El PSCL ve "con buenos ojos" la propuesta andaluza sobre los desahucios y estudia plantear medidas similares

El PSOE de Castilla y León ve con buenos ojos la normativa contra los desahucios aprobada por la Junta de Andalucía, que prevé expropiar a los bancos el uso de las viviendas hasta un máximo de tres años para evitar el desalojo de sus inquilinos, y no descarta impulsar alguna medida de este tipo en la Comunidad.

Así lo ha señalado la viceportavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, Ana Redondo, quien ha explicado que habría que esperar para ver en qué sentido responde el Gobierno central, pues puede recurrir ante el Tribunal Constitucional la aprobación del decreto andaluz y paralizarlo.

Ana Redondo se ha mostrado partidaria de "defender tajantemente a los ciudadanos ante la injusticia radical y el drama que generan los desahucios", ya que existe un "absoluto desequilibrio" entre lo que se exige a los hipotecados y a las entidades financieras.

El Grupo Socialista estudia ahora plantear en las Cortes alguna propuesta de estas características. En este ámbito, Redondo ha recordado que su partido ya presentó una iniciativa parlamentaria "mucho más modesta" que la norma aprobada en Andalucía. 

Fue en el Pleno del pasado 6 de marzo cuando los tres grupos políticos aprobaron por unanimidad parte de una Proposición No de Ley (PNL) presentada por los socialistas a través de la que se solicitaba a la Junta que instara a la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) a promover la adhesión de ayuntamientos al convenio para el Fondo Social de Viviendas en Alquiler ante el "drama" de los desahucios.

El Grupo Parlamentario Popular apoyó dos apartados de los cuatro que detallaba la propuesta socialista y ambos referidos a la FRMP, ya que también se urgía a la Federación a promover en el plazo "más breve posible" a la supresión cautelar de las liquidaciones del impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana a los sujetos pasivos en los casos de dación en pago y ejecución hipotecaria de vivienda única y habitual.

Sin embargo, finalmente no salió adelante la intención del PSOE de que las Cortes trasladaran al Gobierno central su apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular sobre la regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social presentada en las Cortes generales, ni impulsar la paralización de las relaciones con aquellas entidades financieras donde se sigan realizando alzamientos.

"La respuesta debe ser nacional" 
Por su parte, el Gobierno de Mariano Rajoy va a estudiar el encaje legal de la decisión de la Junta de Andalucía, pero ha avanzado que la respuesta a este drama social ha de ser "nacional".   

Así lo ha puesto de manifiesto el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso al ser preguntado sobre si el Gobierno se plantea recurrir ante el Tribunal Constitucional esa medida.   

Gallardón ha comenzado dejando claro que aún no se tiene todavía conocimiento oficial de la propuesta andaluza y que, por lo tanto, hasta que no esté "formalmente" aprobada y publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, "lógicamente" el Ejecutivo sólo podrá tener "una actitud de estudio", que es en lo que está ahora.  

"El Gobierno va a estudiar el encaje legal de esa medida y cuáles son sus hipotéticos efectos -ha aseverado el ministro--. Y lo vamos a hacer con toda la seriedad que merece el asunto y desde la consideración que es importante".   

En todo caso, Gallardón ha recordado que en estos momentos el Gobierno y todos los grupos parlamentarios están "dando respuestas" a un problema "que viene de antiguo", pero que afecta a "muchos" españoles y que se ha "agravado" como consecuencia de la situación económica.   

Según ha defendido, el Ejecutivo "desde luego" cree que la solución que se adopten para hacer frente a esta cuestión deben ser medidas con una cobertura legal y que afectan "a todos los ciudadanos españoles".   

"No creemos que éste sea una problema cuya solución pueda ser sectorializada en sus respuestas por carácter territorial desde sólo aquellas comunidades que puedan o quieran abordarlo, sino que la respuesta debe ser para la totalidad de los ciudadanos españoles al margen de la autonomía en la que vivan", ha recalcado.   

En el caso de que la iniciativa andaluza fuese legal, se le ha preguntado al titular de Justicia si el Gobierno se plantearía extenderla a todas las comunidades. A este respecto, Gallardón ha respondido en que el Congreso está tramitando una respuesta "de carácter nacional, que afecte a todos". "Todos los españoles deben tener los mismos derechos y, por tanto, la respuesta que se dé a un problema que es nacional tiene que ser nacional", ha concluido.