Desarticulada en Aldeamayor (Valladolid) una violenta red que abarcaba desde el robo de metal hasta el tráfico de droga

Entre la actividad principal se encontraba la receptación de metal, maquinaria y herramientas procedentes de robos del alumbrado público, plantas fotovoltaicas, explotaciones agrícolas y viviendas. Además, se les imputan delitos de trata de seres humanos, fraude a la Seguridad Social, robo con fuerza en las cosas, hurto, blanqueo de capitales, defraudación a la Hacienda Pública, falsedad documental, contra el derecho de los trabajadores, coacciones, tráfico de influencias, extorsión y amenazas, hasta sumar un total de 170 presuntos delitos. También preparaban la ampliación de sus actividades al robo de productos agrícolas como frutas o patatas, e incluso de ganado.   

De los 21 implicados --17 detenidos y cuatro implicados, 14 de ellos rumanos y siete españoles--, doce pasaron a disposición judicial, según ha aclarado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), de los que tres han ingresado en prisión comunicada y sin fianza, y nueve han quedado en libertad provisional.   

En concreto, los cabecillas de la banda --dos hermanos de nacionalidad rumana de 30 y 34 años-- traían engañados a compatriotas o captaban a rumanos ya establecidos en España con la promesa de contratos de trabajo a los que luego obligaban a robar y participar en otras actividades ilegales bajo amenazas e incluso palizas, mientras que después los hacinaban en condiciones infrahumanas.   

Entre los implicados figuran el ex alcalde de Aldeamayor de San Martín José Luis Sanz y la concejal en activo en dicho Ayuntamiento María del Mar Martín, ambos de Unidad Regionalista. En esta localidad tenía establecida su sede la organización, que se encargaban de dar cobertura a los trámites administrativos de esta banda --como autorizaciones, licencias o empadronamientos-- a cambio de contribuciones económicas para festividades y otros eventos municipales. La banda contaba con una asesoría jurídica y fiscal para dar apariencia legal al entramado de empresas que habían montado y a la facturación falsa en la contabilidad de las mismas.   

Tras los cabecillas, un segundo escalón se encargaba del reconocimiento de las zonas donde se iban a cometer los robos. El tercer grupo era el encargado de cometer los robos y el resto se dedicaba a la compra del material robado para su posterior venta o transformación, ya que poseían almacenes y chatarrerías. La red daba salida al material robado unas veces por venta directa o hacia otras instalaciones de transformación y procesado de mayor envergadura y en la que entraba como material adquirido legalmente. Así llegaban a controlar "prácticamente todo el mercado", según ha subrayado el comandante Peña. Esta operación la realizaban con la celeridad suficiente para evitar el rastreo y localización de los efectos robados.   

En el transcurso de la operación --cuyos detalles han ofrecido el delegado del Gobierno en Castilla y León, Ramiro Ruiz Medrano; el teniente coronel José Miguel Recio, y el general José Manuel Díez Cubelos, al margen del propio Peña-- se han registrado una chatarrería, tres naves y cuatro viviendas, donde se ha intervenido unas 50 toneladas de diversos metales, maquinaria y numerosas herramientas.   

También se ha incautado 130 kilos de material informático --como placas base de computadoras y televisiones-- para su transformación y extracción de metales preciosos como oro, plata o iridio, para lo cual recibieron asesoramiento químico.   

Entre las herramientas requisadas figuran radiales, motosierras, taladros, martillos percutores o motocultores, así como material de riego de explotaciones agrarias o ganadera, gran cantidad de efectos procedentes de robos en viviendas (televisores, ordenadores, equipos de sonidos, bicicletas o joyas) nueve vehículos de alta gama y numerosa documentación, mientras se investiga la posible posesión de una embarcación en la costa.

Armas, dinero y estupefacientes   

Asimismo, la Guardia Civil se ha hecho con armas como carabinas, armas cortas simuladas y armas blancas; sustancias estupefacientes como 120 gramos de marihuana, 20 de hachís y cinco de cocaína. Además, se ha intervenido dinero en efectivo y se han bloqueado siete cuentas cuyo importe total aún se encuentran por determinar. También se encuentra en investigación la propiedad de diversos inmuebles, naves y fincas de España y el extranjero.   

Precisamente, la investigación, que continúa abierta y podría saldarse con nuevas detenciones, ha contado con la colaboración de la Policía de Rumanía a través de Interpol, ya que se sospecha que parte del dinero y del material robado acababa en este país.   

Se da la circunstancia que otra de las actividades del grupo consistía en la usurpación de viviendas vacías --propiedad de particulares y entidades como bancos-- que luego alquilaba a ciudadanos rumanos. En cuanto al tráfico de drogas, los responsables del Instituto Armado han señalado que la organización llegó a controlar al "camello" local de Aldeamayor.   

Como consecuencia de esta operación se han llevado a cabo ocho registros en inmuebles relacionados con esta organización, practicados de forma simultánea, uno en una chatarrería ubicada en el Polígono de 'El Brizo' de la reseñada localidad, tres en naves industriales que servían de almacén del material y cuatro en viviendas, donde se han recuperado multitud de objetos procedentes de robos que los agentes tratan ahora de devolver a sus legítimos propietarios, aunque han reconocido la compleja tarea de localizarlos.   

Los ahora detenidos mantenían una actitud muy violenta en sus acciones, extorsionaban, amenazaban e incluso llegaban a dar palizas tanto a sus víctimas como a miembros de la propia red, bien para mantener la jerarquía interna o por algún encargo. A la mayoría les constan numerosos antecedentes anteriores por actuaciones de este tipo. En concreto, los detenidos acumulan hasta 60 arrestos, la mayoría acumuladas por seis de ellos, que formaban el núcleo duro de la organización.   

La actividad ilícita de este grupo se inició cuando el cabecilla entró a trabajar en un centro de reciclaje de Aldeamayor, donde comenzó la receptación de material robado. Posteriormente, se asoció con el dueño, al que acabó comprando todo el negocio. A partir de aquí empezó a traer ciudadanos rumanos para trabajar con él, aunque según la Guardia Civil prácticamente no les pagaba. Ante la presión policial y fiscal, la organización se sofisticó en un entramado de empresas con conexiones en provincias como Ávila, Guipúzcoa, Madrid o Palencia.   

Este entramado lograba blanquear su facturación, que superaba los tres millones de euros, y evitaba declararlo a Hacienda. Los responsables del operativo han destacado su importancia, ya que ha permitido "arrastrar todo el componente económico de la organización". De hecho, la reciente operación 'Transformers' contra delitos de robos en el campo se enmarca en las actividades de este grupo, del que formaban parte los detenidos en aquella.   

Además, se ha contado con la colaboración del Departamento de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria (DAVA), Interpol (Policía de Rumanía), Seguridad Social, Inspección de Trabajo, y el apoyo de Unidades de la Guardia Civil de Madrid, Ávila, Segovia y Palencia, Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Valladolid, Agrupación de Reserva y Seguridad, Servicio Aéreo y Servicio Cinólogico del Cuerpo.