La Junta cumple la legalidad sobre contratación de forma "razonable" aunque con salvedades en el principio de transparencia

Este informe, al que ha tenido acceso Europa Press, detecta incumplimientos en los informes técnicos de valoración así como una "inadecuada motivación" en la tramitación de suspensión de la ejecución de contratos, modificados y prórrogas y observa en la Consejería de Economía y Empleo fraccionamiento de contratos tramitados como menores sin serlo.

Según la información proveniente del Registro Público de Contratos de Castilla y León y de los órganos de contratación, la Junta adjudicó 6.958 contratos en 2010 por 676,7 millones de euros --en 2009 se produjeron 6.484 contratos por 1.064 millones-- y la fiscalización ha seleccionado una muestra de 70 contratos por 263 millones, un 38,9 por ciento del total adjudicado.

Entre las "salvedades" que afectan al principio de transparencia de los procedimientos el Consejo de Cuentas menciona los informes técnicos de valoración en los que se puntúan aspectos no previstos en los pliegos o que no están suficientemente motivados y la falta de motivación adecuada de las causas que justifican la tramitación de la suspensión de la ejecución del contrato, así como en los modificados y las prórrogas.

En el caso concreto de la Consejería de Economía y Empleo se observa un fraccionamiento del objeto de contratos que conlleva su tramitación como menores sin serlo.

Por su parte, la contratación no comunicada por la Administración de la Comunidad al Registro Público de Contratos de Castilla y León ascendió a 208 expedientes por 15,7 millones de euros, un 2,3 por ciento del importe de la contratación total. "Esta falta de comunicación ha sido detectada principalmente en la Gerencia Regional de Salud cuyo incumplimiento asciende a 153 contratos por 12 millones de euros, el 11,3 por ciento de la contratación adjudicada por dicho organismo", han advertido desde el Consejo de Cuentas.

Desde el punto de vista de la organización de los diferentes órganos de contratación se han detectado incidencias relacionadas principalmente con la estructura competencial y con la aplicación de la normativa presupuestaria y no se han encontrado incidencias destacables en la aplicación de los mecanismos de control interno.

Criterios de adjudicación

Respecto al procedimiento de contratación se pone de manifiesto el "cumplimiento razonable" del inicio en la tramitación de los procedimientos abiertos, "justificándose la necesidad y la existencia de crédito adecuado y suficiente para atender el gasto". No obstante, en 32 expedientes no queda adecuadamente justificada la elección de los criterios de adjudicación o de negociación utilizados y en ocho contratos con tramitación de urgencia, ésta no se justificó suficientemente.
 
De los 21 contratos adjudicados mediante procedimiento negociado sin publicidad, en seis no quedan suficientemente expuestas las razones por las que sólo pueda encomendarse su objeto a un único empresario, o no se justifican otras circunstancias que fundamentan su utilización. En nueve casos no consta en el expediente o bien la solicitud de al menos tres ofertas, o la negociación efectuada, o contienen otros
defectos.
 
En cuanto al cumplimiento del contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas el informe observa diversas incidencias en relación con la constitución de la garantía definitiva (14 contratos) y de deficiente acreditación de la solvencia financiera, económica o técnica (en 24).

En trece casos no se determinan los criterios de selección para los empresarios extranjeros; en doce no se concreta fecha de inicio o plazo de ejecución o éste no es coherente y de los 49 adjudicados por procedimiento abierto, en 33 se aprecia una incorrecta definición de los criterios de adjudicación y en 17, en relación con los criterios de adjudicación valorables mediante fórmulas, se produce una incorrecta ponderación referente al precio. Además, en doce contratos se observa una incorrecta definición de las fórmulas o de su aplicación o se realiza una incorrecta valoración de los criterios.
 
Además, los pliegos de cláusulas administrativas de nueve expedientes contenían defectos referentes a la revisión de precios, en seis los pliegos de prescripciones técnicas presentan incorrecciones y en once no consta la aprobación de los pliegos o del expediente de contratación o carecen de firma.

Anuncios de licitación

En cuanto al procedimiento de adjudicación, este informe concluye que los anuncios de licitación omiten aspectos del contrato que deben ser objeto de publicidad. Así, en 16 expedientes el anuncio no contiene los criterios de adjudicación y en 22 existen otros defectos u omisiones, y en otros 16 han existido incidencias en la actuación de la mesa de contratación referentes al incumplimiento de plazos en la apertura de sobres, al orden de apertura de los mismos, o a la subsanación de documentación por los licitadores.
 
En otros 29 casos el informe técnico de valoración de los criterios que no dependen de la  aplicación de fórmulas automáticas no está suficientemente motivado o introduce aspectos no previstos en el pliego de condiciones particulares y en seis existen incidencias en la acreditación de encontrarse los licitadores al corriente de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
 
Según este informe, en otros once se han excedido los plazos para dictar la resolución de adjudicación provisional y/o definitiva y en 23 al menos alguna de las dos resoluciones no está suficientemente motivada. En otros 20 se producen deficiencias en la notificación al adjudicatario o al resto de licitadores y en 13 la publicación de las adjudicaciones presenta defectos en cuanto al plazo o al contenido.
 
En cuatro, en relación a la formalización del documento contractual, ésta es de fecha anterior a la notificación de la adjudicación y en otros cuatro existen otras incidencias.
 
Por otro lado, en cuatro se incumplieron los plazos parciales o el final y en 10 se observó una inadecuada tramitación de la suspensión de la ejecución del contrato o de su prórroga y en nueve no quedaron suficientemente acreditadas la existencia de razones de interés público y de causas imprevistas alegadas para la aprobación de modificados.
Extinción del contrato.

Por su parte, el análisis del fraccionamiento del gasto y del cumplimiento de la legalidad de los contratos menores fiscalizados de la Consejería de Economía y Empleo ha puesto de manifiesto la existencia de 22 expedientes de los 57 examinados (el 38,6 por ciento en número y el 38,9 por ciento en cuantía) en los que se produce la coincidencia en el objeto de las contrataciones y su importe conjunto elude lo preceptuado en la Ley de Contratos del Sector Público, "lo que obligaría a la utilización de otros procedimientos o formas de adjudicación con publicidad".

Este informe correspondiente al año 2010 e incluido en el Plan Anual de Fiscalizaciones de 2012 ha sido entregado este lunes en las Cortes. El propósito de este trabajo es la realización de una auditoría de cumplimiento de la legalidad sobre la gestión contractual en relación con la aplicación de los principios de publicidad y transparencia de los procedimientos, así como los de concurrencia, no discriminación e igualdad de trato a los licitadores.