Del Olmo demanda financiación adicional en caso de que las Comunidades tengan que asumir nuevas competencias municipales

La consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha advertido este viernes de la necesidad de contar con financiación adicional en el supuesto de que la Junta se vea obligada a asumir nuevas competencias municipales, en alusión al cambio que el departamento de Cristóbal Montoro pretende introducir en la reforma de la ley de gobierno local para que las comunidades autónomas pasen a ocuparse de determinados servicios municipales.

En ese caso, que abriría un periodo transitorio de cinco años para que las comunidades autónomas retomen competencias que han ido dejando en manos de los ayuntamientos, como la limpieza y mantenimiento de los centros de primaria o de las guarderías y los consultorios médicos, la titular de Hacienda castellanoleonesa ha reclamado la apertura de un proceso negociador a fin de estudiar el coste de las mismas y las contraprestaciones que percibirían las administraciones regionales.

De hecho, Del Olmo, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha recordado que el actual modelo de financiación no contempla la asunción de tales trasferencias y, por ello, ha insistido en la obligatoriedad de poner en marcha un "proceso transitorio" para que las CC.AA puedan "hacerse cargo de ellas con la financiación adecuada, ya que actualmente todos pasamos por dificultades".

A este respecto, la consejera se ha retrotraído a la pasada legislatura en la que con la anterior ley incluso se produjo un proceso a la inversa cuando la Junta pasó a hacerse cargo de las competencias en materia de hospitales psiquiátricos y conservatorios, "y la fórmula elegida entonces fue la constitución de una Comisión Mixta con el Gobierno de España para calcular los costes de esos servicios trasferidos y para llegar a un acuerdo económico", algo que, según ha vaticinado, dará lugar a unas negociaciones "costosas y dilatadas en el tiempo".

La consejera ha hecho estas declaraciones durante la inauguración en las Cortes las jornadas tituladas 'El esquema nacional de seguridad', organizadas conjuntamente entre la Junta y el Gobierno central, donde ha recordado la "apuesta decidida" de su departamento por "tener una administración cada vez más moderna y cercana al ciudadano", máxime en una Comunidad como Castilla y León, ha defendido, "con una gran superficie y un elevado número de municipios" en la que el uso de las últimas tecnologías para la tramitación administrativa se traduce en un considerable ahorro de tiempo y dinero.

Del Olmo ha recordado que la extensión de la administración electrónica, vía telemática o por Internet, en todos los trámites con la Junta de Castilla y León se traduce anualmente en un ahorro de 73 millones de euros para ciudadanos y empresarios, tal y como ha destacado hoy la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, quien por ello ha defendido la necesidad de seguir en la misma senda para potenciar y mejorar el sistema de transmisión de datos 'online' y, sobre todo, para garantizar la seguridad de los mismos.

La consejera de Hacienda ha puesto como ejemplo no sólo los 73 millones que ciudadanos en general y empresarios se ahorran anualmente en Castilla y León "con lo que ya existe de administración electrónica", al no tener ya que aportar en persona el DNI, la declaración de la renta u otros documentos, sino también los 650.000 desplazamientos menos que el contribuyente tiene que efectuar a las oficinas de la Junta o los 3 millones de ahorro para las arcas regionales por el simple hecho de no tener que notificar con acuse de recibo.

"Todos estos datos nos animan a seguir invirtiendo dinero y trabajo en la administración electrónica", ha incidido Del Olmo, quien, sin embargo, ha justificado jornadas como las que hoy se celebran en las Cortes bajo el título 'El esquema nacional de seguridad' en la necesidad de "garantizar la confidencialidad de los datos que el ciudadano aporta en su relación con la Administración regional".

Y es que, tal y como ha recordado, la Junta maneja un gran número de datos confidenciales de los ciudadanos que la obligan a ser escrupulosa en la transmisión de los mismos y a garantizar un "sistema telemático seguro" para evitar la acción de los 'hackers'.