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Jaime Haddad
Jaime Haddad

El Magrama reitera que no debe fondos a la Comunidad y atribuye la polémica a diferencias de interpretación

Las OPAs apelan a la responsabilidad de Junta y Gobierno para solucionar el problema

lunes 24 de junio de 2013, 16:14h
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) ha insistido este lunes en que "no debe dinero" correspondiente a los programas de Desarrollo Rural (PDR) a Castilla y León y ha atribuido la polémica con la Junta a diferencias en la interpretación del convenio con la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) y con la aplicación de la reprogramación pactada.

Así lo ha explicado el subsecretario del Magrama, Jaime Haddad, tras una reunión que ha mantenido con las organizaciones agrarias de Castilla y León, a las que ha ofrecido información sobre los pagos realizados y las cantidades pendientes de este año. Además, se ha dejado un expediente completo en la Delegación de Gobierno por si fuera necesaria su consulta.

Haddad ha explicado que el Ministerio "no debe dinero" y no sólo eso, sino que "no ha perjudicado ni perjudicará" a Castilla y León en los fondos europeos, ya que si había un compromiso de pagar el 40 por ciento de las cantidades previstas para 2013 al principio del ejercicio, ya se ha hecho efectivo el 50 por ciento.

En esta línea, ha explicado que se ha mantenido una reunión con la Junta el pasado viernes y hay otra programada para este próximo y sigue habiendo diferencias, pero ha afirmado que se reunirán "tantas veces como sea necesario" porque al final "tendrán que estar de acuerdo".

Haddad ha detallado las cantidades que se han hecho efectivas a la Comunidad para la financiación del PDR en Castilla y León, que contaba con un compromiso de 544,35 millones de euros para el periodo 2007-2015, de los que hasta 2011 se han abonado 272,38 millones, por lo que restan 271,97.

Así, en 2012 se puso a disposición de la Junta 71 millones de euros cuando el compromiso era de unos 67,99 millones y la Comunidad gastó unos 66,7. Esta cantidad se divide en varios conceptos, concretamente 24,35 millones son remanentes en poder de la Comunidad que el Ministerio autoriza a gastar en PDR, mientras que 41 millones son transferencias del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) para financiar estos programas.

A esto se suman otros 332.000 euros de líneas que el PDR contempla y que por convenio corresponde al Magrama gastar (ayudas vinculadas a préstamos de incorporación de jóvenes y planes de mejora) y 5,5 millones de euros que corresponden a Seiasa para mejora y modernización de regadíos.

Éste último concepto, uno de los que es objeto de discrepancia, se considera aportación del Ministerio al PDR por un convenio firmado por el anterior Gobierno con la Consejería de Agricultura en el que, mediante fórmulas matemáticas, se calcula qué cantidad de estas obras se computa así. Se trata de un cálculo complejo técnicamente, ha explicado el subsecretario, quien ha aclarado que, según las fórmulas, estos 5,5 millones serían dinero nacional aportado al PDR.

A este respecto, Haddad ha incidido en que el convenio con el Seiasa, que es de 2009, ha llamado la atención por lo "exhaustivo y minucioso" que es y ha explicado que se firmó por todas las partes, Gobierno, Comunidad y la Unión Europea, incluso además de recogerse en su texto los términos y los cálculos que se deben realizar para éste cómputo lleva consigo un "manual".

Actual ejercicio

En cuanto a 2013, el subsecretario del Magrama ha explicado que en 2012 se produjo un "hecho relevante", por un lado, una reprogramación que pactaron ambas administraciones en la que se mantienen los fondos europeos pero se disminuyen 141 millones de euros del gasto nacional, a partes iguales entre la Junta y el Ministerio, ya que aportan el 25 por ciento cada administración y un 50 por ciento la Unión Europea.

Así, se recalculan los compromisos, que ascienden a 136,64 millones de euros para los próximos tres años y salen nuevas cifras con las que se establece el techo de gasto, que para este año es de 45,5 millones de euros. "Se calcula de manera muy sencilla y de igual manera para todas las comunidades", ha añadido Haddad, quien ha explicado que se trata de calcular cuánto resta por pagar, cuántos años y se divide.

Éste es otro de los puntos donde hay interpretación diferente ya que, según ha explicado, la Junta interpreta que este año se deberían de hacer los cálculos como si no se hubiera hecho la reprogramación, pero el Gobierno entiende que hay que aplicarla ya. En cualquier caso, esto no tendrían consecuencias en los fondos al final del periodo de financiación, pero sí variarían las cantidades para cada año y, en caso de hacer como dice la Junta, este año la cuantía sería superior y en ejercicios sucesivos menor.

Así, hasta el 31 de mayo, de los 45,5 millones comprometidos para este ejercicio (techo de 45,14 millones y una previsión de pagos directos de 407.500 euros) se han financiado 4,3 millones a través del consumo de remanentes y 13,3 millones responden a transferencias del FEGA. A esto se suman 4,51 millones del Seiasa y 40.400 euros de pagos directos de ayudas.

En total se han aportado 22,24 millones de euros en lo que va de año y falta por abonar el resto hasta los 45,5 millones, aunque el subsecretario ha recordado que hay hasta final de año para poder hacerlo efectivo, por eso ha asegurado que "no pueden aceptar" que se diga que se debe dinero o que no se paga.

