Casi 11.500 dictámenes para una institución cada vez más reducida

El Consejo Consultivo de Castilla y León, "superior órgano consultivo de la Junta y de la Administración de la Comunidad", cumple este domingo sus primeros diez años con 11.447 dictámenes aprobados desde 2003.

Según informaron a Europa Press fuentes de este organismo, a pesar de ser en la actualidad el Consejo de composición más reducida de entre los existentes en el país, es, proporcionalmente, el primero en cuanto a actividad "y además ha ido asumiendo nuevas competencias".

Así, en estos diez años la Institución ha aprobado 332 dictámenes de carácter jurídico-normativo (107 sobre anteproyectos de ley y 225 sobre reglamentos ejecutivos) con los que ha contribuido "de una manera callada pero eficaz a la mejora de las normas".

Además, desde el año 2010 ha intervenido en supuestos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones por importe de 140 millones de euros.

Aunque creado por la Ley 1/2002, de 9 de abril, el nombramiento y toma de posesión de sus miembros no se produjo hasta el año 2003, quedando efectivamente constituido el día 5 de mayo de 2003; desde ese momento comenzó a correr el plazo de seis meses previsto en la citada ley para elaborar el Reglamento Orgánico del Consejo.

Por ello, prácticamente desde entonces, el Pleno de la institución inició los trabajos preparativos del mencionado Reglamento, que culminaron con la reunión del 3 de septiembre de aquel año; el Reglamento fijaba ya la sede oficial del Consejo en la ciudad de Zamora, elevando a nivel normativo un compromiso de carácter político.

En tanto se dispuso de sede en la ciudad del Duero, las dependencias del Consejo estuvieron ubicadas en Valladolid, en unas oficinas de la Junta en la calle Duque de la Victoria.

Los primeros miembros

Durante 2003 tomaron posesión de sus cargos los primeros miembros del Consejo, quedando configurado, a partir de los plenos celebrados el 5 de mayo, en que se eligió a su presidenta, María José Salgueiro, y 12 de junio, en que se nombró al secretario general, Jesús Besteiro; los primeros integrantes fuero, además, Manuel Estella, Javier Fernández Costales, José C. Nalda, Antonio P. Solano y Jesús Quijano.

En el año 2006, tras la formalización de un contrato de arrendamiento en Zamora y las necesarias obras de adaptación para el correcto funcionamiento de los servicios, se inició la actividad con total normalidad en Zamora.

Fue concretamente el 17 de julio cuando arrancó la actividad en su nueva sede zamorana, en la calle Ramos Carrión un año después, tras la renuncia de María José Salgueiro como consejera, asumió la presidencia en funciones Manuel Estella; el 25 de octubre de 2007 en el Pleno del Consejo fue elegido presidente Mario Amilivia, quien tomó posesión del cargo el 7 de noviembre.

En 2009 se cumplió el primer mandato de seis años de la institución y posteriormente la Ley 5/2011 redujo de cinco a tres el número de consejeros electivos e introdujo limitaciones en el mandato de los consejeros natos.

Desde el punto de vista de su funcionamiento, a partir de entonces el Consejo Consultivo ha visto incrementadas sus competencias, por ejemplo para poder elaborar, a solicitud de la Junta, estudios, informes, propuestas o dictámenes sobre asuntos relacionados con el cumplimiento y desarrollo del Estatuto de Autonomía.

También, en virtud de la citada ley y en la línea del resto de los consejos consultivos del país, se estableció una cuantía mínima de 1.000 euros para el dictamen de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial que se tramiten por la Junta y por las Administraciones Locales.

Segundo mandato

El 6 de marzo de 2012 se inició el segundo mandato del Consejo tras la toma de posesión de los consejeros: Mario Amilivia, repitiendo como presidente, e incorporándose el catedrático Fernando Rey y el abogado Angel Velasco. Asimismo permanece José C. Nalda como consejero nato.

Además, en 2012 se incrementó el trabajo de la institución ya que la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, creó el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León como órgano administrativo competente para el conocimiento y resolución de los recursos especiales en materia de contratación y de las cuestiones de nulidad contractual de acuerdo con la legislación de contratos del sector público y las directivas comunitarias aplicables.

El Tribunal, que aprobó 31 resoluciones durante el año pasado "y que ve cómo su trabajo se va incrementando progresivamente", fue adscrito por la mencionada ley al Consejo Consultivo, sin ningún incremento de gasto público, de modo que el presidente, los consejeros electivos y el secretario general son, respectivamente, presidente, vocales y secretario del Tribunal.

En el mes de septiembre del año pasado se produjo el traslado del Consejo a su sede definitiva en Zamora, en la plaza de la Catedral.