El TSJCyL obliga a la Junta a reponer permisos del personal laboral a 17.000 empleados

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSCyL) obliga a la Junta a reponer las licencias y permisos del personal laboral que suspendió con la aplicación del Decreto del 13 de julio para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de competitividad y que se tradujo, como ha informado UGT, en la reducción y eliminación de permisos por enfermedad de familiares, para exámenes, días de traslado o reducción de jornadas y que afecta a 17.000 trabajadores.

La secretaria general de FSP-UGT Castilla y León, Carmen Amez, acompañada José Miguel García Álvarez, responsable del sector autonómico de FSP-UGT, han explicado esta sentencia comunicada por el TSCyL el pasado 13 de marzo y que, como han destacado, "reconoce la fuerza vinculante del convenio colectivo negociado y pactado con las centrales sindicales frente al criterio unilateral de la administración".

En concreto, Amez ha explicado que en 13 de julio de 2012 la Junta "de forma unilateral" modificó por Decreto el Estatuto Básico del Empleado Público que afectaba a los artículos 48 y 50 relativos a los permisos y vacaciones de los funcionarios públicos, un documento que fue recurrido por UGT el 14 de febrero de 2013.

El Decreto de la Junta afecta a 17.000 empleados laborales de la Administración laboral y suspendía los permisos por hospitalización de familiares, por exámenes oficiales, por labores sindicales, vinculados a situaciones de violencia de género o por mudanza y aquellas solicitudes de reducción de jornada para aquellos trabajadores con incapacitados a su cargo.

Ante esta situación, el sindicato insistió en que esta decisión atentaba contra el convenio colectivo vigente, una situación que finalmente ha sido corroborada por el TSJCyL con su sentencia en la que cabe recurso, una opción que, según los datos del sindicato, estudia la administración regional.

Como ha explicado Amez con este Decreto la Junta aprovechó la aplicación del nacional para "ir más allá" e incrementar los "recortes" en la Comunidad a pesar de que la Junta crece de competencias para regular estos derechos laborales

El personal afectado por esta medida afecta a 3.892 trabajadores de la Consejería de Educación, 5.383 de otras áreas; 5.631 de Sanidad y Familia y 2.108 de Sacyl.

Recurso de la Junta

La viceconsejera de Función Pública y Modernización, Rocío Lucas, ha anunciado que la Junta presentará un recurso de casación a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que anula la suspensión del artículo 77 del Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Administración General relativo a licencias y permisos.

En concreto, Lucas ha recordado que el Real Decreto del 13 de julio de 2012 adaptaba la normativa regional a la Estatal que dejaba en "suspenso" todos los acuerdos y convenios colectivos en lo referente a las licencias y permisos del personal laboral.

Por último, la viceconsejera de Función Pública ha garantizado que la aplicación del citado artículo 77 se pactará con los sindicatos, ya que es uno de los puntos abordados en la mesa de la Función Pública cuya última reunión se produjo el pasado viernes.