Además, ha aseverado que en 2012 no sólo se cumplió el compromiso sino que se fue más allá y se puso a disposición de la Comunidad más dinero del que se había comprometido y en 2013 se comprometió que al principio se aportaría el 40 por ciento, que en el caso de Castilla y León alcanza el 50, y el resto a lo largo del año.

En este marco, ha asegurado que el Ministerio "trabaja para enviar lo antes posible lo que queda a Castilla y León y al resto de comunidades autónomas".

El subsecretario del Magrama ha aclarado que el Gobierno no prevé pérdidas "ni de un céntimo" de fondos europeos, aunque otra cosa sea la forma de gestionarlos, ya que aún quedan otras anualidades.

Diferencias de interpretación

Haddad ha insistido en que la Comunidad "no pone en duda los datos" sino que hay diferencias en las interpretaciones sobre el Seiasa y el cálculo del techo de gasto, pero los expedientes contables que se han presentado "no se pueden poner en duda".

En cuanto a los motivos de la polémica, el subsecretario ha recordado que el Ministerio ha hecho "pocas declaraciones" al respecto y no ha querido entrar en una "guerra mediática", pero al tiempo ha reconocido que no han entendido "ciertas denominaciones y aseveraciones" que se han hecho como cuando se decía "que no han pagado" en lugar de hablar sobre las diferencias de interpretación.

Por lo que se refiere a la decisión de explicar estas cuestiones a las organizaciones agrarias, Haddad ha asegurado que "ya tenían que explicarlo" porque ha habido reuniones con la consejera de Agricultura, Silvia Clemente, e incluso con el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y aún hay manifestaciones de las organizaciones agrarias en la misma línea, por lo que han decidido poner a su disposición "cualquier papel".

Todo ello, ha añadido, con la finalidad de tranquilizar a las organizaciones y también intentar hacer ver "que ciertas declaraciones no se ajustan a la realidad".

Valoración de las Opas

Las organizaciones profesionales agrarias (OPA) Asaja, UPA y COAG han coincidido en reclamar soluciones a los problemas que han surgido entre la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) sobre la financiación de los programas de Desarrollo Rural (PDR) y han lamentado que esto suponga un perjuicio para los agricultores y ganaderos de la Comunidad.

Las organizaciones agrarias se han expresado así tras la reunión que han mantenido en la Delegación del Gobierno con el subsecretario del Magrama, Jaime Haddad, quien ha explicado que el Ministerio no debe dinero a Castilla y León y las diferencias con la Comunidad se deben a interpretaciones.

En este marco, la Alianza que conforman UPA y COAG ha calificado de "sorprendente" el "espectáculo" al que asisten con versiones "tan contrapuestas" entre el Ministerio y la Consejería de Agricultura, que tienen como "víctimas" a los profesionales del sector agrario, que "se muestran perplejos ante esta descoordinación".

A juicio de la Alianza, se trata de una "confrontación dialéctica" que, según la organización, afecta a la cofinanciación del 50 por ciento de fondos comunitarios del PDR correspondientes a 2012.

"Esta situación resulta sorprendente", han asegurado UPA y COAG, que han asegurado que la información aportada por el Ministerio "en nada se parece" a la facilitada días atrás por la Consejería de Agricultura en el Consejo Regional Agrario, en la que se acreditaba que había pagos pendientes que ascienden a 26,6 millones de euros.

La Alianza considera "inaudito" que estas circunstancias ajenas al sector conviertan a estas ayudas "en arma arrojadiza" entre administraciones y que sus efectos tengan "como víctimas" a muchas explotaciones agrarias, a las que se lleva "a un callejón sin salida desde el punto de vista de la viabilidad económica".

Por ello, han apelado a la responsabilidad política de ambas partes para que se ponga fin a esta "confrontación" y se proceda al pago inmediato de lo que se adeuda a más de 50.000 agricultores y ganaderos de Castilla y León.

No hay avances

Por su parte, Asaja ha lamentado que no haya un "compromiso claro" para que los agricultores cobren ayudas que deberían haberse pagado al año pasado.

Según la organización, aunque el encuentro del responsable ministerial se ha desarrollado en un tono de "absoluta cordialidad y talante conciliador" al referirse a los problemas de entendimiento entre administraciones, "esa cordialidad no se ha traducido en ningún avance claro y, sobre todo, que tenga repercusión en los agricultores y ganaderos, quienes, hoy por hoy, no tienen ninguna garantía de que antes de que acabe el año reciban las ayudas comprometidas".

Asaja, tras recordar que estas ayudas corresponden a líneas "fundamentales" para el campo, considera que ha quedado patente que "existe una discrepancia importante" entre las administraciones, cuando "curiosamente" el mismo portavoz del ministerio "ha valorado" la buena gestión que la Junta de Castilla y León ha realizado de estos fondos.

"Eficacia que paradójicamente ha puesto al descubierto estos problemas de financiación, que no se han planteado en comunidades autónomas que no han tenido siquiera capacidad para afrontar sus compromisos de gasto con presupuesto autonómico", ha asegurado.

Al margen de las explicaciones, Asaja ha explicado que "el hecho es que a día de hoy el Ministerio no se ha comprometido a nada concreto" y para la organización "por encima de argumentos y explicaciones" lo importante es que "se den soluciones al problema".

Por ello, ha pedido a los responsables políticos "un ánimo más constructivo, puesto que de no resolverse este rifirrafe, quedarían en el limbo 67 millones de euros de gasto público que dejarían de invertirse en Castilla y León hasta el año 2015, en el que finaliza el Plan de Desarrollo Rural en vigor".
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