Marcos pide simplificar la Dependencia e incorporarla al modelo de financiación de las comunidades

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, ha reclamado al Gobierno central que se simplifique el sistema de Dependencia para destinar los "escasos" fondos que llegan del Estado a la atención y no a la gestión y e incorporarla al modelo de financiación de las comunidades autónomas con el fin de lograr su estabilización.

Marcos se ha expresado así en el marco de una comparecencia en las Cortes de Castilla y León para hacer un balance de la aplicación de la Ley en los últimos seis años, en los que ha afirmado que se ha dado una respuesta "ágil" a las cuestiones planteadas, la adaptación de recursos y la apuesta por la "calidad".

En este contexto, la consejera ha asegurado que en los últimos seis años se ha exigido de forma permanente al gobierno criterios comunes para la aplicación de la Ley y financiación suficiente por parte del Estado, ya que ésta no es la que estaba prevista cuando se aprobó, ya que debía de ser por parte de la Comunidad al menos igual que la de la Administración General del Estado, cuando la Junta costea en realidad el 80 por ciento.

Así, ha afirmado que se insistirá en reclamar al Gobierno central, por un lado, que se simplifique el sistema "para destinar los escasos fondos que llegan del Estado a la atención de las personas dependientes y no a la gestión".

De la misma forma, ha asegurado que insistirá en pedir que se estabilice la financiación "incorporando al modelo de financiación de las comunidades autónomas la financiación de la Ley de Dependencia".

A este respecto, Milagros Marcos ha asegurado que "no es razonable" hacer nuevas leyes que compliquen "aún más" e impidan la gestión "ágil y rápida" y la incorporación permanente de mejoras, por lo que ha señalado que quieren que la atención a las personas dependientes se incluya "como financiación garantizada en el modelo de financiación estatal" que Castilla y León quiere que se revise.

Revisión del modelo

"Insistiremos para que en la revisión del modelo se contemple la atención a las personas dependientes", ha dicho la consejera, quien ha invitado a los grupos parlamentarios a sumarse a esta propuesta a la que ha recordado que no han querido sumarse en otros momentos el resto de formaciones políticas pero considera que es "la única forma" de evitar que lo que se pretendía concebir como un derecho hace seis años siga como lo está aún "al albur de los presupuestos de cada año".

Precisamente ha recordado que la diferencia entre lo que aporta la Administración del Estado y lo que debería haber aportado a Castilla y León entre 2008 y 2011 asciende a 457 millones de euros, mientras que en 2012 se destinaron por parte de la Comunidad 397,5 millones y se recibieron 103,1, es decir, se adeudarían 147,2 millones.

La consejera ha aseverado que "sin garantía financiera no hay derecho" por muchas leyes en que se escriba, por lo que ha pedido que no haya más normas sin respaldo presupuestario o que confundan y ha rechazado la "demagogia" frente al compromiso con los dependientes, en referencia a la proposición socialista de elaborar una ley de dependencia propia en Castilla y León.

Además considera que impediría mejoras al tratarse de un texto legislativo, ya que en la Comunidad se han tenido que realizar 25 modificaciones en los seis años de vigencia de la Ley de Dependencia para introducir mejoras o adaptarlas a los acuerdos nacionales o a la regulación estatal.

Propuestas imposibles de alcanzar

Asimismo, cree que además se plantean propuestas "injustas o imposibles de alcanzar" y sin respaldo presupuestario que, a su juicio, pueden poner en riesgo los avances que durante años se han conseguido.

A lo largo de su comparecencia, la consejera ha detallado la aplicación de la ley durante los seis últimos años, las decisiones y adaptaciones que se han llevado a cabo a lo largo de este tiempo para desarrollar la normativa en la Comunidad.

Como características de la aplicación, Marcos ha señalado en primero lugar la "respuesta ágil" que se ha dado a las cuestiones planteadas, mediante un desarrollo normativo "rápido y eficaz" que, en ocasiones, "ha subsanado carencias estatales" o ha introducido mejoras y ha acortado plazos en el procedimiento.

Por otra parte, ha destacado los nuevos instrumentos que se han desarrollado en la Comunidad que, ha afirmado, han permitido potenciar la agilidad, como el acceso unificado a los servicios sociales o el desarrollo de una aplicación informática única para el sistema.

En la misma línea, ha señalado que se han adaptado los recursos existentes y se ha ampliado con más de 500 nuevos profesionales la atención y se ha hecho una apuesta clara por los servicios de calidad frente a prestaciones "meramente económicas y un modelo de subsidios" y como ejemplo ha puesto el hecho de que en circunstancias de necesidad las personas valoradas con Grado I puedan recibir atención residencial, posibilidad que no reconoce la normativa estatal.

