Ramón Mazariegos Pelillo, el único asesino reincidente en la historia de Valladolid, pide su excarcelación

En el presente caso, el referido preso, que cumple condena en el centro cántabro de El Dueso, se ha dirigido por escrito a la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid a fin de solicitar "la aplicación inmediata de máximo cumplimiento, en base a la sentencia del TEDH", y se proceda a su inmediata puesta en libertad ya que, según refiere, lleva entre rejas desde hace veintidós años y pasa del límite fijado, según informaron  fuentes jurídicas.   

Ante ello, el tribunal vallisoletano ha dado traslado de dicha petición al Ministerio Fiscal para que emita el informe correspondiente antes de pronunciarse en uno u otro sentido, si bien las mismas fuentes apuntan que el caso de Ramón Mazariegos Pelillo no es similar al de otros que reos que han salido recientemente a la calle tras la anulación de la 'doctrina Parot', como Juan Manuel Valentín Tejero o Pedro Luis Gallego, y que por ello tendrá que cumplir al menos dos tercios de su condena antes de acceder al tercer grado.   

El solicitante fue condenado en octubre de 2007 por la Audiencia vallisoletana a 29 años y tres meses de cárcel como autor del asesinato y robo cometidos en la madrugada del 16 de enero de 2004 en la persona de José Antonio S.L, al que condujo esa noche hasta una solitaria zona del barrio vallisoletano de Puente Duero con el falso pretexto de mantener un contacto sexual pero con el verdadero propósito de apuñalarle para luego arrebatarle una tarjeta de crédito.   

En concreto, la sentencia condenó a Ramón Mazariegos a 25 años de cárcel por asesinato con alevosía y ensañamiento, a cuatro años y tres meses por robo con violencia, así como a 35 años de destierro de Valladolid y Santovenia de Pisuerga (de donde era la víctima) y de alejamiento de la familia, junto con el pago de una indemnización a la madre del fallecido por importe de 90.954 euros.   

Su caso es el único registrado en Valladolid en el que un mismo individuo ya condenado por homicidio vuelve a reincidir nada más salir a la calle, puesto que con anterioridad, en 1992, había arrebatado la vida a una empleada del servicio de limpieza del bar 'Cuchus', Lidia R, de 64 años, a la que robó tras asestarle una veintena de puñaladas.

Libertad condicional, nueva muerte   

Fue condenado por ello a 28 años de cárcel, de los que únicamente cumplió once, ya que en 2004 obtuvo la libertad condicional tras lograr burlar al sistema penitenciario y hacer creer que era una persona que podía ser reinsertada en la sociedad.   

Nada más lejos de la realidad, puesto que al poco de salir nuevamente a la calle premeditó la muerte de José Antonio S.L. por un "miserable móvil económico", que no era otro que hacerse con su cartera y su tarjeta de crédito, según advirtió entonces el letrado del fallecido.   

Para ello, Ramón Mazariegos quedó con la víctima por teléfono para mantener otro de sus contactos sexuales y le llevó en su vehículo hasta un pinar de Puente Duero, escenario deshabitado y de difícil acceso que garantizaba su total impunidad.   

Fue allí, donde el condenado se colocó tras el fallecido y, tras sujetarle por el cuello, le asestó una puñalada que entró por el tórax y siguió una trayectoria ascendente hasta alcanzar casi la base de la lengua, lo que le provocó un shock hemorrágico que, a la postre, terminó con la vida de José Antonio S.L.

Ensañamiento    

Fiscal y acusación particular coincidieron al señalar que durante la lenta agonía de la víctima, el acusado todavía tuvo tiempo de infligirla un dolor innecesario, como demuestran las distintas heridas punzantes que presentaba en el rostro y los numerosos hematomas aparecidos en el resto del cuerpo, algo que en opinión de ambas partes demuestra que hubo ensañamiento.   

"La muerte de José Antonio es muy parecida a la que los matarifes dan a los animales", apuntó en su alegato final el acusador particular, quien añadió que tras torturar salvajemente al fallecido su verdugo, como un ejemplo más de su actitud despiadada, giró el cuerpo de la víctima y lo puso boca arriba para ver cómo moría.     

Sin embargo, el aludido, antes de que concluyera el juicio, volvió a porfiar por su inocencia. "¡Yo no fui quien le produjo la muerte, sino que me vi involucrado esa noche en los hechos por la mala fortuna".   

Como consecuencia del asesinato ocurrido en Puente Duero, el Estado, concretamente el Ministerio del Interior, se vio obligado a indemnizar a la familia de la víctima--la madre y cinco hermanos--con 100.000 euros, atendiendo así la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional la reclamación realizada en concepto de responsabilidad patrimonial de la Administración.