El juez del "Caso PGOU" desestima los recursos de los imputados e insiste en no incluir al alcalde

La resolución del juez, José María Crespo, afecta a los recursos presentados por el exjefe del Área de Urbanismo, Modesto Mezquita, así como a los interpuestos por el arquitecto municipal Luis Álvarez Aller; el exjefe del Servicio de Urbanismo, José Luis Cerezo Bada; los hermanos José Luis y Eduardo González Torres, socios del Grupo Capitol, y la empresa Parkosa, según informó a Europa Press el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

De igual forma, el juez ha desestimado el recurso presentado por la Federación de Asociaciones de Vecinos 'Antonio Machado', personada como acusación popular y que pretendía incluir en la lista de imputados al alcalde por entender que éste tuvo conocimiento desde el principio de que el texto publicado no coincidía con el aprobado y no hizo nada para averiguar los hechos. Por ello, solicitaba su imputación, si no como acción sí por lo menos por omisión.
 
Sin embargo, el instructor considera que por encima del que fue concejal de Urbanismo imputado, José Antonio García de Coca, no se ha determinado la existencia de indicios de delito en el alcalde de Valladolid.
 
"Se dice en el recurso que o dirigió lo ocurrido y actuado o delinquió por omisión. Para ello, por un lado, debía haber indicios de tal dirección, que sí aparece en cuanto a García de Coca y otros, y no en cuanto al alcalde, en actos concretos, o debe constar dejación de control intencionada y dirigida a facilitar y culminar el propósito delictivo. Esto no concurre tampoco, pues en los diferentes actos se deduce que eran los servicios jurídicos los que actuaban en los procedimientos contenciosos, de todo tipo", apostillo el auto del juez.
 
Desestimados los recursos de reforma, los recurrentes tienen ahora plazo de cinco días para elevar recurso de apelación ante la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia de Valladolid que preside Feliciano Trebolle, algo que ya realizaron directamente la propia Fiscalía--solicita también la imputación del alcalde y del concejal de Seguridad y Movilidad, Manuel Sánchez, además del empresario Ramón Herrero Merino--y los abogados de José Luis Mayordomo, socio de Capitol y expresidente del  Baloncesto Valladolid; el exedil de Urbanismo, José Antonio García de Coca; José Luis Barca, exjefe de la Asesoría Jurídica municipal, y el todavía letrado municipal, Luis Ángel Lavín Deza.  
 
A los imputados se les acusa de delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, falsedad, cohecho, tráfico de influencias y negociación prohibida a funcionarios, todo ello por hechos ocurridos a partir de 2003 relacionados con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que, antes de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en febrero de 2004, fue modificado para, supuestamente, beneficiar a los promotores de distintos proyectos urbanísticos.
 
Las claves de las irregularidades detectadas por el juez en el proceso habido hacen referencia a que no se ha tramitado el cambio del PGOU mediante revisión del mismo; no se ha dado cuenta del texto único por el Pleno municipal a todos los grupos, con tiempo para examen del texto antes de su remisión para la publicación del mismo, y la ausencia de requisito de control por la Consejería de fomento del texto único, antes de su publicación.
 
El procedimiento de revisión o los controles señalados, según entendía Crespo, habrían podido evitar que se publicase en el boletín oficial un texto con planos distinto al que debió ser publicado.

El denominado 'Caso del PGOU' de Valladolid fue llevado a la Fiscalía de Valladolid el día 7 de julio de 2008 por el Grupo Municipal Socialista, que denunció ya entonces la modificación ilícita de 67 artículos y cinco planos --el Ayuntamiento reconoció errores en ocho epígrafes y cinco planos-- y consideró como principal responsable al exedil de Urbanismo, a quien imputaba por las manipulaciones en el planeamiento urbanístico de la ciudad en los últimos días de agosto de 2003, entre su aprobación provisional por parte del Pleno y la definitiva por parte de la Junta.
 
Aunque los hechos fueron denunciados por el grupo de concejales socialistas, éstos no han podido personarse en las diligencias debido a la elevada fianza exigida, algo que, por el contrario, sí han logrado hacer la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid, que figura como acusación popular tras desembolsar 8.000 euros de fianza.