Mateos defiende los resultados "satisfactorios" de la zona única de admisión del alumnado y el PSOE reitera que favorece a la concertada

Durante su comparecencia en la Comisión de Educación de las Cortes, Mateos ha recordado ha justificado la decisión en su deseo de unificar la zona única para "avanzar en la libre elección de centro" y ha aclarado que la zona única busca solventar los conflictos derivados de una "zonificación elevada" como la imposibilidad de acceso a un determinado modo de enseñanza si no se ofertaba en la zona de la familia interesada y otras acciones como los "empadronamientos fraudulentos".   

El proceso de elaboración técnica de la medida ha supuesto tres años de trabajo, según el consejero, quien  ha recordado que en el curso 2009/2010 se puso en marcha con carácter piloto en Zamora y que en el paso curso ésta llegó a otras tantas localidades de la Comunidad de lo que, a su juicio, se puede concluir que los resultados son "satisfactorios": el 92 por ciento de las familias escolarizó a sus hijos en segundo ciclo de Infantil en su primera elección.   

"Ha permitido que haya más posibilidades de elegir y ese era uno de los objetivos", ha recalcado antes de que la portavoz socialista en materia educativa, Ángela Marqués, haya vinculado esta decisión al incremento de matriculación en la escuela pública y al consiguiente deseo de "favorecer" a la escuela privada concertada.   

Para la procuradora socialista, lo que esta medida consigue es que sea el centro educativo el que elija al alumnado en el caso de los que registran una mayor demanda de matriculación por lo que la zona única podría provocar "más desigualdad y desequilibrio".   

Tras presentar como defensa a su argumento el hecho de que la Asociación de Escuelas Católicas se haya mostrado de acuerdo con esta medida, una "vieja aspiración" de la escuela privada concertada, por considerar que beneficiará a centros con "buenos servicios y resultados", Ángela Marqués ha advertido de que el actual "no es momento"  para crear "centros de primera y de segunda".   

Asimismo, ha trasladado su sorpresa ante el hecho de que la Consejería haya trabajado en los tres últimos años sobre el tema cuando, ha recordado, el portavoz de la Junta aseguró en el año 2011 que se "descartaba" la zona única dado que el 95 por ciento de los padres lograba matricular a sus hijos en su primera opción.   

"Como hay más matriculación en los centros públicos, con esta medida se favorece la de los privados concertados", ha considerado la procuradora socialista en su justificación del "cambio de opinión" de la Administración autonómica en este sentido.

"No ha habido mobbing"   

El primer punto del Orden del Día de la Comisión ha llevado a Juan José Mateos ha explicar, ante los procuradores del PP y del PSOE, el caso de la sentencia dictada en el año 2011 por el Tribunal Superior de Justicia a propósito de un recurso interpuesto por una docente ya jubilada de la Escuela de Arte de León por el acoso que sufría por parte de un compañero.   

En este sentido, Mateos y la 'popular' María Emilia Villanueva han recalcado que el fallo no habla de 'mobbing' y, tras defender que se trataba de un "problema personal" que "llegó más lejos de lo que debía", el consejero ha reconocido que la Consejería "no fue capaz" de tomar las medidas "para que el problema tuviera una mejor solución".   

"La Junta no ha sido suficientemente eficaz y ahí soy culpable", ha asegurado antes de detallar que el caso se extendió desde el año 1997 y hasta 2011, fecha en que se produjo la jubilación de la maestra de técnicas vidrieras, y de manifestar que la sentencia "ha sido acatada rigurosamente" por la Consejería y que en la actualidad está en tramitación el expediente disciplinario abierto.   

Mateos, quien ha aclarado que no se dan "muchos casos" de este tipo pese a contar con más de 29.000 profesores y más de medio millón de alumnos, ha reiterado que se trataba de un problema "entre personas que trabajaban juntas y no han sido capaces de entenderse" y que se ha saldado con el pago de una indemnización de 14.500 por parte de la Administración, que fue demandada.   

Por su parte Marqués, quien como el resto de intervinientes se ha referido a distintos fragmentos de la sentencia para defender su argumentación, ha considerado que el que se llevaba a cabo era un "funcionamiento equivocado y no adecuado" del régimen disciplinario de una escuela y ha precisado que el fallo del TSJ habla de un "acoso moral laboral" que era "conocido por la administración" y que ha equiparado con el 'mobbing'.   

"Creemos que todo ha fallado", ha afirmado antes de advertir de que la situación "se ha consentido y prolongado" hasta la actualidad y de que Villanueva haya matizado, sentencia en mano, que "no todos los comportamientos descritos" constituyen 'mobbing'.