La Junta reconoce por Ley los derechos de los emigrantes y las ayudas para su retorno a la Comunidad

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado el Proyecto de Ley de la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el exterior que garantiza a los castellanos y leoneses que residen en el exterior el acceso a sus derechos, promueve las condiciones necesarias para facilitar su retorno y posterior integración en la sociedad, y regula las comunidades castellanas y leonesas asentadas en el exterior.

Así lo ha anunciado el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, quien ha detallado que el objetivo del proyecto de ley, contemplado en su título preliminar, es garantizar el acceso a los derechos, facilitar su retorno y posterior integración en la sociedad de Castilla y León y regular las comunidades castellanas y leonesas en el exterior y sus federaciones.

La futura ley reconoce el origen castellano y leonés a los ciudadanos que residan fuera de la Comunidad que hayan nacido en Castilla y León, o que al menos durante diez años continuados hayan residido en la Comunidad, o que sean descendientes de los anteriores. Asimismo, el proyecto de ley reconoce como castellanos y leoneses en el exterior a aquellos españoles residentes en el extranjero que hayan tenido la última vecindad administrativa en Castilla y León así como a sus descendientes.

El proyecto de ley "garantiza" a estos ciudadanos el derecho a participar en la vida social y cultural de la Comunidad, facilitando su conocimiento de la organización territorial, funcionamiento institucional, estructura económica y social, demografía, naturaleza y cultura de Castilla y León, así como de sus valores esenciales. Además, en el texto se recoge la garantía de su derecho a participar en la vida pública y en la vida política de Castilla y León.

Por ello, los poderes públicos "deben facilitar" a estos ciudadanos la participación efectiva en los asuntos de Comunidad a través del ejercicio de los derechos que les correspondan en las elecciones legislativas, deben facilitar su derecho a presentar iniciativas legislativas en las Cortes de Castilla y León, el acceso al Procurador del Común o a presentar peticiones a las instituciones y Administraciones Públicas.

A su vez, el proyecto de ley reconoce el modelo de Gobierno Abierto como cauce de participación en las decisiones políticas, o en el desarrollo de iniciativas compartidas, así como instrumento de información sobre las tareas, gestión y planes de actuación del Gobierno autonómico.

De Santiago-Juárez ha destacado que para la Junta de Castilla y León resulta un objetivo prioritario facilitar tanto el retorno a la Comunidad de aquellos ciudadanos castellanos y leoneses que lo deseen como su integración social y laboral en ella. Entre otras cuestiones dirigidas a los emigrantes retornados, la futura ley establece que con carácter general no se exigirá el requisito de residencia previa mínima en la Comunidad a los emigrantes o retornados en el acceso a prestaciones y servicios, cuyo fin sea la integración socioeconómica, educativa o cultural.

Otros acuerdos

El Consejo de Gobierno ha aprobado subvenciones por importe de más de 798.400 euros para financiar programas dirigidos a proteger, atender e insertar social y laboralmente a menores y jóvenes de la Comunidad procedentes del sistema de protección o que hayan cumplido alguna una medida judicial. El pasado año se beneficiaron de estos programas aproximadamente 2.000 menores.

Además, el Consejo de Gobierno ha autorizado destinar 1.100.000 euros para la celebración de 'Credo' la XVIII exposición de Las Edades del Hombre que tendrá lugar en la localidad abulense de Arévalo, desde el 21 de mayo hasta el mes de noviembre de 2013, y cuya organización y desarrollo realiza la Fundación Las Edades del Hombre, en colaboración con la Junta de Castilla y León. Esta cuantía también servirá para la celebración del XXV aniversario de la primera exposición de las Edades del Hombre que tuvo lugar en Valladolid.

También se han aprobado subvenciones por importe de más de 798.400 euros para financiar programas dirigidos a proteger, atender e insertar social y laboralmente a menores y jóvenes de la Comunidad procedentes del sistema de protección o que hayan cumplido alguna una medida judicial. El pasado año se beneficiaron de estos programas aproximadamente 2.000 menores.