Familias acampan en Valladolid ante entidades bancarias para protestar contra los desahucios

Una veintena de familias en riesgo de desahucio se ha apostado en tiendas de campaña ante distintas entidades bancarias, todas ellas ubicadas en la céntrica calle Santiago de Valladolid, con el fin de reclamar que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) admitida a trámite por la mesa del Congreso sea aceptada en sus tres ejes principales, la dación en pago, una moratoria de lanzamientos y el alquiler social.

La movilización, respaldada por el movimiento 15M y la plataforma Stop Desahucios, ha convertido la entrada de Caja España-Duero, Banco Santander, BBVA y Caja Laboral en improvisados campamentos donde han sido instaladas tiendas de campaña que ocupan algunas de las familias que tienen concertada hipoteca con estas cuatro entidades, a las que reclaman algún tipo de solución para evitar ser lanzadas de sus pisos y tener que seguir pagando lo que les queda de crédito.

En algunos de estos escenarios los participantes han dibujado en el pavimento, con cinta aislante roja, los contornos de figuras humanas sobre los que incluso se han colocado algunos jóvenes para simbolizar aquellos casos que se han saldado en los últimos meses con los suicidios de los afectados por desahucios, informa ep.

Cada uno de estos 'campamentos urbanos', todos ellos concentrados en la calle Santiago, a pocos metros unos de otros y ante las sedes de las referidas entidades, han contado con el apoyo de ciudadanos que se han sumado a la movilización, unos respondiendo así a la convocatoria del 15M y Stop Desahucios y otros a título particular.

Entre estos últimos, Esther, que incluso se ha apostado, megáfono en mano, tras una pancarta reivindicativa ante las puertas del Banco Santander, ha invitado a los transeúntes a que no se limiten a pasear y "cierren filas con los afectados, a los que se quiere arrebatar su propia dignidad", al tiempo que mostraba su incredulidad ante el actual contraste, en pleno siglo XXI, entre la situación en la que se encuentra "gentuza que se lucra con dinero de todos y aquellas personas que, en cambio, ven cómo están a punto de ser arrojadas de sus casas".

Entre los directamente afectados, Claudia, una joven colombiana concentrada ante Caja España-Duero, ha explicado la imposibilidad de afrontar hoy el pago de la hipoteca suscrita en su día con dicha entidad para los próximos treinta años debido a que en la actualidad su pareja se halla en paro y ella, con jornada reducida, percibe mensualmente 500 euros.

"La hipoteca inicial ascendía a 541 euros al menos y ahora, tras una rehipoteca, se ha disparado a los 1.000 euros", ha incidido esta colombiana residente desde hace doce años en Valladolid y nacionalizada española que, como así ha asegurado, ha tratado hasta ahora sin éxito de llegar a algún acuerdo con Caja España-Duero para que ésta se quede con la vivienda tras pagar religiosamente nueve años de hipoteca.

Pagar al banco o mantener a la familia

En idéntica situación, también pendiente de lo que decida Caja España-Duero, se encuentra Javier, en paro tras diecisiete años cotizando y que ha tenido que priorizar los 426 euros de ayuda que percibe actualmente para mantener a su mujer y sus dos hijos, de 4 y 1,5 años.

"Había que elegir entre dar de comer a mi familia o dar de comer al banco, y no he tenido más remedio que optar por la primera de ambas alternativas", ha justificado este joven, que ha reconocido que en el curso de las negociaciones con el banco se le ofrecieron dos años libres de pago a cambio de aceptar una elevación de dos puntos en el euribor, algo que también rechazó porque "ese plazo pasa muy rápido y la subida suponen 200 euros más al mes durante treinta años".

Por su parte, María Antonia, que ha instalado su tienda ante la oficina de Caja Laboral, ha denunciado la "estafa continua" que cometen las entidades financieras y que en su caso ha "costado la salud" de su hijo, ya desahuciado, y de ella y su marido, ya que ahora se les reclama la deuda como avalistas.

La mujer, que ha recalcado que permanecerá acampada "el tiempo que haga falta", ha explicado que la entidad ya lanzó el desahucio de su hijo y subastó la vivienda y de hecho ha reprochado que les llegó a pedir distintos pagos de dinero, "700 euros primero y 900 después", para evitar esa venta. Sin embargo, ahora Caja Laboral reclama a ella y su marido una deuda de "40.000 euros" que pretende que se dé por saldada, pues considera que la entidad ya "se ha lucrado" con la venta de la vivienda de su hijo.

Para el sábado, a partir de las 17.30 horas, está prevista una nueva movilización en la Plaza del Milenio a la que los convocantes esperan que se sumen los ciudadanos con el fin de exigir una solución para todas aquellas familias que pasan por dificultades para afrontar sus hipotecas y corren el riesgo de ser echados de sus casas.

El servicio de la Junta

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, ha asegurado este jueves que el Servicio de Apoyo Integral a las Familias en Riesgo de Desahucio de Castilla y León esta dando "muy buenos resultados", ya que "ha habido interlocuciones favorables", por lo que cabe pensar que la interlocución de este servicio con los bancos ha permitido evitar algún desahucio. La consejera ha recordado que ya se han gestionado 500 solicitudes y ha recordado que las personas afectadas pueden encontrar ayuda con sólo llamar al 112, un teléfono al que se puede acudir en el momento en el que las famillias encuentran las primeras dificultades para evitar así llegar al desahucio y buscar soluciones en las fases previas.

En este sentido y preguntada por las familias acampadas en Valladolid, Milagros Marcos ha insistido en que el servicio analiza caso por caso cada situación para buscar una salida personalizada, por lo que ha propuesto que se recurra al servicio para que preste la ayuda necesaria.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha calificado de "estupendo" al cambio de postura del Grupo Popular en el  Congreso de los Diputados que finalmente ha apoyado la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), ya que, a su juicio, lo importante es que se apliquen medidas desde todos los ámbitos  para evitar estos "dramas", medidas entre las que también se encuentra el Servicio Integral de Apoyo a las Familias en Riesgo de Desahucio, una iniciativa en la que Castilla y León fue pionera.