El abogado de Atilano Soto garantiza la legalidad y transparencia de las retribuciones millonarias de Caja Segovia

Así lo ha trasladado a los medios con motivo del inicio de las declaraciones en el Juzgado de Instrucción número 2 de Segovia de los miembros de la Comisión de Retribuciones entre 2008 y 2010. Según denunció UPyD, impulsor de la querella por las aportaciones millonarias y el "expolio" de la Caja, en aquel periodo se autorizaron cerca de 34 millones de euros para ocho altos cargos, 17 de ellos en concepto de prejubilaciones y el resto en planes de pensiones.

Atilano Soto ha sido el primero en declarar por el caso 'Caja Segovia'. Durante la intervención, que ha comenzado pasadas las 10.00 horas y se ha alargado casi dos horas, ha indicado que su cargo era más honorífico que ejecutivo y se ha negado a responder a las preguntas de la acusación particular. Tampoco ha querido hacer comentarios ante los medios de comunicación.

Su representante legal ha aseverado que no hay nada que ocultar en torno a las retribuciones, ni se actuó de manera diferente a como se hizo en otras entidades análogas. Además, ha recordado que la asignación de este tipo de indemnizaciones no es algo que esté recogido en el Código Penal como delito.

Rodríguez Ramos ha explicado que cuando se acordaron las cuantías Caja Segovia estaba saneada y gozaba de grandes beneficios. Ha opinado, por tanto, que ha podido haber envidia, "sana" o "insana", respecto a "tan buenas" pensiones autorizadas, superiores a las que él mismo cobra como catedrático de Derecho Penal jubilado.

Por el Juzgado ha pasado este lunes también el exvicepresidente de Caja Segovia Manuel Agudíez, vocal en la Comisión, quien comparte abogado con Atilano Soto. Este antiguo responsable también se ha negado a responder a las preguntas de la acusación.

Para mañana y el miércoles están citados Elena García Gil, antigua secretaria en este órgano e integrante de la fundación creada tras desaparecer la entidad; Manuel Escribano, exdirector de la Caja, y Antonio Tapias, exsecretario general.

"Visa opaca"

El abogado Andrés Herzog, miembro del Comité de Dirección de UPyD y también responsable jurídico de la querella presentada contra los responsables de Bankia, ha incidido por su parte en que el partido al que representa considera que existen indicios de administración desleal en el seno de la Caja.

Herzog, quien ha llegado al Palacio de Justicia con el objetivo primordial de que los imputados contestaran a sus requerimientos, ha expresado durante la vista su interés por lo que ha denominado 'visa opaca' tras los rumores de que, aparte de las retribuciones millonarias, hubiera retribuciones en especie, incluso algunas no declaradas.

El abogado de UPyD, que ha tachado las declaraciones de Soto y Agudíez de "excusa sin recorrido", ha insistido en que los directivos de la entidad se procuraron cantidades "estratosféricas y fuera de lugar" ante la inminente integración en Bankia. "Sabiendo que se les acababa el chollo, en vez de velar por los intereses de la Caja, velaron por los suyos", ha reprochado.

Herzog ha advertido, tras señalar el abogado de Soto y Agudíez que las prejubilaciones millonarias no constituyen un delito, de que un consejero no puede autorizar todo aquello que desee. "Todo es relativo y depende de qué indemnizaciones. Obviamente un consejero no tiene libertad absoluta para acordar lo que le dé la gana", ha remarcado.

Frente a las puertas de los juzgados, uno de los antiguos trabajadores de la extinta entidad, Damián Sanz, ha permanecido con una pancarta para solicitar que se haga justicia con Atilano Soto y los exdirectivos de la entidad de ahorros.