Silván afirma que la nueva Ley de Evaluación Ambiental supondrá seguridad jurídica y simplificación administrativa

El consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Antonio Silván, ha asegurado que la nueva Ley de Evaluación Ambiental supondrá seguridad jurídica, simplificación administrativa y una homogeneización de normativa en un único texto.

Silván se ha expresado así en el marco de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente convocada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), que ha presentado el nuevo Anteproyecto de Ley de Evaluación Ambiental.

La nueva norma integra en un único texto la tramitación ambiental prevista para las evaluaciones ambientales de planes y programas así como de proyectos facilitando y agilizando su aplicación. Establece disposiciones comunes y plazos de duración máxima de los procedimientos ambientales simplificando los trámites y reduce las cargas administrativas que tienen que soportar las empresas mediante un texto normativo accesible y que aumenta la seguridad jurídica de los promotores.

La nueva Ley busca la eficacia de las evaluaciones ambientales de forma que se sometan únicamente las actuaciones que puedan tener repercusiones en el medio ambiente y que se tramiten de forma ágil, han informado fuentes de la Consejería.

De esta forma, se han introducido importantes cambios con el propósito de que los promotores del plan, programa o proyecto conozcan las evaluaciones ambientales en un tiempo razonable y la sociedad, en general, esté segura de que ese plan, proyecto o programa se desarrollen con las absolutas garantías de salvaguarda medioambiental. La nueva Ley establece un plazo máximo de cuatro meses para evaluar proyectos en todas las Administraciones, prorrogables otros dos meses por razones justificadas y motivadas

Así, en este marco, el consejero ha destacado la sensibilidad que ha tenido el Gobierno y ha mostrado la satisfacción de Castilla y León porque se han recogido las aportaciones formuladas, que tienen como "denominador común" la seguridad jurídica, la simplificación administrativa y homogeneizar una normativa en un único texto, de manera que sea válido para toda España.

Entre las sugerencias aportadas por Castilla y León, la Consejería ha destacado las que profundizan en la simplificación del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. En este sentido, se agiliza el proceso sustancialmente al no ser obligatorias las consultas previas, no se admiten aquellos proyectos que son manifiestamente inviables por razones medioambientales; se elimina la obligatoriedad de evaluación de pequeñas infraestructuras públicas que a priori son positivas desde un punto de vista ambiental, como por ejemplo las depuradoras y se reducen, en general los plazos.

Otro aspecto importante en lo que se refiere al planeamiento, es la integración, en el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de los instrumentos de planeamiento general, de las Comisiones Territoriales de Urbanismo, que son los órganos colegiados, cualificados y representativos de la sociedad civil en esta materia.

Obligación para el 'fracking'

Además, la nueva norma incorpora el sometimiento obligatorio a evaluación de impacto ambiental de nuevas técnicas, como la fractura hidráulica o 'fracking', tal y como se estaba proponiendo desde Castilla y León. Es decir, en el conjunto de España deberán someterse obligatoriamente a evaluación de impacto ambiental las perforaciones para conseguir hidrocarburos mediante la técnica de la fractura hidráulica.

Según el consejero, todo ello se traducirá en acortar plazos a la hora de realizar evaluaciones, lo que va a reducir también todo el trámite de participación y tramitación, lo que va a ser un "ahorro de costes" para los promotores de proyectos, la administración y una gestión "más eficaz".

Además, considera un avance "muy importante" que en un único texto estén recogidas todas las evaluaciones de proyectos que lo requieran, sin perjuicio de las peculiaridades de cada comunidad.

"Se reducen esos plazos, se evitan también duplicidades administrativas", ha asegurado Silván, quien ha insistido en mostrar su satisfacción porque esta nueva ley supone garantía jurídica para ciudadanos y promotores.

Texto autonómico y estatal

En este contexto, el consejero de Fomento y Medio Ambiente ha incidido en que la previsión del Gobierno es que se apruebe el texto normativo a finales de año.

A este respecto, ha incidido en que en Castilla y León se podrá simultanear el texto autonómico con esta norma básica, algo que cree "muy importante", y ha explicado que así, cuando el texto nacional esté aprobado, se podrá dar el visto bueno al autonómico.

De esta forma, ha añadido, se dará cobertura jurídica "absoluta" a evaluacines de impacto, informes ambientales, declaraciones y llevar a cabo una "gestión eficaz y efectiva" a la hora de tramitar proyectos.

Finalmente, Silván ha explicado que todos aquellos proyectos ya presentados podrían adecuarse a la norma una vez aplicada, de manera que las consultas ambientales que se exigen ahora, una vez entre en vigor, no serán necesarias, aunque ha aclarado que toda la garantía medioambiental "queda salvaguardada" y lo que se hace es reducir plazos y evitar duplicidades, "en definitiva agilizar".