Acuerdo unánime para blindar por ley la red de protección a las famillias de CyL afectadas por la crisis

Esta es la principal novedad de un pacto político que se suma al "gran acuerdo social" alcanzado ya con los agentes económicos y sociales y con las entidades del denominado 'tercer sector' para crear en Castilla y León una 'Red de protección a las familias afectadas por la crisis' que contempla un total de 23 programas con "medidas extraordinarias" como favorecer en los planes de empleo de 2014 la contratación de las personas más vulnerables, especialmente los perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía, como mejor forma de inclusión social.   

Para ello, la Junta aprobará en la reunión del Consejo de Gobierno de mañana, jueves, un Decreto-Ley que plasmará ese acuerdo político y social para aplicar en Castilla y León una nueva forma de trabajar que la consejera de Familia, Milagros Marcos, ha denominado "democracia de inclusión" y cuyo principal objetivo es dar una respuesta "única, inmediata y adecuada" a las necesidades de las personas más vulnerables.   

Tras destacar la integración y coordinación de los servicios de las distintas administraciones (Junta, corporaciones locales o entidades públicas y privadas financiadas total o parcialmente con fondos públicos)  y la optimización de los recursos materiales y humanos para evitar duplicidades en la atención a los más necesitados, Marcos ha explicado a modo de ejemplo que este sistema permitirá analizar la situación general de una persona que haya pedido ayuda inicial por un problema de alimentación.   

De este modo, esa persona que se haya puesto en contacto con el 012 para pedir ayuda alimenticia recibirá una respuesta puntual en menos de 24 horas a través de Cruz Roja tras lo que se activa el sistema de la red de atención integral que grabará el caso de modo que un profesional se pondrá en contacto con la familia afectada para analizar su situación y establecer otros posibles mecanismos de apoyo, como el pago de la hipoteca de detectarse un posterior problema en ese sentido.   

"Es un plan integral de intervención para que el usuario no tenga que ir puerta por puerta y lo pilota la Administración a través de un sistema de respuesta única", ha precisado la consejera, quien ha reconocido que debe ser la Junta la que gestione los servicios e informe a los ciudadanos de los derechos que les asisten y evitar así que sean los usuarios los que tengan que buscar esas soluciones de forma particular y aislada.   

Entre las novedades que incluye el acuerdo parlamentario suscrito este miércoles destaca la necesidad de reforzar el seguimiento político de la red de protección en una comparecencia anual en las Cortes para evaluar el sistema de Renta Garantizada de Ciudadanía y del propio sistema de ayuda a los más necesitados.   

Además y según ha informado la consejera, cada año se enviará un informe al Procurador del Común sobre la situación de la Renta Garantizada de Ciudadanía y sus incidencias.   

Otro de los compromisos pasa por intensificar la difusión de la Red y el conocimiento de sus programas para lo que los equipos del Servicio de Apoyo a las Familias en Riesgo de Desahucio informarán y asesorará a sus usuarios sobre los requisitos para acceder de forma temporal a viviendas disponibles de promoción pública de titularidad de la Administración autonómica.   

Además, los profesionales de los Servicios Sociales informarán a los usuarios de la posibilidad de acudir al Procurador del Común para defender sus derechos y la página web de la Junta incluirá un apartado específico para informar sobre la Renta Garantizada de Ciudadanía.

Mantenimiento vinculado al PIB   

Milagros Marcos ha explicado también que al tratarse de medidas "urgentes" y derivadas de una "situación excepcional" para garantizar su cobertura hasta que sea preciso se vinculará su mantenimiento al menos hasta que el Producto Interior Bruto regional crezca por encima del 2 por ciento interanual.   

Para fomentar la colaboración, fundamentalmente con las corporaciones locales, el acuerdo político recoge el compromiso de presentar una modificación del presupuesto de 2014 que permita incrementar en un millón de euros las partidas vinculadas a los programas de inclusión social desarrollados por dichas administraciones públicas.   

En esa línea de intensificar la coordinación, se incorporará al sistema la 'Red Centinela de alerta infantil' para detectar y dar una respuesta rápida a situaciones de pobreza y desnutrición infantil a través de los distintos sistemas de protección social con que cuenta la Comunidad.   

El Decreto-Ley, que se tramitará de forma urgente en las Cortes --previsiblemente en el Pleno del 26-27 de noviembre--, incorporará a la Red un conjunto de servicios puestos en marcha recientemente, como son el Servicio de Apoyo a las Familias en Riesgo de Desahucio, el Servicio Urgente de Distribución de Alimentos y el Fondo de Solidaridad -cuyas aportaciones serán adicionales y no sustituirán nunca a los presupuestos públicos-.   

"Esto significa que estos nuevos programas pasan a formar parte del catálogo de servicios que oferta la Comunidad", ha significado Milagros Marcos.   

Por su parte, los portavoces de los grupos parlamentarios han expresado su satisfacción por la puesta en marcha de "un buen acuerdo" que sienta un "buen precedente" para la atención integral a los más necesitados tras más de cinco años de crisis que han afectado a "demasiadas personas y durante demasiado tiempo", ha lamentado el socialista Óscar López.   

López ha significado la virtud de dar rango de ley a esos derechos y servicios a los más necesitados, con especial hincapié en la necesidad de dar cobertura a los niños en situación de pobreza. Dicho esto ha advertido de que el Grupo Socialista no renunciará a otras demandas, como la propuesta de modificar el Estatuto de Autonomía para fijar un suelo social que blinde la prestación de los servicios y que ha cifrado en el 12 por ciento del PIB.   

Del mismo modo se ha pronunciado el portavoz del Grupo Mixto, José María González, de IU, quien ha valorado que se haya cumplido su premisa de que sea la Administración pública la que se pone al frente de la solución a los problemas con un compromiso "fuerte y potente". González ha aclarado que el de hoy no es el acuerdo que pondría en marcha IU por lo que ha asegurado que seguirá insistiendo para "hacer más".   

Por parte del Grupo Popular, su portavoz, Carlos Fernández Carriedo, ha destacado la importancia de un "acuerdo muy oportuno" alcanzado desde la basa del diálogo y de la concertación en torno a un "asunto vital" para garantizar la cohesión social y ampliar los derechos amparados ya por ley tras la última reforma del Estatuto de Autonomía, como la sanidad, la educación y el acceso a la vivienda.   

Fernández Carriedo ha aprovechado la ocasión también para trasladar un reconocimiento expreso a los profesionales encargados de los distintos servicios sociales y que están en la "primera línea" de atención a los más necesitados así como al conjunto de las corporaciones locales en su compromiso de colaboración con una red "no exclusiva" liderada por el Gobierno autonómico.