La "caja de los truenos" se abre esta semana en la Comunidad con la aprobación en el Senado de la Reforma Local de Montoro

El pleno del Senado aprobará este lunes la controvertida ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, una norma que pretende lograr, según el Gobierno Rajoy, la sostenibilidad y modernización de los ayuntamientos, así como un mejor reparto de las competencias.
 
La ley deberá volver a pasar por el Congreso, toda vez que ha sido enmendada por los grupos parlamentarios del Senado, aunque todo indica que entrará en vigor, con su publicación en el BOE, antes de final de año.

La aprobación del nuevo texto legislativo amenaza con abrir aún más la caja de los truenos de Castilla y León, si no llega alguna modificación in extremis a su texto actual. Así, los cambios introducidos al proyecto inicial, muchos de ellos vía enmienda del PP, han sido suavizando la inicial postura contraria del Gobierno regional, que ya acepta al reforma, aunque con condiciones. Dichas condiciones, que en principio han sido asumidas por Montoro, consisten en esencia en que el traspaso de las competencias hasta ahora locales, como el mantenimiento de los consultorios locales y los centros educativos, sólo se realizarán cuando se haya cerrado la financiación autonómica y también la local.

Sin embargo, el PSCyL no confía en absoluto en esta promesa y mantiene que la reforma local va a traer consigo la desaparición de servicios sociales en el mundo rural, por lo que piden que se recurra ante el Tribunal Constitucional. Más aún, el acuerdo alcanzado entre socialistas y populares para la ordenación del territorio de Castilla y León va camino de romperse, ya que el PSOE considera que las dos leyes no son compatibles, mientars que sí lo son para la Junta.

Por el camino se ha quedado también la ruptura evitende en el propio Partido Popular, algunos de cuyos dirigentes no comparten las tesis de la Junta, como es el caso del presidente de la Diputación de Zamora, también presidente del PP zamorano y vicepresidente de la FRMP, Fernando Martínez Maíllo, que ha protagonizado sonoros enfrentamientos con el portavoz del Ejecutivo autonómico, José Antonio de Santiago-Juárez.

Larga y complicada historia

El Gobierno siempre ha argumentado que la reforma local clarificará competencias, garantizará la financiación por parte de las comunidades de los servicios que presten los ayuntamientos y mejorará la transparencia municipal, sin embargo la reforma ha contado con la oposición frontal del PSOE, el grupo mixto, CiU, Izquierda Plural y UPyD, mientras que el PNV votó a favor del texto en el Congreso.

En su trámite por el Senado, la Comisión de Entidades Locales aprobó el dictamen sobre el proyecto de Ley, rechazó las siete propuestas de veto a la reforma, incorporó dos enmiendas transaccionales y modificó una tercera.

Los grupos habían presentado un total de 447 enmiendas: 151 del Grupo Mixto, 117 de la Entesa, 58 de CiU, 53 del PP, 47 del PSOE y 21 del PNV, y siete propuestas de veto, todas ellas rechazadas, de las cuales 3 eran del Grupo Mixto, 1 del PSOE, 2 de la Entesa y 1 de CiU.

El pasado 26 de noviembre, la Comisión General de las Comunidades Autónomas aprobó un informe del PP sobre la reforma local, en el que se asegura que la ley no invade las competencias autonómicas y defiende que el Estado es el que puede establecer la regulación en esta materia.

Ese mismo día, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, se comprometió a mejorar y modular el contenido de la reforma local no sólo durante su tramitación en la Cámara Alta, sino también cuando se empiece a aplicar a lo largo del año 2014. Montoro ha apostado por "tratar de aunar todas las voluntades", al considerar que las "divergencias" también enriquecen, sin embargo desde comunidades como Cataluña, Andalucía, Asturias o Canarias, se ha considerado que la norma invade sus competencias autonómicas, y han amenazado con acudir al Tribunal Constitucional si el Gobierno no rectifica.

Las mayores críticas vertidas por la oposición a la norma se basaban en que la reforma vulnera la autonomía local, privatiza la gestión de los servicios sociales o los recorta, prima las fusiones de municipios y da mas poder a las diputaciones.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) uno de los actores claves en el proceso de la reforma, -con la postura siempre conciliadora de su presidente Iñigo de la Serna- ha considerado que con el anuncio de este posible recurso, lo que no quieren estas comunidades es "asumir competencias que ya son suyas".

Desde el PSOE se considera que se ha malogrado una oportunidad histórica para reformar la administración local, porque se trata de un modelo intervencionista, que no planifica ni simplifica las competencias, ni evita duplicidades y abre la puerta a la privatización de servicios básicos.

El PSOE ha llegado a asegurar que el ahorro previsto de 8.000 millones por su aplicación saldrá del desmantelamiento de los servicios sociales y del recorte de personal.

Coste efectivo por coste estándar

Desde que comenzara el proceso de la reforma local, la misma ha sufrido algunas modificaciones que han sido acogidas favorablemente por sus detractores, entre ellas una de las más aplaudidas ha sido la del cambio del coste estándar por el coste efectivo de los servicios, una demanda de Castilla y León.

Asimismo, la Comisión de Alcaldes, plataforma integrada por ediles de partidos contrarios a la reforma local, ha convocado varias concentraciones ante los ayuntamientos contra una norma que consideran "privatizadora y recentralizadora".