UGT y CC.OO proponen modificar la Renta Garantizada de Ciudadanía con una dotación anual de 100 millones y medidas que eviten desahucios

Los sindicatos UGT y CC.OO de Castilla y León han presentado una propuesta para modificar determinados aspectos de la Renta Garantizada de Ciudadanía para adaptarse así a las nuevas necesidades que, según el cálculo de los sindicatos, debería tener una dotación anual de un mínimo de 100 millones de euros e incluir medidas de vivienda que ayuden a evitar desahucios y dé cobertura a familias con todos los miembros en paro.

El secretario de Acción sindical de CC.OO, Vicente Andrés; la secretaria de Políticas Sociales de CC.OO, Bernarda García; la secretaria de Política Social y Salud Laboral de UGT, Carmen Campelo, y el secretario de Política Institucional y Política Territorial de UGT, Óscar Lobo, han presentado este viernes la propuesta de modificación de la Renta de Ciudadanía con la que pretenden llegar a un acuerdo con la Junta para que se apruebe por Decreto Ley y atender así las nuevas necesidades de las familias derivadas de la crisis.

En concreto, según los datos aportados por Carmen Campelo, en Castilla y León hay actualmente 6.148 beneficiarios de la Renta de Ciudadanía de un total de 30.000 solicitudes, lo que, a su juicio, demuestra la "tibieza" de esta medida que ahora, dada la situación de crisis y con 260.000 parados en la Comunidad, son "claramente insuficientes".

Por este motivo ha insistido en la necesidad de aplicar ciertas modificaciones con el fin de dotar de mayor "agilidad y flexibilidad" a estos instrumentos para "frenar" el proceso de "empobrecimiento y desprotección" al que se somete a gran parte de la población de Castilla y León dada la crudeza de la crisis.

Tanto UGT como CC.OO plantean un incremento en el presupuesto destinado a este subsidio, ya que en 2013 la cuantía destinada es de 33 millones de euros, algo que, dada la situación, debería ampliarse al menos hasta 100 millones -un uno por ciento del presupuesto total de la Junta-. Una cantidad "perfectamente asumible", a juicio de Óscar Lobo de UGT, dado el margen derivado de la flexibilización del déficit y la imposición de nuevos impuestos para rentas más altas.

Entre las novedades incluidas en la propuesta se establece la necesidad de incluir una Garantía Básica de Vivienda con el fin de evitar nuevos desahucios en la Comunidad, ya que la situación obliga a "arbitrar" un nuevo recurso de estabilidad. De este modo, el documento defendido por los sindicatos incluye nuevas ayudas de hasta 300 euros para aquellas familias cuyos ingresos sean inferiores a 900 euros.

Asimismo, CC.OO y UGT detallan que si las cuantías a satisfacer por hipoteca o alquiler supera el 45 por ciento de los ingresos de la unidad familiar también podrían beneficiarse de este derecho.

Los sindicatos proponen dotar de una ayuda de 300 euros a aquellas unidades familiares o de convivencia que ya perciban la Renta Garantizada de Ciudadanía y acrediten mensualmente que destinan una cuantía económica al pago del alquiler o de la hipoteca.

En el documento se establecen otras modificaciones para garantizar más cobertura como la ampliación de los requisitos de edad para atender a los parados más jóvenes y a los más mayores dado el incremento de la edad de jubilación, la mejora de la definición de unidad familiar ya que "es un poco ambigua", una graduación de los incumplimientos antes de dar por extinguida la Renta "por completo", baremar el patrimonio y que las rentas por trabajos temporales de poca cuantía no impida la percepción.

Con estas medidas, Óscar Lobo ha defendido que se trata de una "propuesta de mínimos" que tiene un único fin "realista" que, a su juicio, no debería suscitar "rechazo", tras lo que ha reconocido que las posiciones de las que parten sindicatos y Junta son "lejanas".

Por su parte, Vicente Andrés, de CC.OO ha recordado que el documento ya se ha remitido a las consejerías pertinentes para su análisis, al tiempo que ha insistido en que la Renta Garantizada de Ciudadanía es la "última red de seguridad" para aquellos "que no tienen nada".

"La Junta de Castilla y León tiene que proteger a sus ciudadanos", ha aseverado, tras lo que ha apelado a la "sensibilidad" del Gobierno regional para romper la "rigidez" de la norma.