha recortado en plazas concertadas.   

Según sus datos, entre agosto de 2012 y diciembre de 2013 se han perdido 1.437 beneficiarios de la prestación de cuidados familiares, 793 de atención familiar y 499 los atendidos en centros de día mientras que han aumentado en 1.044 las prestaciones vinculadas para "comprar" unos servicios que, en todo caso, resultan insuficientes y obligan a las familias y usuarios a realizar un esfuerzo económico para complementar el pago.   

Olmedo ha advertido de que este modelo debilita la red pública de atención a los dependientes y ha cuestionado que se obligue a las familias a adelantar esas prestaciones hasta en plazos de ocho meses.   

Para tratar de frenar este "constante deterioro" del sistema, el Grupo Socialista presentará tres proposiciones no de ley motivadas en otras tantas resoluciones del Procurador del Común para pedir a la Junta que no agote el plazo máximo de dos años para hacer efectiva la prestación económica de cuidados en el entorno familiar y "una vez reconocido el grado de dependencia se proceda a facilitar el acceso a esta prestación a los beneficiarios que hayan optado por ésta en el plazo de 3 meses".   

El PSCL también pedirá eliminar la actual incompatibilidad entre la percepción de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar y la asistencia a un centro ocupacional y que no realice una interpretación sesgada del Real Decreto del Gobierno.