Silván ofrece participación para enriquecer en trámite parlamentario las 22 medidas urgentes en vivienda

El consejero de Fomento, Antonio Silván, ha hecho un llamamiento a la participación de los grupos políticos y de los colectivos afectados en materia de vivienda para enriquecer en trámite parlamentario las 22 medidas "urgentes" propuestas por la Junta a través de un Decreto-Ley que ha sido convalidado este miércoles en las Cortes y que se tramitará como Proyecto de Ley --este último aspecto ha recibido el apoyo unánime de la Cámara--.

Silván he hecho especial hincapié en la decisión de tramitar estas nuevas medidas como Proyecto de Ley para que en el trámite parlamentario se enriquezcan con las aportaciones de los grupos y de los sectores implicados de modo que las soluciones que se apliquen en Castilla y León en materia de vivienda sean resultado del consenso y del acuerdo "necesario siempre" y más, ha recordado, en este contexto de crisis económica con situaciones "dramáticas" para algunas personas.
 
El titular de Fomento ha definido estas 22 medidas "urgentes" en materia de vivienda que fueron aprobadas en el Consejo de Gobierno de la Junta del pasado 31 de julio como "necesarias", "prácticas" y "realistas" y como  "una respuesta global y activa" de la Comunidad Autónoma al derecho a una vivienda digna y adecuada, máxime ante las situaciones de especial dificultad sobrevenida para nuevos grupos sociales que precisan de un mayor apoyo al acceso a la vivienda, como los deudores hipotecarios a los que se ha abierto  un procedimiento de ejecución hipotecaria.
 
Desde el Grupo Parlamentario Socialista, que ha votado en contra de la convalidación, la procuradora Ana Muñoz de la Peña ha cargado contra un Decreto-Ley "de escaparate" y "con medidas de escaparate" que, según ha augurado, no tendrá efectos inmediatos ya que carece de una memoria económica que las respalde.
 
"Nadie se cree estas medidas", ha asegurado De la Peña, que ha cuestionado la convalidación de un Decreto-Ley que, según ha advertido, es una "auténtica estafa electoral" que desmantela, además, el régimen jurídico de la vivienda pública en Castilla y León "refugiado en la urgencia para no contar con nadie".
 
De la Peña ha acusado a la Junta de Castilla y León de seguir la senda del Estado con una "demostrada sumisión" en materia de vivienda cuando podría haber redactado una nueva Ley de Vivienda o desarrollado la actual. "Ni lo uno ni lo otro", ha lamentado la procuradora socialista, para quien las 22 medidas propuestas por el Ejecutivo no resuelven los verdaderos problemas de la sociedad castellanoleonesa en materia de vivienda y "sólo quieren acallar el clamor social".

"No son creíbles"

La procuradora socialista ha ido más allá en sus críticas hacia unas medidas que "no son creíbles" y cuyo mayor interés es la recaudación. "No tienen credibilidad, no dan confianza a los mercados ni seguridad a las familias o a los promotores; sólo pretenden aparentar que se hace algo con  22 medidas sin un sólo euro que las respalde", ha sentenciado. "Cien viviendas para 12.000 desahuciados, ¿esto es una broma?", se ha preguntado.
 
Por su parte, el procurador 'popular' Daniel Sobrados, que ha anunciado una dotación de 200 millones de euros, ha rechazado las críticas socialistas y ha recordado que las demandas del principal grupo en la oposición responden a planes y medidas que ya se han puesto en marcha en los últimos años, frente al modelo andaluz "con una presidenta de estreno", ha apostillado, que proponen los socialistas y que "no son más que propaganda".
 
Al igual que el consejero, el procurador del PP ha llamado a los grupos Socialista y Mixto a dejar los reproches a un lado para trabajar en el enriquecimiento de unas medidas "reales y concretas" que podrían ser "más y mejores", con la particularidad de que mientras se consensúan ya se pueden estar aplicando las 22 propuestas "urgentes" de la Junta.
 
Por parte del Grupo Mixto, que también se ha mostrado en contra de la fórmula del Decreto-Ley "por razones de forma y de fondo", su viceportavoz y procurador por UPL, Alejandro Valderas, ha reclamado un pronunciamiento de los ayuntamientos de Valladolid y de León por ser los más afectados por unas medidas cuyos números "no casan".
 
Valderas ha cuestionado también que no se hayan incluido propuestas como las realizadas por el Consejo Económico y Social (CES)  y ha expresado su preocupación ante una "sospechosa" finalidad política y electoral por parte de la Junta con plazos de dos años que coinciden con la conclusión del actual mandato, a lo que ha sumado la capacidad recaudatoria de la norma sin contemplar "inversión alguna".

Las medidas

Entre las medidas urgentes en materia de viviendas destaca una rebaja de un 20 por ciento de los precios máximos de venta o alquiler de aquellas viviendas públicas que se adjudiquen después de que entre en vigor esta norma. El precio actual de las viviendas cuyas futuras adjudicaciones sufrirán esta rebaja es de 500 euros en régimen de alquiler y de 100.000 euros en venta.
 
Otra de las acciones se centra en facilitar los pagos de las cuotas de compra o de alquiler con determinadas moratorias de pago, además se avanza en la amortización anticipada de la compra o en la adquisición de viviendas en arrendamiento. También se reservará una parte de las viviendas para colectivos en riesgo de exclusión social y se obliga a la Administración autonómica y a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes a constituir parques públicos de alquiler social, integrados por viviendas y alojamientos protegidos de titularidad pública, que se destinarán preferentemente al alojamiento, en régimen de arrendamiento, a personas incluidas en los colectivos de especial protección.
 
Junta y ayuntamientos deberán reservar al menos el 30 por ciento de las viviendas protegidas desocupadas y de los terrenos de uso residencial de su titularidad o de entidades dependientes para consolidar los parques públicos de alquiler social.
 
Dentro de las acciones destinadas a movilizar el 'stock' de viviendas destaca la ampliación del periodo de amortización de préstamos hipotecarios, además no se exigirá la devolución de las ayudas de la Junta por compra de vivienda cuando esta sea objeto de transmisión por subasta, dación en pago o adjudicación en un procedimiento de desahucio ni cuando se modifiquen los préstamos para reestructurar la deuda hipotecaria.
 
Asimismo, la política de alquiler de la Junta se unifica en un único Programa de Fomento del Alquiler que pretende dotar de "mayor" flexibilidad el apartado de requisitos de las viviendas del programa así como el relacionado con los arrendatarios.
 
La Junta establece una "más clara" diferenciación entre las viviendas de promoción privada y las de promoción pública. En el caso de las viviendas protegidas privadas se reduce la duración del régimen legal de protección a 15 años y a 10 años el plazo mínimo para solicitar la descalificación. En la vivienda protegida de promoción pública se mantiene el plazo de protección en 30 años y se concentra en la atención a los sectores sociales desfavorecidos con ingresos hasta 3,5 IPREM, a los que el mercado no proporciona una solución a sus necesidades.
 
Además se flexibilizan los requisitos para acceder a una vivienda protegida. Se estable un nivel máximo de ingresos de 6,5 veces el IPREM en la promoción privada y la posibilidad de que personas jurídicas públicas y privadas sin ánimo de lucro sean destinatarias de viviendas protegidas cuando en las mismas se vayan a desarrollar actividades de interés público o social o se destinen a realojar personas incluidas en alguno de los colectivos de especial protección.