Más de 500 familias acuden al servicio regional contra los desahucios

Más de 500 familias de Castilla y León ha pedido apoyo del programa de atención integrada para familias en riesgo de desahucio puesto en marcha por la Junta de Castilla y León, tal y como ha informado este lunes la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos.

Durante su visita a Salamanca, donde ha participado en la Comisión de Familia y Políticas Sociales del Partido Popular de Salamanca, ha destacado que este proyecto es "pionero" y que trata de ser una actividad "preventiva" para ciudadanos que se encuentren en una fase previa al proceso de alzamiento de su vivienda.

Milagros Marcos ha explicado que la iniciativa se divide en tres fases, dependiendo de la situación en la que se encuentren los solicitantes de ayuda. La primera es para familias que se encuentren "en riesgo". En este nivel, por ejemplo, se les asesora para evitar el sobreendeudamiento.

La segunda fase es la de intervención, en la que se negocia con las entidades financieras (hasta el momento son once las que se han adherido al programa) para evitar el alzamiento del hogar cuando ya hay impago.

Y el tercer paso, al que llegan algunos de los solicitantes, es el de carácter paliativo cuando ya se ha perdido la vivienda. En este nivel la Junta colabora con organizaciones como Cruz Roja y Cáritas para que los afectados tengan "una alternativa".

Milagros Marcos ha recordado que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades tiene en activo el número de teléfono 012 para aquellos castellanos y leoneses que se encuentren en dificultades de este tipo.

Además, ha insistido en la importancia de dar aviso con premura y "activar el protocolo de trabajo" antes de pasar a fases ya de impagos, porque ayuda a encontrar soluciones que eviten el desahucio.

Otros asuntos

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha recordado también otras medidas puestas en marcha por la Junta de Castilla y León como la Renta Garantizada de Ciudadanía, de la que hacen uso cerca de 10.000 personas.

En cuanto al Decreto de Precios Públicos, ha señalado que su modificación ha ayudado a que todos los ciudadanos tengan facilidades a acceder a los servicios sociales de la Junta, provocando que los que menos capacidad económica tienen puedan contar con las prestaciones al más bajo precio.

No obstante, ha reconocido que el decreto supone por otra parte que los ciudadanos con mayor poder adquisitivo tengan ahora que pagar más que en un pasado por el mismo servicio. Una medida "para que todo el mundo pueda adquirir los servicios", ha añadido.