El ministro de Justicia, Alberto-Ruiz Gallardón, ha asegurado este martes que no desaparecerá sede judicial alguna y ha afirmado que la reforma que el Gobierno pondrá en marcha permitirá mayor "flexibilidad" y más eficiencia en el sistema.
Ruiz-Gallardón, quien ha participado en el 'Ciclo de la Justicia' de El Norte de Castilla, ha asegurado que "apuesta" por la continuidad de "la totalidad" de las sedes judiciales y ningún municipio las perderá.
En esta línea, cree que se ha confundido la propuesta del Consejo General del Poder Judicial en la que se proponía la reducción de partidos judiciales con la del Gobierno o de los expertos a los que se ha consultado para abordar esta reforma, para la que en octubre se pretenden presentar los anteproyectos de ley del Poder Judicial y de la ley de Enjuiciamiento Criminal.
Aunque en octubre se presentarán las propuestas del Gobierno, de acuerdo con las que realicen los expertos, el ministro ha insistido en que "no desaparecerá ni una sede judicial", algo en lo que ha afirmado que "no hay matices".
Ruiz-Gallardón ha defendido las propuestas de los expertos y ha abogado por la creación de los "tribunales de instancia", que coincidirán con las provincias, y que asumirían las funciones de las audiencias provinciales y de los juzgados unipersonales, de manera que todos los jueces de una misma provincia formarán parte de ellas.
Sin embargo, ha aclarado que no dejarán de trabajar
en sus sedes o de forma individual, pero de esta forma se establece una flexibilidad, que considera que es lo que se necesita frente a la actual "rigidez" debida a una territorialidad en el ámbito civil y penal.
Una vez creados estos tribunales, serán las salas de gobierno de los tribunales superiores de Justicia, de acuerdo con las comunidades autónomas, las que determinarán qué uso se da a las sedes judiciales.
De esta forma, considera que habrá más posibilidades de que en comunidades uniprovinciales como Madrid se apliquen criterios de especialización y se concentren en una sede juzgados de una materia concreta, mientras que en otras con mayor dispersión, como es el caso de Castilla y León, se aplicarán criterios provinciales. Sin embargo, ha añadido que "no tiene sentido" que se establezca por Ley, sino que serán los tribunales superiores y las comunidades las que lo determinen, ya que existen variables cambiantes.
Aunque inicialmente esta propuesta es por la que abogan los expertos, el ministro se ha mostrado "casi convencido", de ahí que haya defendido en este foro con "entusiasmo" un modelo capaz de adaptarse que considera que proporciona agilidad, movilidad funcionarial y de titulares de juzgados entre sedes y no mecanismos rígidos como la creación de juzgados.
A lo largo de su intervención, Alberto Ruiz-Gallardón ha defendido la necesidad de la reforma de la Justicia, algo que por primera vez se ha incluido en el catálogo de reformas estructurales que se ha remitido a la Unión Europea, que ha pedido que se siga avanzando, incluso más rápido.
El ministro cree que esta reforma incluso dotará a España de una mayor competitividad internacional, ya que la resolución de conflictos y la restitución de las lesiones que se hayan podido producido de una forma "eficiente" puede hacer que se decida realizar una inversión o no.
A este respecto, ha añadido que no es algo "aplazable" y se ha dirigido al secretario autonómico del PSOE y portavoz de Justicia en el Congreso, Julio Villarrubia, para reconocer que el anterior gobierno, en sus dos legislaturas, también intentó mejorar el sistema judicial de una forma "bienintencionada", para lo que dotó de mayor presupuesto
a la Justicia, pero no se lograron los mismos resultados que en otros servicios.
Ruiz-Gallardón cree que el incremento de presupuesto no fue suficiente para mejorar la eficiencia y por ello es necesario "un cambio de modelo" que suponga tanto un aumento de fondos como de planta judicial.
