UPyD pide la inmediata dimisión de los responsables políticos imputados en el caso de las retribuciones de Caja Segovia

Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha reclamado la inmediata dimisión de los antiguos consejeros de Caja Segovia que ostentan en la actualidad cargos públicos de responsabilidad tras conocerse la imputación de éstos por el caso de las retribuciones a altos directivos de la entidad, hoy extinguida e integrada en Bankia.   

El senador del PP Javier Santamaría; el viceportavoz 'popular' en las Cortes de Castilla y León, Juan José Sanz Vitorio; el alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes (PSOE), y el presidente de la Federación Empresarial Segoviana (FES), Pedro Palomo, figuran en el listado de las personas que han sido llamadas a declarar en el juzgado.   

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Segovia consideró en un escrito remitido al Juzgado de Instrucción número 2 la necesidad de que todos los miembros del Consejo de Administración entre 2008 y 2010 y de la Comisión de Retribuciones comparecieran ante el tribunal para avanzar en la investigación sobre los hechos. Junto a ellos, deberán acudir los que fueran director general y secretario de la Caja, Manuel Escribano y Antonio Tapias respectivamente.   

UPyD, partido a cuya instancia se abrió la investigación penal por los planes de pensiones y prejubilaciones aprobados para el equipo de alta dirección de la entidad, ha solicitado asimismo a los partidos políticos que suspendan con urgencia la militancia de los cargos imputados hasta que se diriman las responsabilidades que han servido de base a la Fiscalía para llamarles a declarar.   

La organización de Rosa Díez opina que, "en aras de la regeneración democrática que tan imperiosamente exige la sociedad hoy en día", éstos deberían dimitir inmediatamente de sus cargos y defenderse desde fuera de las instituciones, ya que según indica "con esta citación en calidad de imputados comienza a quedar claro su implicación en el oscuro asunto de las prejubilaciones millonarias".   

UPyD ha recordado las cifras que de acuerdo a sus propios estudios fueron adjudicadas a los directivos con el beneplácito del Consejo de Administración para su prejubilación, que suman más de 34 millones de euros entre ocho personas. La mayor parte, casi 15 millones, fue aprobada para Manuel Escribano, según los derechos consolidados  totales que figuran a 31 de diciembre de 2010.     

"Los directivos se desentendieron de la gestión de la entidad en sus últimos años con el único fin del enriquecimiento propio y totalmente desproporcionado en una serie de maniobras financieras donde, aparte de subir sus propios sueldos de manera impropia dada la situación de la entidad, dotaron millones de euros en fondos para cubrir estas pólizas que garantizasen sus planes de pensiones y prejubilaciones, aun a sabiendas de que colaboraban a la ruina de la propia caja de ahorros", ha insistido UPyD. 

De una modélica gestión, a la ruina   

Este partido ha remarcado que los exconsejeros son responsables, tanto por acción como por omisión, no sólo por aprobar las operaciones, sino además por la "grave dejación de sus funciones", puesto que según advierte "fueron incapaces de prever y evitar tales maniobras y de actuar en beneficio de los verdaderos accionistas de la Caja, los impositores a los que se suponía que representaban y salvaguardaban".    

UPyD ha lamentado que "cegados por exóticos viajes de formación" los antiguos consejeros "se consideraron eximidos de cualquier responsabilidad en la gestión del equipo de dirección, cuando su función era precisamente fiscalizar sus actuaciones y acuerdos".    

"El propio Arahuetes llegó a afirmar que él no sabía ni lo que firmaba, pero lo cierto es que como licenciado en Derecho debería conocer que su responsabilidad en el Consejo es solidaria sobre los actos de los miembros del Comité de Dirección", ha recordado.    

La organización se ha congratulado por que la Justicia finalmente vaya avanzando en sus investigaciones para poder clarificar las operaciones de los últimos meses de existencia de Caja Segovia, que según ha resaltado "pasó de ser una entidad modélica en su gestión y solvente a una fundación en ruinas y con todo su patrimonio expoliado".