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Plan contra el fraude fiscal de la Administración regional para 2013

La Junta inspeccionará las declaraciones de los contribuyentes de la región acogidos a la amnistía fiscal

La Junta inspeccionará las declaraciones de los contribuyentes de la región acogidos a la amnistía fiscal

La Consejería de Hacienda vigilará la aplicación de los impuestos medioambientales y analizará la valoración de los inmuebles

sábado 30 de marzo de 2013, 14:12h
La Consejería de Hacienda, que dirige Pilar del Olmo, analizará las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de los contribuyentes de Castilla y León que se han acogido a la regularización fiscal especial del Estado, para evaluar si tienen alguna incidencia en los tributos cedidos que gestiona la Junta. Se trata de la principal novedad del Plan de Control Tributario para 2013, que también prevé comprobar la correcta liquidación de los impuestos propios y evaluar el efecto de los cambios metodológicos en la valoración de bienes, según han informado fuentes de la Consejería.

La Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica de la Consejería de Hacienda elabora anualmente un Plan de Control Tributario, que recoge las prioridades de la Junta en materia de lucha contra el fraude fiscal. Este documento no sólo define las áreas de riesgo donde debe actuar el Gobierno de la comunidad, sino que al mismo tiempo incluye medidas para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones en relación a los impuestos.

El plan tiene carácter reservado, de acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria de 17 de diciembre de 2003. Ahora bien, sus líneas esenciales se resumen en unas Directrices Generales que se dan a conocer a través del Boletín Oficial de Castilla y León. Las correspondientes a 2013 se publicaron el pasado 18 de marzo, una vez se adaptó su contenido -como es preceptivo- a lo establecido en las del Estado, que se divulgaron seis días antes en el BOE (en concreto, el 12 de marzo).

La novedad fundamental del Plan de Control Tributario de la Junta para este ejercicio se enmarca, precisamente, en la colaboración con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT). De hecho, este organismo prevé poner a disposición de las comunidades autónomas la información que obtenga de los procesos de regularización voluntaria en el IRPF, cuando sea de interés para la gestión de los tributos cedidos. Esto supone que la Junta podrá analizar los datos de los contribuyentes de Castilla y León que se hayan acogido a la última declaración tributaria especial, con el fin de comprobar si existen hechos imponibles no declarados en los impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre el Patrimonio.

En segundo lugar, la Consejería de Hacienda prestará atención a los dos tributos propios de la comunidad, es decir, al Impuesto sobre la Afección Medioambiental causada por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión (IAM), y al Impuesto sobre la Eliminación de Residuos en vertederos (IER).

En este campo la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica, que tiene al frente a José Agustín Manzano, continuará con las iniciativas de comprobación de la adecuada liquidación de los hechos imponibles. Para ello se utilizarán los censos sobre los sujetos pasivos sometidos al IAM y el IER, que se han elaborado durante 2012.

Valoración de los inmuebles

Por último, la Junta evaluará por primera vez los resultados de la aplicación de la nueva metodología de estimación de los valores de los inmuebles diseñada durante 2012. Para ello utilizará los datos proporcionados por la Dirección General del Catastro, que ha ofrecido a las autonomías la posibilidad de utilizar una herramienta común. Con respecto a los precios medios de mercado, conviene destacar que en 2013 se ha aplicado una rebaja del 14% a los módulos generales, tanto de suelo como de construcción, que determinan la valoración de los bienes inmuebles urbanos. Este descenso se une al del 6% que se efectuó en el año 2012 respecto al ejercicio 2011.

Junto a esto, el área que dirige Pilar del Olmo continuará con su objetivo de incrementar el número de actuaciones orientadas a detectar y perseguir el fraude fiscal, de modo que se identifiquen y sancionen los incumplimientos en la obligación de declarar y la deslocalización fraudulenta por motivos fiscales. Para ello se intensificará la cooperación con otras administraciones, y fundamentalmente con la AEAT.
 
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