El Tribunal Supremo acuerda continuar la causa contra la senadora Elena Diego por un presunto delito de prevaricación

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado continuar la tramitación de la causa contra la senadora socialista por Salamanca Elena Diego Castellanos y contra la concejal en Villamayor Cándida Egido Muñoz por un presunto de prevaricación de conformidad con lo previsto en los artículos 780 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según ha informado este martes el TSJCyL.

En el acuerdo, el alto Tribunal ordena dar traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a la Acusación popular para que, en el plazo común de diez días, soliciten la apertura del juicio oral u se formule escrito de acusación, o el sobreseimiento de la causa, o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.
 
El auto, que firma el magistrado instructor Francisco Monterde Ferrer lleva fecha del pasado 7 de enero.
 
En los razonamientos jurídicos se recoge que Elena Diego pudo incurrir en un delito de prevaricación en cuanto aprobó, en 2008 cuando era alcaldesa de Villamayor, la contratación de dos monitoras "obviando la tramitación de cualquier tipo de expediente, sin respetar los principios de mérito y capacidad y acceso igualitario a la función pública", además de que mantuvo esta contratación varios meses "pese" al informe del Interventor  en el que se le advertía "de las irregularidades".
 
Asimismo se recoge que pagó a una de las monitoras "una retibución superior a la correspondiente" durante varios meses.
 
En el caso de la concejal socialista, el auto recoge que presentaba las propuestas de resolución "arbitrarias e injustas" que luego  la alcaldesa "convertía en decreto", por lo que también se la acusa de un presunto delito de prevaricación "en el que habría participado a título de cooperación necesaria".