Así, ha indicado que actualmente hay más personas que reciben prestaciones en relación a la población, proporcionalmente hay menos personas con derecho a prestaciones que se encuentran pendientes de que les sean concedidas y Castilla y León es una de las comunidades "que más servicios proporcionan con relación al número de personas dependientes", pero además ha afirmado que es la Comunidad que más empleo tiene vinculado a la dependencia en función de la población y la que más invierte por habitante y año.

Marcos ha añadido que se ha llegado ya a una atención plena a las personas con gran dependencia y dependencia severa y están ya atendido el total de personas previsto para 2015, cifra que era de 55.000 personas y ya hay 57.000 con derechos.

La consejera considera que la aplicación de la Ley en Castilla y León es "ágil", se encuentra en constante proceso de mejora y tiene "rigor y calidad" como asegura que lo avalan los datos del Sistema de Información de Atención a la Dependencia, así como los dictámenes de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.

Críticas de la Oposición

El Grupo Parlamentario Socialista ha criticado los recortes en Dependencia que se han producido en la Comunidad, que ha cifrado en 58 millones de euros menos, y ha manifestado su preocupación por el futuro ante la posible privatización de esta materia en Castilla y León, donde el Grupo Mixto considera que el PP y la Junta pretenden "cargarse" esta Ley.

Así se han expresado los portavoces de los grupos en la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades, donde la consejera, Milagros Marcos, ha realizado un balance de la aplicación de la Ley de Dependencia en los últimos seis años.

El portavoz socialista en la Comisión, Jorge Félix Alonso, ha criticado que el PP haya tratado descalificar una ley que puso en marcha un gobierno del PSOE para después ejecutar "brutales recortes" y haya reducido el número de personas que reciben prestaciones en más de 300 personas en los últimos meses.

Alonso ha indicado que cuando gobernaba el PSOE el número de personas beneficiarias de la ley crecía a un ritmo de 12.000 personas y ahora no sólo deja de crecer sino que además reduce el número de personas que son atendidas, sobre todo entre los "más graves", ya que asegura que más de 1.000 personas dependientes de Grado III han visto reducida su atención.

Sin embargo, lo que "preocupa", ha explicado el portavoz socialista, es "qué pasará con la ley en el futuro", ya que considera que además de los recortes los expertos aseguran que el PP "apuesta" por el sistema privado. "Preocupa que se tienda a privatizar, lo que excluirá a los que más lo necesitan", ha añadido Alonso.

A su juicio, el recorte que se ha producido en los presupuestos en materia de Dependencia se ha "traducido" en lo que se "conoce" como quejas al Procurador del Común, falta de plazas en residencias o una reducción del empleo en la ayuda a domicilio, entre otras cuestiones, ha indicado Jorge Félix Alonso.

Por todo ello, ha reclamado que se explique qué se va a hacer a partir de este momento porque considera que hay un "grave riesgo" de que la Dependencia deje de ser lo que inicialmente se había pretendido.

Además, ha criticado que la Junta de Castilla y León sólo cuente "lo que interesa" de informes como el de la Asociación de Directivos y Gerentes de Servicios Sociales, pues ha incidido en que una cosa es el número de personas a las que se les ha comunicado una prestación y otra las prestaciones en sí, algunas de las cuales ha advertido de que están "sin pagarse" desde abril del año pasado.

"Lo importante no es que digan que hay un derecho, sino poder ejercerlo", ha asegurado el socialista, quien cree que si no hubiera malestar ante la atención que se presta, las quejas no trascenderían.

"Se recorta más y mejor"

Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto y coordinador de IU en la Comunidad, José María González, ha asegurado que el objetivo de la consejera en su comparecencia ha sido hacer ver que en Castilla y León "se recorta más y mejor" y a la vez se hace "con más tacto y se vende cien veces mejor que en cualquier otro sitio".

El portavoz del Grupo Mixto ha augurado que seguirán los recortes y se derivará dinero a empresas privadas, con lo que se olvidará el objetivo de la Ley de Dependencia porque la Junta "nunca ha querido aplicarla".

Además, González ha acusado a la Junta de aprovechar la falta de financiación para "seguir vendiendo el cargarse la ley en esta Comunidad" porque considera que, de lo contrario, lo que debería hacer el Gobierno autonómico es establecer un sistema tributario que la financiara.

Así, ha abogado por cambiar un sistema fiscal porque ahora no pagan los que más tienen, por lo que considera que así es "difícil avanzar".

Frente a estas críticas, la portavoz del Grupo Popular, María Luisa Álvarez Quiñones, ha mostrado el compromiso del PP con la Ley de Dependencia y ha apoyado las reivindicaciones de la Junta por un modelo de financiación "justo y adecuado" a las necesidades de la población de Castilla y León "hoy en día y en el futuro".

Álvarez Quiñones ha asegurado que si hay una financiación insuficiente de la Dependencia, como es el caso, se reivindicará una suficiencia económica al Gobierno, "esté quien esté" y lo "ocupe quien lo ocupe".