La Audiencia de Valladolid rechaza la puesta en libertad del asesino del bar 'Cuchus' y Puente Duero

La decisión de la Sección Cuarta de lo Penal, a través del auto correspondiente dictado este lunes, coincide con los argumentos expuestos por la Fiscalía vallisoletana que rechaza la petición del recluso por entender que en su caso "se trata de delitos cometidos en distintas fechas, sin que ninguna incidencia altere su licenciamiento definitivo que en su día se proponga a la vista de las sentencias dictadas en cada procedimiento y del auto de acumulación de condenas de fecha 8 de mayo de 2008, no siendo de aplicación la sentencia del TEDH de octubre del presente año".    

De esta forma, Mazariegos Pelillo, el único asesino reincidente en la historia judicial vallisoletana, ve truncadas sus aspiraciones de quedar en libertad y, por tanto, seguirá preso en el Centro Penitenciario de El Dueso (Cantabria), a pesar de que él estuviera convencido de que tras más de veinte años de condena podría seguir los mismos pasos que otros reos como Juan Manuel Valentín Tejero y Pedro Luis Gallego, quienes sí se han visto beneficiados del fallo del TEDH sobre la Parot.   

Ramón Mazariegos Pelillo cuenta en su haber con penas que suman casi sesenta años por las muertes de una limpiadora del bar 'Cuchus' en 1992 y de un vecino de Santovenia en 2004.   

En concreto, fue condenado en octubre de 2007 por la Audiencia vallisoletana a veintinueve años y tres meses de cárcel como autor del asesinato y robo cometidos en la madrugada del 16 de enero de 2004 en la persona de José Antonio S.L, al que condujo esa noche hasta una solitaria zona del barrio vallisoletano de Puente Duero con el falso pretexto de mantener un contacto sexual pero con el verdadero propósito de apuñalarle para luego arrebatarle una tarjeta de crédito.

Estaba en libertad condicional   

Se da la circunstancia de que el condenado cometió dicho delito aprovechando la libertad condicional de que gozaba tras cumplir once años de cárcel, de los veintiocho a los que fue condenado, por el asesinato en 1992 de la trabajadora del servicio de limpieza del bar 'Cuchus' Lidia R, de 64 años, a la que robó tras asestarle una veintena de puñaladas.   

Como consecuencia del asesinato ocurrido en Puente Duero, el Estado, concretamente el Ministerio del Interior, se vio obligado a indemnizar a la familia de la víctima--la madre y cinco hermanos--con 100.000 euros, atendiendo así la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional la reclamación realizada en concepto de responsabilidad patrimonial de la Administración.