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El Gobierno advierte de que se podrían ahorrar casi 230 millones si las comunidades autónomas suprimen sus Defensores del Pueblo y Tribunales de Cuentas

El Gobierno advierte de que se podrían ahorrar casi 230 millones si las comunidades autónomas suprimen sus Defensores del Pueblo y Tribunales de Cuentas

martes 03 de diciembre de 2013, 17:12h
El Gobierno calcula que si las comunidades autónomas acceden a suprimir sus Defensores del Pueblo (Procurador del Común en Castilla y León) y Tribunales de Cuentas autonómicos se podría ahorrar en tres años casi 230 millones.
Además, plantea la eliminación de los centros de estudios de opinión autonómicos, las agencias de protección de datos y las agencias de meteorología, con las que se ahorraría en tres ejercicios alrededor de 39 millones de euros.   

Así se recoge en el informe detallado elaborado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) que ha publicado este martes el Ministerio de Hacienda y que incluye las 120 medidas de la subcomisión de duplicidades administrativas.
 
Este documento de más de 700 páginas, que ha recogido Europa Press, ya ha sido remitido a las comunidades autónomas, que son las que deben decidir si están dispuestas a aplicar en sus respectivos territorios estas propuestas para evitar duplicidades entre la Administración General del Estado y las autonomías.

En concreto, en el caso del Defensor del Pueblo hay un total de 11 comunidades con esta figura: Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Galicia, La Rioja, Navarra, País Vasco y Valencia.
 
El Gobierno realiza una estimación aproximada del ahorro global en tres años si se suprimen, que cifra en 90,3 millones (el ahorro neto anual sería de 30,1 millones). A su entender, esta medida permitiría optimizar los recursos, ya que, según subraya, el coste medio de tramitar una queja en los defensores autonómicos es de 78 euros frente a los 19 euros a nivel estatal.

Asimismo, el Ejecutivo de Mariano Rajoy destaca el bajo rendimiento de los recursos destinados a los Ombudsman autonómicos, ya que 346 personas tramitan 38.407 quejas mientras que en el estatal 165 tramitan 33.849 quejas.

En el caso de los Tribunales de Cuentas, el Gobierno recuerda que 13 comunidades cuentan con esta institución fiscalizadora en su territorio (Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Islas Baleares, Madrid, Navarra, País Vasco y Valencia).
 
Si las comunidades autónomas decidieran eliminar estos órganos de control externo autonómico (OCEX), en tres años se podría ahorrar 136,7 millones, según los cálculos del Ejecutivo.
 
Entre las "ineficiencias" para poner en marcha esta medida destaca el "bajo rendimiento" de los recursos destinados a estos tribunales, la "desigualdad" entre comunidades al no contar todas con ellos y la "heterogeneidad en las estructuras, composición, funciones y resultados" de los diferentes OCEX.
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