Patente de clase política

Durante toda la Edad Media e incluso en buena parte de la Edad Moderna, los monarcas y los alcaldes de algunas ciudades marítimas solían otorgar un documento oficial a ciertos propietarios de navíos para que pudiesen atacar barcos y poblaciones de las naciones o de las ciudades enemigas. Se llamaba Patente de Corso

El dueño o capitán del navío, podía  mostrar el documento al ejército enemigo, en caso de ser capturado, y solicitar ser tratado como prisionero de guerra, en lugar de como pirata, evitando así ser colgado. La patente permitía a su propietario ascender al grado de corsario y sentirse miembro de la marina real. Y por último, podía mostrar su patente y utilizarla como reclamo para el reclutamiento de la tripulación.

Por su parte, la nación o ciudad podía controlar de cierta manera al propietario. Tenía derecho a parte de los beneficios obtenidos y podían alegar frente a terceros que las acciones realizadas, eran obra de piratas ajenos a su voluntad.

Según la historia, las patentes de corso, tal como estaban configuradas, fueron abolidas por el Tratado de París en 1856. 

Según mi modesta opinión, las patentes de corso tal como estaban configuradas, sí fueron abolidas, pero otro tipo de patentes siguen vigentes en el año 2013 y se llaman Patentes de Clase Política.

Si el Sistema le ha otorgado a usted la patente de clase política, olvídese de preocupaciones, formará usted parte de un club de privilegio, ascenderá a un grado, que le permitirá enarbolar su bandera, sin temor alguno al error, al saqueo o al dispendio. 

Además podrá usted utilizar los fondos de la nación como si fuesen suyos y con total discrecionalidad.

Si usted es cogido por las naves enemigas de la justicia, le muestra su patente de político a cualquier juez y ya no será tratado como pirata de a pie, sino como alguien perteneciente a un status especial de aforamiento.

Antes, las naciones controlaban a los corsarios; tenían derecho a parte de los beneficios obtenidos y podían alegar frente a terceros que sus acciones eran desconocidas por ellos. 

Ahora, los partidos políticos controlan a sus corsarios, tienen derecho a parte de los beneficios obtenidos y pueden alegar frente a los jueces que esas acciones son totalmente desconocidas para ellos. Y cuela.

No voy a seguir, pero pónganle ustedes un poco de imaginación, comparen las patentes y díganme cuántos corsarios hay hoy en España surcando los mares de la vida pública.