El PSOE pide la comparecencia urgente de García ante las "irregularidades" en la Fundación Siglo

El procurador socialista José Ignacio Martín Benito ha advertido a García de que no se puede esconder por más tiempo por lo que "debe dar la cara en el Parlamento, sobre todo después de que el Consejo de Cuentas haya revelado la existencia de importantes irregularidades en el seno de una Fundación en la que el 90 por ciento de los ingresos proceden de la propia Consejería".

El portavoz socialista de Cultura y Patrimonio ha reclamado también explicaciones sobre los despidos de trabajadores que posteriormente fueron considerados nulos e improcedentes por el Juzgado de lo Social.

Entre las irregularidades de la Fundación Siglo por las que el PSOE pide explicaciones, el procurador socialista destaca que en
2010 realizó únicamente contratos de servicios y recurrió "en exceso" a la contratación "dando instrucciones internas de contratación para incrementar considerablemente el umbral cualitativo establecido por la Ley de Contratos del Sector Público".

Así, ha recordado el procurador, mientras en la Ley se fija en 18.000 euros para los contratos distintos a los de obra, en las instrucciones dadas por la Fundación se eleva a 30.000 euros.

Según los socialistas, el informe del Consejo de Cuentas refleja también que la Fundación no sometió a licitación la contratación de los servicios y recurrió al fraccionamiento del gasto "con el fin de eludir los principios de publicidad, igualdad, no discriminación y transparencia".

Martín Benito ha informado a este respecto que se detectó fraccionamiento del gasto en el 66 por ciento de los contratos menores analizados y cinco empresas facturaron gastos superiores a los 30.000 sin que existiera el correspondiente contrato.

A las explicaciones sobre estas "graves irregularidades" en el funcionamiento de la Fundación, el PSOE ha sumado la petición de explicaciones sobre el despido de seis trabajadores del Departamento de Educación y Acción Educativa del MUSAC que el Juzgado de lo Social declaró nulo en el caso de una trabajadora e improcedente en el de los cinco restantes.

En concreto, la Fundación fue condenada a la readmisión de la trabajadora y a pagarle los salarios dejados de percibir, a razón de 57,53 euros al día. En el caso del despido improcedente, la Fundación fue condenada a readmitirlos o a indemnizarlos y optó por pagar la indemnización, que supuso 72.833 euros en total.