CC.OO denuncia que la Junta concederá entre 50 y 100 euros a un número muy reducido de familias por la compra de libros

El sindicato apunta que el departamento de Mateos dedicará este curso seis millones de euros para la adquisición de libros de texto en toda la Comunidad Autónoma, cantidad que se sumará a los 1,1 millones dedicados al programa de bancos de libros de texto del Programa Experimental de Reutilización Escolar de Libros de Texto en la Enseñanza Obligatoria ('Releo').

La suma de ambas cantidades es aproximadamente la tercera parte de los 21,2 millones de euros que durante el curso escolar 2010-2011 dedicaron a dichas ayudas la Junta y el propio Ministerio de Educación, de ahí que CC.OO entiende que "se consolidan los brutales recortes" del curso pasado.
 
El Programa Releo, restringido a un pequeño número de centros educativos, "rescata, de forma propagandística y para justificar la drástica reducción de las ayudas, la idea que las propias familias habían propuesto a la Consejería de que se aplicase un programa de gratuidad de los libros de texto. Dicho programa estaba basado en el préstamo generalizado por centros docentes, y que en aquellos momentos habría supuesto un ahorro presupuestario de 8 millones de euros".
 
Sin embargo, el sindicato, a través de un comunicado recogido por Europa Press, sostiene que con el actual sistema de ayudas, y tras los recortes habidos, se seguirán pagando por los libros alrededor de 250  euros por alumno y año, de los que la Junta sólo devolverá entre 50 y 100 euros a un reducido número de familias, "con las que se tiene menos consideración que con las empresas de las editoriales de libros de texto. Sin duda, un agravio más para la ciudadanía de cara a facilitar el acceso al sistema educativo universal".

Decreto

Comisiones Obreras de Castilla y León ha asegurado este miércoles que el 'Decreto para fortalecer las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y Máster', aprobado el pasado viernes funcionará como "una nueva herramienta encaminada a realizar más recortes en la universidad".

El nuevo decreto, según han señalado fuentes de CC.OO. en un comunicado recogido por Europa Press, está asociado al denominado Mapa de Titulaciones, y han augurado que va a implicar "la supresión de titulaciones en las universidades públicas en la región".

En este sentido, han lamentado que, "lejos de abordarse de forma transparente y participativa", la Junta fomente "una vez más" el "comadreo" entre rectores y la Consejería de Educación, al tiempo que ha destacado las "dudas" que, en opinión de CC.OO, el consejero de Educación, Juan José Mateos, tiene "sobre la eficiencia y eficacia del actual sistema público universitario, resultado de ese tipo de modelo de trabajo".

Este Decreto, han recalcado, "no ha sido negociado con las organizaciones sindicales" y sólo ha tenido como interlocutores a los rectores de las universidades públicas, ya que fue presentado "como resultado de las negociaciones mantenidas con los equipos de Gobierno de las cuatro universidades públicas de Castilla y León".
 
A pesar de ello, desde la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Castilla y León ha recordado que envió un documento de análisis de dicho Decreto, en el que, "aparte de denunciar el procedimiento seguido en su elaboración, por carecer de las garantías de información y participación" alertaba de una serie de problemas.

Uno de ellos es, han reiterado, que "no se tiene en cuenta un análisis global del sistema universitario de Castilla y León y de los factores que inciden sobre la matriculación", por lo que se utiliza un criterio de supresión que "sólo se aplicaría a las universidades públicas", en lo que el sindicato interpreta como una "actuación sectaria" ya que debería incluir a las universidades privadas.
 
CC.OO. ha añadido la crítica de que "no se ha realizado tampoco" un estudio sobre el impacto que la aplicación del decreto tendría sobre las áreas de conocimiento, "ni del riesgo de pérdida de conocimiento que podría ocasionar, es decir, la aplicación estricta podría conllevar una desestructuración del sistema público universitario".
 
También han señalado que el criterio de supresión de la oferta pública universitaria, "no establece mecanismos para complementar y contextualizar dicho criterio, estableciendo unas excepciones que no se explicitan suficientemente".
 
Por todo ello, la Federación ha considerado que este Decreto, ahondará en el perjuicio "a las clases con menos poder adquisitivo de la región", y, a juicio de CC.OO. reducirá la población universitaria, que según han interpretado fue calificada de "excesiva" por la portavoz del Partido Popular en el reciente debate realizado en las Cortes de Castilla y León.