El Gobierno advierte de que se podrían ahorrar casi 230 millones si las comunidades autónomas suprimen sus Defensores del Pueblo y Tribunales de Cuentas
martes 03 de diciembre de 2013, 17:12h
El Gobierno calcula que si las comunidades
autónomas acceden a suprimir sus Defensores del Pueblo (Procurador del Común en Castilla y León) y Tribunales de
Cuentas autonómicos se podría ahorrar en tres años casi 230 millones.
Además, plantea la eliminación de los centros de estudios de opinión
autonómicos, las agencias de protección de datos y las agencias de
meteorología, con las que se ahorraría en tres ejercicios alrededor de
39 millones de euros.
Así se recoge en el informe detallado elaborado por la Comisión
para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) que ha publicado
este martes el Ministerio de Hacienda y que incluye las 120 medidas de
la subcomisión de duplicidades administrativas.
Este documento de más de 700 páginas, que ha recogido Europa
Press, ya ha sido remitido a las comunidades autónomas, que son las que
deben decidir si están dispuestas a aplicar en sus respectivos
territorios estas propuestas para evitar duplicidades entre la
Administración General del Estado y las autonomías.
En concreto, en el caso del Defensor del Pueblo hay un total de 11
comunidades con esta figura: Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias,
Castilla y León, Cataluña, Galicia, La Rioja, Navarra, País Vasco y
Valencia.
El Gobierno realiza una estimación aproximada del ahorro global en
tres años si se suprimen, que cifra en 90,3 millones (el ahorro neto
anual sería de 30,1 millones). A su entender, esta medida permitiría
optimizar los recursos, ya que, según subraya, el coste medio de
tramitar una queja en los defensores autonómicos es de 78 euros frente a
los 19 euros a nivel estatal.
Asimismo, el Ejecutivo de Mariano Rajoy destaca el bajo
rendimiento de los recursos destinados a los Ombudsman autonómicos, ya
que 346 personas tramitan 38.407 quejas mientras que en el estatal 165
tramitan 33.849 quejas.
En el caso de los Tribunales de Cuentas, el Gobierno recuerda que
13 comunidades cuentan con esta institución fiscalizadora en su
territorio (Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha,
Castilla y León, Cataluña, Galicia, Islas Baleares, Madrid, Navarra,
País Vasco y Valencia).
Si las comunidades autónomas decidieran eliminar estos órganos de
control externo autonómico (OCEX), en tres años se podría ahorrar 136,7
millones, según los cálculos del Ejecutivo.
Entre las "ineficiencias" para poner en marcha esta medida destaca
el "bajo rendimiento" de los recursos destinados a estos tribunales, la
"desigualdad" entre comunidades al no contar todas con ellos y la
"heterogeneidad en las estructuras, composición, funciones y resultados"
de los diferentes OCEX.
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