Las Cortes instan a la Junta a negociar con los funcionarios el pago de parte de la paga extra de 2012

Las Cortes de Castilla y León han acordado por unanimidad instar a la Junta a que negocie con los empleados públicos de la Comunidad el pago de parte de la paga extra de 2012. Así se ha acordado a raíz de la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista, a la que el Grupo Popular ha sumado una enmienda de sustitución por la cual la petición inicial del abono de la paga se ha convertido en la negociación con los funcionarios de la forma en que se hará efectivo el pago.

El procurador del Grupo Socialista, José Francisco Martín, ha calificado de "salario diferido" lo ocurrido con la extra de Navidad de 2012, que ahora se deberá hacer efectiva en su parte proporcional hasta la entrada en vigor del decreto que procedía a su supresión, a raíz de las sentencias judiciales que así lo establecen. En este sentido ha denunciado que este "desaguisado" tiene como único responsable al presidente del Gobierno, Mariano Rayoy y que le podría costar a la Comunidad 13 millones de euros en concepto del pago de costas.

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular ha señalado que la Junta siempre ha actuado con el principio de solidaridad institucional y ha apostado por iniciar un proceso de negociación con los empleados públicos.

Las Cortes han aprobado el proyecto de la Ley de Pesca con los votos favorables del grupo político mayoritario del Partido Popular, que ha rechazado las 135 enmiendas que quedaban vivas en el debate y que habían planteado los grupos de oposición, que ha centrado sus críticas en la "desigualdad" que crea la reserva de permisos a las empresas turísticas y la entrada de empresas privadas en esta materia en la vigilancia de los cotos.

Los procuradores 'populares' Fidentino Reyero y Francisco Julián Ramos han defendido la utilidad y oportunidad de esta Ley, que como ha puntualizado el primero de ellos, "se hace eco de los cambios socieconómicos y culturales" de la sociedad castellanoleonesa y fomenta la creación de una conciencia colectiva de que los recursos naturales son "limitados", por lo que "no pueden ponerse en peligro". Además, con el nuevo texto, se ahonda en la erradicación de formas de pesca que ponen en peligro la población de las 34 especies piscícolas que existen en la Comunidad.

Por su parte, la procuradora socialista ha resumido la oposición de su Grupo a la Ley en que, además de que no se tomarían en cuenta las 99 enmiendas planteadas, el texto "no contenta ni a asociaciones, ni clubes deportivos, ni a la Federación de Pesca".

Por su parte, el procurador de Izquierda Unida, José María González, se ha detenido especialmente en que la normativa abre la posibilidad de la privatización de los cotos de pesca, pues se permite intervenir a empresas turísticas, mientras que las funciones de vigilancia también pueden encomendarse a compañías externas.

González también se ha detenido en acusar a la Junta de querer "recaudar" a costa de los pescadores y, especialmente, de los menores de 14 años. En este sentido, Fidentino Reyero ha puntualizado que estos jóvenes también pueden tener derecho a solicitar licencias de pesca.
Comisión de investigación

El Grupo Popular ha rechazado este miércoles la creación de una comisión de investigación sobre todo el proceso de elaboración, contratación, adjudicación, ejecución, seguimiento y circunstancias relativas al posterior derrumbe de la obra de mejora de accesibilidad en los Cuestos de la Mota, en Benavente (Zamora), por entender que no concurren las circunstancias para ello y porque ya se han dado las explicaciones a través de una comparecencia monográfica por parte del director general del ramo.  

Así lo ha manifestado el procurador Alfonso García Vicente quien ha acusado al Grupo Socialista de pretender "enfangar y hacer ruido" en este caso concreto en una forma de oposición que ha denominado "de gatillo fácil" ya que, a pesar de que en diez años sólo hay cuatro precedentes de comisiones de investigación --"una cifra muy baja comparada con otras comunidades", ha precisado--, "la carne a veces es débil", ha ironizado.

Según ha explicado el procurador José Ignacio Martín Benito, la comisión de investigación fue solicitada por el Grupo Socialista ante la necesidad de conocer todo lo concerniente a la contratación a través de la Sociedad de Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) de las obras de mejora de la accesibilidad en los Cuestos de la Mota presupuestadas en más de 660.000 euros, una infraestructura que se inauguró en marzo de 2012 y que se derrumbó un año después "llevándose por delante e invadiendo la carretera del Caracol" lo que supondrá ahora un coste de más de un millón de euros para consolidar la ladera.

Martín Benito, que ha lamentado la ausencia del consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, en el debate, ha asegurado que la documentación remitida al Grupo Socialista demuestra que no se hicieron los estudios geotécnicos en la zona donde se ubicó la pasarela, en la ladera de los Cuestos, sino que la consultora se limitó a hacer dos sondeos en la parte baja próxima al caude del agua "cuando el anteproyecto pretendía salvar la vía".

 Centros de investigación

Los tres grupos políticos presentes en las Cortes de Castilla y León han acordado aprobar parte de una moción presentada por el Grupo Socialista en la que se insta a la Junta a incorporar al presupuesto regional de 2014 una partida destinada a subvencionar los gastos corrientes de los centros de investigación, a realizar antes de fin de año una convocatoria de becas predoctorales y crear en 2014 un programa de contratos postdoctorales para incorporar nuevos investigadores.

La procuradora del PP Ana Isabel Hernández ha mantenido el acuerdo expresado ya hace más de un mes en el debate de la interpelación que dio pie a la presentación de esta moción, si bien ha explicado que los otros cinco puntos que incluía la misma no pueden ser apoyados por el Grupo Popular, incluida una reprobación al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por establecer la tasa de reposición del 10 por ciento para el personal de universidades públicas.

En este sentido, Fernando Pablos ha lamentado que la tasa de reposición hecha extensiva por el Gobierno de Mariano Rajoy a los docentes universitarios es "una tropelía" y, aunque la procuradora 'popular' ha recordado que el consejero de Educación, Juan José Mateos, ha expresado en varias ocasiones que dicha medida puede tener "consecuencias negativas" en el sistema universitario, el representante socialista ha reclamado más, informa Ep.

"No está de acuerdo con la tasa de reposición, pero el consejero se lava las manos", ha recalcado Fernando Pablos en referencia al consejero de Educación, al tiempo que ha recordado que la tasa de reposición del 10 por ciento se fijó en 2011 para toda la función pública, pero que no se ha extendido a la docencia universitaria hasta que llegó el Gobierno del PP.

Incompatibillidades

Por otra parte, el Pleno de las Cortes ha aprobado por unanimidad pedir al Gobierno de la nación que en el anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales se mantenga la vigente incompatibilidad del ejercicio simultáneo por la misma persona de las profesiones de abogado y procurador de los tribunales ante "algunas lagunas" del texto en el que trabaja el Gobierno y que puede poner en peligro el trabajo de los casi 600 procuradores que operan en la Comunidad. Así lo ha explicado el procurador del PP Raúl de la Hoz, abogado de profesión, quien ha advertido de los peligros de la disposición final quinta del anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales que elabora el Gobierno de la nación, como encarecer el coste material y tramitación de asuntos y alejar el acceso a la Justicia a los ciudadanos y que, según ha admitido, los 'populares' de Castilla y León no comparten "en absoluto".