Caso BárcenasEl ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha expresado el respeto y la confianza del Gobierno en el "buen hacer" de los jueces y magistrados y el Ministerio Fiscal respecto al caso Bárcenas y ha incidido en que no debe ser el Ejecutivo el que se pronuncie respecto a esta cuestión cuando hay un sumario abierto y es "otro poder" el que lo somete a revisión.
Ruiz Gallardón ha insistido en que la postura del Gobierno y "especialmente" la del Ministerio de Justicia es trasladar a los ciudadanos la confianza en los miembros del Poder Judicial.
En esta línea, ha insistido en que el Ministerio, ante un asunto sometido "al juicio de los tribunales", tiene que pedir respeto a la independencia del Poder Judicial y la autonomía del Ministerio Fiscal y ha trasladado su "convicción" de que, viviendo en un Estado de Derecho, todos los ciudadanos deben tener confianza en la Justicia.
En cuanto a si esta cuestión puede afectar a la imagen exterior de España, cree que "ningún tipo de acontecimiento" que vaya a frenar la recuperación considera que el país tiene "enormes fortalezas" y superará la crisis gracias al "sacrificio" que han realizado los ciudadanos, especialmente los funcionarios, a los que se ha pedido un esfuerzo añadido.
Ruiz-Gallardón, ha advertido de que el Gobierno no aceptará medida "política ni jurídica" que se "enfrente" a la Constitución Española y ha insistido en que el titular de la soberanía de España es "el pueblo español en su conjunto y no los territorios".
Ruiz-Gallardón se ha referido así al debate sobre la independencia de Cataluña, que ha recordado que ha abierto el gobierno catalán. En este marco, tras señalar que la Constitución está refrendada directamente por el pueblo español y es una norma que por su importancia se somete directamente a su voluntad, ha recordado "un dato que muchas veces se olvida", que la Constitución de 1978 tuvo en Cataluña "más participación que la media española y más votos a favor que la media española", algo que es "una realidad".
Así, ha explicado que, como toda norma democrática, la Constitución tiene sus mecanismos de modificación, por lo que el Gobierno considera que si alguien no está conforme con que los españoles sen los titulares de su soberanía, con el Estado de las Autonomías o alguien quiere un modelo de Estado diferente o una segregación de una parte del territorio "lo que tiene que hacer es modificar la Constitución de la misma forma de la que fue aprobada".
Como ejemplo ha puesto al PSOE, que propone abrir un proceso de reforma constitucional tras elaborar la 'Declaración de Granada', que supone una serie de propuestas que no "casan" con la Constitución que no ha entrado a juzgar, pero no se ha planteado "aplicar sin reformar, que no tendría sentido".
Por ello, ha insistido en que quien quiera reformar tiene que iniciar un proceso de reforma y luego serán las Cortes y, en su caso, el pueblo español en su conjunto, los que se pronuncien.
"Lo que no se puede hacer de forma unilateral es romper las reglas del juego", ha añadido el ministro, quien ha asegurado que el Gobierno defenderá la Constitución porque la legitimidad de los tres poderes del Estado, también del Ejecutivo, nace de la Constitución y no aceptará ninguna medida política y jurídica que se enfrente al texto constitucional.
"Si alguien piensa que el texto constitucional no es el marco adecuado para sus pretensiones políticas, tiene que proponer al resto de los españoles la modificación", ha asegurado el titular de Justicia, quien ha agregado que "ni que decir tiene" que el partido que gobierna no apoyaría esa reforma, sin perjuicio de que le parezca legítimo que se proponga.
Condolencias
Alberto Ruiz-Gallardón ha trasladado las condolencias del Gobierno a las víctimas del accidente de tráfico ocurrido en la localidad abulense de Tornadizos de Ávila y ha asegurado que el Ejecutivo se esforzará en que intentar evitar que se repitan siniestros como éste. El ministro ha trasladado el pesar del Gobierno por este accidente y ha incidido en que la "ambición máxima" es realizar esfuerzos para intentar que accidentes como estos no se vuelvan a repetir.
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