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La Junta aprueba el Decreto-ley que crea la Red de Protección y entrará en vigor este viernes

Las familias con dificultades para pagar la hipoteca o el alquiler de la vivienda pueden recibir hasta 3.195 euros

Las familias con dificultades para pagar la hipoteca o el alquiler de la vivienda pueden recibir hasta 3.195 euros

La Junta cierra la puerta a que el "violador del ascensor" pueda recibir la Renta para la Ciudadanía

jueves 21 de noviembre de 2013, 14:30h
El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves el Decreto-ley que crea la Red de Protección a las familias afectadas por la crisis y adopta un conjunto de medidas extraordinarias para dar una respuesta urgente a las familias afectadas por la crisis y que serán efectivas desde este viernes
La onsejera de Familia e gualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, ha explicado que la Red dará respuesta a las necesidades de más de 100.000 castellanos y leoneses -40.000 familias-, un objetivo para el que se cuenta con un presupuesto de 145 millones de eurospara el próximo ejercicio

De esta forma, el Gobierno autonómico ha decidido crear este instrumento de vertebración, integración e interrelación de los 23 programas puestos en marcha para apoyar a las familias más castigadas por la crisis, en coordinación con las corporaciones locales, el Tercer Sector y los empresarios.

Al mismo tiempo, se ha decidido adoptar medidas extraordinarias que sirvan para aliviar los efectos de la crisis en las familias de la Comunidad de forma urgente y ágil. La consejera ha señalado que  el Decreto-ley incorpora al catálogo de servicios que oferta la Comunidad un conjunto de servicios de respuesta inmediata que dan cobertura urgente a las personas más vulnerables, como son el apoyo a las familias en riesgo de desahucio, la distribución coordinada de alimentos o la previsión de un fondo de solidaridad con el objeto de garantizar que ningún castellano y leonés quede sin protección social.

Además, junto a esto, el Decreto-ley establece unas reglas para agilizar el acceso a la prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía y flexibilizar sus criterios, punto en que se incluye una limitación como es que no puedan acceder a esta prestación aquellas personas condenadas por delitos contra la vida o contra la libertad sexual que no hayan satisfecho la responsabilidad civil declarada en la sentencia. Se piensa, en este caso, en el "violador del ascensor" que, aunque en libertad y con la condena de prisión ya saldada, no ha satisfecho las indenmizaciones que estaba obligado a pagar a sus víctimas por lo que en ningún caso podrá acceder a esta ayuda.

El texto del Decreto-ley, por tanto, recoge medidas dirigidas a que las personas y familias de la Comunidad más vulnerables puedan mantener su vivienda, tengan garantizada la provisión de alimentos y puedan acceder a la Renta Garantizada de Ciudadanía. Todo esto se complementa con la creación de un fondo de solidaridad.

Ayudas para mantener la vivienda

El Decreto-ley incorpora el Servicio de Apoyo a las familias en riesgo de desahucio, que ha atendido en un año a más de 1.400 castellanos y leoneses a través de las 30 oficinas que en colaboración con las corporaciones locales prestan este servicio en la comunidad. Además se incorporan dos nuevas medidas complementarias para evitar que las personas pierdan su vivienda.

La primera, una ayuda extraordinaria para hacer frente al pago de la hipoteca u otros gastos específicos relacionados con la vivienda habitual para aquellas familias que lo necesiten y tengan todos sus miembros en paro. En este caso, la ayuda será finalista, inembargable y compatible con cualquier otro recurso, ingreso o prestación. El importe máximo de esta ayuda será del 50 % del IPREM anual (3.195 euros en 2013). Esta prestación se concederá previo informe social elaborado por los equipos profesionales de los Centros de Acción Social (CEAS), y servirá para pagar la cuota de la hipoteca, para hacer frente a gastos ordinarios de novación de préstamo hipotecario, a las cuotas vencidas de la hipoteca, al levantamiento de embargos de pequeña cuantía o para gastos extraordinarios de mudanza y alquiler. Para esta ayuda se han previsto seis millones de euros durante los próximos dos años.

