La Junta aprueba el Decreto-ley que crea la Red de Protección y entrará en vigor este viernes
Las familias con dificultades para pagar la hipoteca o el alquiler de la vivienda pueden recibir hasta 3.195 euros
La Junta cierra la puerta a que el "violador del ascensor" pueda recibir la Renta para la Ciudadanía
jueves 21 de noviembre de 2013, 14:30h
El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves el Decreto-ley que crea la Red de
Protección a las familias afectadas por la crisis y adopta un conjunto
de medidas extraordinarias para dar una respuesta urgente a las familias afectadas por la crisis y que serán efectivas desde este viernes
La onsejera de Familia e gualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, ha explicado que la Red dará respuesta a
las necesidades de más de 100.000 castellanos y leoneses -40.000
familias-, un objetivo para el que se cuenta con un presupuesto de 145 millones de eurospara el próximo ejercicio
De esta forma, el Gobierno autonómico ha decidido crear este
instrumento de vertebración, integración e interrelación de los 23
programas puestos en marcha para apoyar a las familias más castigadas
por la crisis, en coordinación con las corporaciones locales, el Tercer Sector y los empresarios.
Al mismo tiempo, se ha decidido adoptar medidas extraordinarias que
sirvan para aliviar los efectos de la crisis en las familias de la
Comunidad de forma urgente y ágil. La consejera ha señalado que el Decreto-ley incorpora
al catálogo de servicios que oferta la Comunidad un conjunto de
servicios de respuesta inmediata que dan cobertura urgente a las
personas más vulnerables, como son el apoyo a las familias en riesgo de
desahucio, la distribución coordinada de alimentos o la previsión de un
fondo de solidaridad con el objeto de garantizar que ningún castellano y
leonés quede sin protección social.
Además, junto a esto, el Decreto-ley
establece unas reglas para agilizar el acceso a la prestación de la
Renta Garantizada de Ciudadanía y flexibilizar sus criterios, punto en que se incluye una limitación como es que no puedan acceder a esta prestación aquellas personas condenadas por delitos contra la vida o contra la libertad sexual que no hayan satisfecho la responsabilidad civil declarada en la sentencia. Se piensa, en este caso, en el "violador del ascensor" que, aunque en libertad y con la condena de prisión ya saldada, no ha satisfecho las indenmizaciones que estaba obligado a pagar a sus víctimas por lo que en ningún caso podrá acceder a esta ayuda.
El texto del Decreto-ley, por tanto, recoge medidas dirigidas a que
las personas y familias de la Comunidad más vulnerables puedan mantener
su vivienda, tengan garantizada la provisión de alimentos y puedan
acceder a la Renta Garantizada de Ciudadanía. Todo esto se complementa
con la creación de un fondo de solidaridad.
Ayudas para mantener la vivienda
El Decreto-ley incorpora el Servicio de Apoyo a las familias en
riesgo de desahucio, que ha atendido en un año a más de 1.400
castellanos y leoneses a través de las 30 oficinas que en colaboración
con las corporaciones locales prestan este servicio en la comunidad.
Además se incorporan dos nuevas medidas complementarias para evitar que
las personas pierdan su vivienda.
La primera, una ayuda extraordinaria para hacer frente al pago de la
hipoteca u otros gastos específicos relacionados con la vivienda
habitual para aquellas familias que lo necesiten y tengan todos sus
miembros en paro. En este caso, la ayuda será finalista, inembargable y
compatible con cualquier otro recurso, ingreso o prestación. El importe
máximo de esta ayuda será del 50 % del IPREM anual (3.195 euros en
2013). Esta prestación se concederá previo informe social elaborado por
los equipos profesionales de los Centros de Acción Social (CEAS), y
servirá para pagar la cuota de la hipoteca, para hacer frente a gastos
ordinarios de novación de préstamo hipotecario, a las cuotas vencidas de
la hipoteca, al levantamiento de embargos de pequeña cuantía o para
gastos extraordinarios de mudanza y alquiler. Para esta ayuda se han previsto seis millones de euros durante los próximos dos años.
