González, contrario a la reprobación de López, advierte que también se podría hacer lo mismo con Milagros Marcos

El portavoz del Grupo Mixto en las Cortes de Castilla y León, José María González, se ha mostrado este lunes en contra de la reprobación del su homólogo del PSCL, Óscar López, pese a su criticada gestión de la moción de censura presentada en Ponferrada (León) y, en cualquier caso, ha advertido de que por la misma regla de tres también la propia consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, tendría también que ser reprendida en sede parlamentaria.

Lo que ha dejado bien claro el a su vez coordinador regional de IU es su negativa a "entrar en el juego" del PP, que la pasada semana anunció la presentación de una declaración institucional en la Comisión de Familia e Igualdad para lograr la reprobación de López y su cese como portavoz socialista en las Cortes, ante la convicción de que "con la que está cayendo hay cosas mucho más importantes como dar respuesta a los problemas de los ciudadanos".

Desde el "desacuerdo total" con lo realizado por el PSCL en Ponferrada, donde, en opinión de González, ha posibilitado un cambio de gobierno en el Ayuntamiento apoyado en el voto de un condenado por acoso sexual, el portavoz del Grupo Mixto, en declaraciones recogidas por Europa Press, considera zanjada la polémica y se siente satisfecho con el reconocimiento del error por parte de los socialistas.

"A mí me sirve y me basta con que la Ejecutiva Autonómica haya asumido que lo ha hecho mal", ha insistido el político, quien por ello asegura no entender la petición del PP para que se repruebe a López y se le aparte de la portavocía.

De hecho, y por la misma regla de tres, González ha recordado al PP que también podría plantearse idéntica situación en el caso de la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, "que durante el último año ha tomado distintas decisiones que han llevado al cierre de casas de acogida de mujeres que sufren la violencia de género".

Enmienda a la totalidad

El Grupo Mixto en las Cortes de Castilla y León presentará una enmienda a la totalidad y otras ochenta y cuatro parciales al Proyecto de Ley por el que se modifican la organización y funcionamiento de las instituciones de la Comunidad, al considerar que tanto PP como PSCL pretenden con ello eludir el "control" y la "fiscalización" que tales órganos realizan de las actuaciones administrativas y burocráticas de las distintas administraciones.

Las enmiendas anunciadas por González pretenden preservar precisamente esa capacidad de control que realizan el Consejo Consultivo, el Consejo de Cuentas, el Consejo Económico y Social (CES) y el Procurador del Común, algo que en el caso de las dos primeras instituciones, tal y como ha denunciado, ya sufrió una importante merma desde el punto de vista de su capacidad fiscalizadora con motivo de la reducción aplicada a su número de integrantes.

Esa pérdida de control, en opinión del líder de IU, se produciría de "entrada y de salida", en el primer caso referido al Consejo Consultivo y al CES, ya que tienen por cometido informar sobre las decisiones administrativas del Gobierno antes de la presentación de un proyecto de ley que tenga que ver con la legislación de Castilla y León o con la materia socioeconómica, respectivamente, y en el segundo caso porque afectaría a la labor del Procurador del Común y del Consejo de Cuentas, que fiscalizan la salida de aquellas decisiones administrativas y financieras adoptadas por las distintas administraciones de la Comunidad.

Quiebra democrática

Por ello, González ha expresado su frontal oposición a una reforma de estas cuatro instituciones que supondría su "absoluta desnaturalización, una quiebra democrática y una falta de respeto institucional", cuando además, ha apostillado, todas ellas se encuentran perfectamente definidas en el Estatuto de Autonomía y deben regirse por una ley propia.

Pero además, el procurador del Grupo Mixto ha criticado con dureza dicho proyecto de ley por cuanto, según su criterio, "interfiere gravemente la capacidad de autorregulación de las Cortes", en referencia a que la nueva reglamentación propuesta prevé la creación de una Secretaría General que desde el Parlamento autonómico, "de forma arbórea", ejercerá un control sobre esas cuatro instituciones, y ello a pesar de que "el Ejecutivo no debe interferir nunca en la reglamentación del Legislativo".