La segunda medida es  la atención prioritaria a las situaciones de desahucio de una vivienda en régimen de alquiler, es decir, aquellas personas que estén a punto de ser desahuciadas de su vivienda de alquiler y todos sus miembros de la unidad familiar estén en paro tendrán la condición de prioritarias a la hora de acceder a una prestación de urgencia social.
Medidas para garantizar el suministro de alimentos

El Decreto-ley integra también en el sistema de servicios sociales de responsabilidad pública el servicio de distribución coordinada de alimentos. Una llamada al teléfono de información de la Junta 012 servirá para que se active un mecanismo único y coordinado de reparto de alimentos para cubrir las necesidades urgentes en menos de 24 horas en cualquier rincón de la Comunidad. Desde su puesta en marcha, ya ha atendido más de 2.000 solicitudes.

En relación con los niños, la Red Centinela de alerta infantil se incorpora a la Red de Protección como mecanismo de detección y respuesta rápida de posibles casos de desnutrición infantil que pudieran darse en la Comunidad.
Fondo de solidaridad

Se crea, asimismo, el fondo de solidaridad para la lucha contra la pobreza y la exclusión social, como un instrumento de participación social, constituido por recursos de naturaleza dineraria y no dineraria, procedentes de la aportación voluntaria y no lucrativa que realicen fundamentalmente empresas, con destino a apoyar acciones coordinadas por la Administración de la Comunidad en coordinación con las entidades del tercer sector, y dirigidas a combatir la pobreza y la exclusión social. Este fondo será adicional al presupuesto de la Junta.

Nuevas reglas para acceder a la Renta Garantizada de Ciudadanía

El Decreto-ley, además, fija unas reglas de acceso a la Renta Garantizada de Ciudadanía con el objetivo de adaptarla a las nuevas situaciones de vulnerabilidad que han ido surgiendo desde que se aprobara por Ley en agosto de 2010 y que pasan por una mayor agilidad ante situaciones especiales como es el caso de aquellas familias que se encuentran en riesgo de impago de la hipoteca. La meta es actuar de forma previa a que se judicialice el procedimiento; medidas para cubrir las necesidades de nuevos colectivos. Además, el texto del Decreto-ley incluye unas excepciones en el cómputo del patrimonio y de los ingresos de los solicitantes de la prestación, de forma que se excluye del cómputo los bienes de imposible venta y que, por lo tanto, no puedan convertirse en dinero para hacer frente a las necesidades básicas. En este caso se encontrarían determinados bienes inmuebles, terrenos rústicos, algunos vehículos o productos financieros, como las preferentes, que sean de difícil o imposible realización por causas ajenas a sus titulares.

También se introducen medidas de apoyo al empleo, ya que se marca como prioridad atender las necesidades urgentes de las familias, pero también darles oportunidades para que encuentren una salida laboral.

Otras medidas medidas especiales van dirigidas a las personas más vulnerables, como son los menores y las víctimas de violencia de género. Así, el texto fija una garantía de atención a los menores ya que para evitar que se dejen de abonar las pensiones compensatorias o de alimentos de hijos a cargo del otro cónyuge, no se descontarán de la cuantía que le correspondiera de la Renta los fondos que tienen que ir destinados a hacer frente a ese pago.

Con la idea de aumentar la autonomía de las mujeres víctimas de violencia de género, se agiliza el procedimiento para que puedan percibir la Renta Garantizada y se le considera como una persona independiente incluso antes de haber concluido los trámites de separación. Se excluirán del cómputo patrimonial, durante el primer año de percepción de la prestación, las viviendas de las víctimas de violencia de género cuando hayan tenido que abandonar su domicilio y residan en otro inmueble que no sea de su propiedad. Además, podrán solicitar la Renta aquellas víctimas de violencia de género que, habiendo vivido de forma independiente, regresen temporalmente al domicilio de su familia de origen.
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