La segunda medida es la atención prioritaria a las situaciones de
desahucio de una vivienda en régimen de alquiler, es decir, aquellas personas que
estén a punto de ser desahuciadas de su vivienda de alquiler y todos sus
miembros de la unidad familiar estén en paro tendrán la condición de
prioritarias a la hora de acceder a una prestación de urgencia social.
Medidas para garantizar el suministro de alimentos
El Decreto-ley integra también en el sistema de servicios sociales de
responsabilidad pública el servicio de distribución coordinada de
alimentos. Una llamada al teléfono de información de la Junta 012
servirá para que se active un mecanismo único y coordinado de reparto de
alimentos para cubrir las necesidades urgentes en menos de 24 horas en
cualquier rincón de la Comunidad. Desde su puesta en marcha, ya ha
atendido más de 2.000 solicitudes.
En relación con los niños, la Red Centinela de alerta infantil se
incorpora a la Red de Protección como mecanismo de detección y respuesta
rápida de posibles casos de desnutrición infantil que pudieran darse en
la Comunidad.
Fondo de solidaridad
Se crea, asimismo, el fondo de solidaridad para la lucha contra la
pobreza y la exclusión social, como un instrumento de participación
social, constituido por recursos de naturaleza dineraria y no dineraria,
procedentes de la aportación voluntaria y no lucrativa que realicen
fundamentalmente empresas, con destino a apoyar acciones coordinadas por
la Administración de la Comunidad en coordinación con las entidades del
tercer sector, y dirigidas a combatir la pobreza y la exclusión social.
Este fondo será adicional al presupuesto de la Junta.
Nuevas reglas para acceder a la Renta Garantizada de Ciudadanía
El Decreto-ley, además, fija unas reglas de acceso a la Renta
Garantizada de Ciudadanía con el objetivo de adaptarla a las nuevas
situaciones de vulnerabilidad que han ido surgiendo desde que se
aprobara por Ley en agosto de 2010 y que pasan por una mayor agilidad ante situaciones especiales como es el caso de aquellas
familias que se encuentran en riesgo de impago de la hipoteca. La meta
es actuar de forma previa a que se judicialice el procedimiento; medidas para cubrir las necesidades de nuevos colectivos. Además, el texto
del Decreto-ley incluye unas excepciones en el cómputo del patrimonio y
de los ingresos de los solicitantes de la prestación, de forma que se excluye
del cómputo los bienes de imposible venta y que, por lo tanto, no puedan
convertirse en dinero para hacer frente a las necesidades básicas. En
este caso se encontrarían determinados bienes inmuebles, terrenos
rústicos, algunos vehículos o productos financieros, como las
preferentes, que sean de difícil o imposible realización por causas
ajenas a sus titulares.
También se introducen medidas de apoyo al empleo, ya que se marca como prioridad
atender las necesidades urgentes de las familias, pero también darles
oportunidades para que encuentren una salida laboral.
Otras medidas medidas especiales van dirigidas a las personas más vulnerables, como son los menores y
las víctimas de violencia de género. Así, el texto fija una garantía de atención a los menores ya que para evitar
que se dejen de abonar las pensiones compensatorias o de alimentos de
hijos a cargo del otro cónyuge, no se descontarán de la cuantía que le
correspondiera de la Renta los fondos que tienen que ir destinados a
hacer frente a ese pago.
Con la idea de aumentar la autonomía de las mujeres víctimas de
violencia de género, se agiliza el procedimiento para que puedan
percibir la Renta Garantizada y se le considera como una persona
independiente incluso antes de haber concluido los trámites de
separación. Se excluirán del cómputo patrimonial, durante el primer año
de percepción de la prestación, las viviendas de las víctimas de
violencia de género cuando hayan tenido que abandonar su domicilio y
residan en otro inmueble que no sea de su propiedad. Además, podrán
solicitar la Renta aquellas víctimas de violencia de género que,
habiendo vivido de forma independiente, regresen temporalmente al
domicilio de su familia de origen.